Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.
Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.
Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.
En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.
Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.
Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.
En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.
Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.
“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.
Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.
Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.
“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.
Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.
En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.
Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).
«La gobernadora que vaya a la Montaña para que le dé un poco el sol», gritó en un mitin afuera del Palacio de Gobierno Elvira García Rodríguez, quien encabezó un grupo de padres de familia y niños en una marcha de protesta para exigir maestros y clínicas de salud en sus comunidades, pertenecientes a Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero.
El grupo de más de 50 personas, entre menores de edad y adultos, caminó más de dos kilómetros. Después de la marcha a los niños se les pintron los cachetes de rojo por el sol.
«Aquí nos vamos a quedar, no importa que llueva o pegue más el sol», dijo García Rodríguez, quien se identificó como representante de los manifestantes.
Los pobladores de seis comunidades llegaron al Palacio de Gobierno, donde la puerta de acero estaba cerrada y tapizada con pancartas que colocó un grupo de militantes de la organización del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes desde hace dos días duermen ahí en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Los miembroa del FDP esperan una respuesta de la búsqueda de José Abundio Bolaños Calvario, habitante nahua del municipio de Chilapa, quien desde mayo del 2022 fue privado de su libertad por el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.
«Llegamos aquí porque dice la gobernadora que es la casa del pueblo pero está cerrada», dijo García Rodríguez al arribar junto con mujeres, niñas y niños a la puerta del edificio de la sede del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo de las protestas de afuera del Palacio, funcionarios estatales compartían en su cuenta personal de Facebook una fotografía.donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con gobernadoras de varios estados del país, entre ellas la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
Uno de los servidores públicos que compartió profusamente las imágenes de Salgado Pineda fue el delegado en la región Centro de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Suárez Martínez, un ex militante del desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y ahora de Morena.
«Siempre unidas», decía el encabezado de la fotografía con Sheimbaun Pardo tomada este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Aquí vamos a esperar a la gobernadora para ver si se le antoja recibirnos porque ya estamos cansados de las órdenes que da a sus funcionarios y no las cumplen», dijo García Rodríguez en el mitin.
Durante el trayecto de la marcha, un servidor público de nombre Rafael los conminó a no llegar a Palacio de Gobierno a cambio de ser atendidos por su jefe, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Pero los manifestantes rechazaron esa oferta y siguieron en la marcha que partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de Chilpancingo.
«Ya hemos tenido muchas reuniones con funcionarios como con el secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña) y no resuelven nada», dijo García Rodríguez.
Contó que en septiembre del 2022 Rodríguez Saldaña acudió a la comunidad de Dos Ríos y firmó una minuta de acuerdos que incluía la contratación de dos maestros y una maestra bilingües para escuelas de primaria y de preescolar.
Pero a la profesora, dojo, ya no le renovaron su contrato, lleva dos meses sin cobrar su salario.
Las personas que se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno provienen de las comunidades de Barranca Ocotera, Peña de Venado, Agua Azul, Dos Ríos, Guadalupe de la Joya, San Pedro y Río Encantador Chiquito.
En el 2022 habitantes de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande protestaron en Palacio de Gobierno para exigir maestros, construcción de escuelas y centros de salud.
«En aquella ocasión aquí estuvimos dos días en plantón y nos recibió la gobernadora, quien les dio instrucciones a los funcionarios que resolvieran nuestras demandas, pero todo sigue igual», recordó García Rodríguez.
En la minuta de acuerdos, dijo, fijaron el compromiso de la construcción de 20 escuelas en la región y el funcionamiento de los centros de salud con médicos y medicinas.
«Sabemos que la construcción de las 20 escuelas es un proceso lento, pero el asunto de los profesores si se puede resolver de manera inmediata pero no lo hacen», insistió García Rodríguez.
Debido a la falta de maestros más de 80 niños de preescolar y de primaria de estas comunidades están sin recibir clases.
No es la primera vez que pobladores de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande se trasladan a Chilpancingo a protestar para presionar a las autoridades a que cumplan con la ejecución de obras y dotación de servicios públicos.
En el 2021, habitantes de esa zona denunciaron que las familias de estas demarcaciones estaban incomunicadas debido a que el gobierno estatal dejó tirada la construcción de un puente llamado Río Víbora.
Por las protestas que realizaron los pobladores lograron que el gobierno estatal construya ese puente con una inversión de más de 14 millones de pesos.
Este puente va a comunicar a pueblos de Cochoapa el Grande con Ometepec, es decir, region Montaña con región Costa Chica.
«Uno tiene que venir aquí a Chilpancingo a protestar para que nos hagan caso y aquí nos vamos a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que la gobernadora nos reciba en audiencia», advirtió la representante.
Cochoapa el Grande es un municipio con los más bajos índices de desarrollo humano, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo).
En los casi dos años que lleva en el cargo Salgado Pineda, cuatro veces ha visitado algunos municipios de la Montaña y en dos de ellas acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos de los caminos artesanales.
En las dos visitas que la gobernadora ha realizado a la Montaña su traslado fue en helicóptero y son giras de «pisa y corre».
Luego del mitin, los manifestantes de Cochoapa cerraron dos horas la avenida Alejandro Cervantes Delgado.
El otro grupo de inconformes, del Frente de Defensa Popular (FDP) y que dirige Clementina Guevara Tejedor y que están en plantón desde el lunes pasado, preparaban sus alimentos en afuera del Palacio de Gobierno.
A estos inconformes los desalojaron el lunes pasado de la Autopista del Sol policías antimotines estatales.
Durante la tarde de este miércoles otro contigente integrado por padres de familia y estudiantes de las preparatorias populares que demandan mayor presupuesto y su reconomiento legal también se instalaron en plantón en Palacio.
Estonia sucedió son que la gobernadora Evelyn Salgado pusiera un pie en sus oficinas.
Las primeras bodas igualitarias en Guerrero serán el 26 de mayo en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco, lo anunció la Coordinación Técnica del Registro Civil del estado.
«La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil se enorgullece de organizar las primeras bodas igualitarias, para que puedan gozar de los beneficios civiles que emanan de enlace, como la seguridad social y un patrimonio en conjunto, a todas y todos», se lee en un post de Facebook de la coordinación..
Los requisitos son solicitud de matrimonio, que las o los contrayentes sean menores de edad, acta de nacimiento de ambos, identifiación oficial, certificado médico prenupcial, comprobante de domicilio y dos testigos mayores de 18 años por cada uno de los contrayentes, los testigos con identificación oficial.
Integrantes de colectivos y activistas LGBTI+ celebraron la noticia.
«No fue de gratis. Muchas horas bajo el sol en marchas y protestas, muchas años de lucha incesante, prejuicios y tabús que romper, sangre de varios activistas. No fue una idea de este gobierno. Es aceptar lo que nos pertenece. Por fin nos dan uno de los derechos que tanto deseamos gracias a la lucha LGBTTTI», expresó el activista José Lavoisier Luquín Jiménez.
En Chilpancingo podrían celebrarlas pronto en un evento similar, de acuerdo con algunos activistas LGBTI+, pero aún no hay fecha. La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez se comprometió, dijeron, a ser la madrina del evento.
Después de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, en octubre del 2022, y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, algunas parejas intentaron casarse en Chilpancingo, pero este derecho les fue negado, con el argumento de que tenían que pasar 180 días para que terminaran de realizar las adecuaciones a las leyes en materia de divorcio.
Integranres de los colectivos LGBTI+ protestaron y llamaron a las autoridades a agilizar los trámites.
El 17 de mayo pasado, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesfobia y Transfobia, algunos colectivos y activistas LGBTI+ se manifestaron en el edificio Juan Álvarez para exigir ser atendidos por el titular del Registro Civil estatal, Roberto Barreto Bohórquez.
Ahí Barreto Bohórquez les comentó que los formatos para efectuar las bodas entre personas del mismo sexo estaban listos.
“Yo los felicito a todos ustedes, han sido unos guerreros incansables por alcanzar sus sueños, ya logramos lo que ustedes tanto anhelaban y aquí está, los formatos ya están listos”, comentó el funcionario.
También les dijo que en una semana podrían casarse en todo el estado. Tiempo en que debían de enviar los formatos a los registros civiles.
Ahora, después de más de 20 años de reclamarlo, los matrimonios igualitarios son un hecho.
Las preparatorias populares son un sistema educativo que existe desde hace 40 años para impartir educación medio superior a estudiantes de comunidades marginadas, y todo ese tiempo ha funcionado sin el apoyo gubernamental necesario, denunciaron los docentes durante un plantón que colocaron afuera del Congreso local.
Timoteo Espinoza Turio es maestros hace 12 años en la Preparatoria Popular de Apetzuca, municipio de Acatepec, en la Montaña de Guerrero, y le ha tocado enseñar en condiciones muy precarias.
“Primero, cuando yo llegué trabajaba en la Comisaría, ahí se improvisó un salón y, luego, con apoyo de los padres de familia se consiguió un terreno y construimos un aula de adobe, que es donde actualmente impartimos clases”, contó.
Apetzuca es una comunidad nahua del municipio de Acatepec, y la preparatoria popular es la única institución de educación media superior que hay para las comunidades aledañas.
Sin la preparatoria de Apetzuca los estudiantes tendrían que trasladarse hasta la cabecera municipal de Acatepec para estudiar, es decir, una distancia de cinco horas.
Apetzuca tiene una población de 436 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI); muchos de sus estudiantes pertenecientes a comunidades aledañas viajen todos los días.
Al no tener un presupuesto oficial, las preparatorias populares viven de cooperaciones mensuales que otorgan las madres y padres de familia, la cooperación va desde los 60 hasta los 200 pesos, depende del acuerdo y necesidades de los planteles.
La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) sólo les apoya con los certificados, papeleo y sellos que validen la educación de los alumnos, “pero en el tema económica no pone ni un peso”, dijo Timoteo.
Desde hace apenas algunos años el gobierno estatal les otorga un monto cada ejercicio fiscal, pero insuficiente para los plantes y salarios para los maestros. Como están en el desamparo institucional, el presupuesto lo pueden cambiar cada año o incluso no otorgarlo.
“A veces que no hay recurso y no pagan las autoridades, los padres se cooperan y por una semana de trabajo o quincena ellos a cambio nos dan un guajolote o un bulto de maíz y frijol, todo con tal de no dejar sin clases a sus hijos”, contó Timoteo.
En muchos casos son los mismos pobladores o padres y madres quienes le otorgan los alimentos al maestro.
Para el ejercicio fiscal 2023, el Congreso local aprobó 80 millones de pesos para las prepas populares en modalidad tripartita entre el gobierno del estado, la Uagro y el Congreso local, “pero todo es se va en puro salario, hace falta infraestructura, uniformes, todo porque no existimos”.
Los maestros agrupados en el Frente Estatal de Preparatorias Populares marcharon en Chilpancingo para exigir el reconocimiento laboral de 1,050 docentes que como Timoteo atienden a 14,000 mil alumnos en las zonas más marginadas del estado.
La movilización de los maestros inició en monumento a Las Banderas y culminó con un plantón en el Congreso local para exigir a los diputados locales que reformen la Ley General de Educación Media Superior del Estado de Guerrero, para que las preparatoria populares sean consideradas y tengan un marco legal para poder exigir un presupuesto y obras.
“Tenemos más de 20 años en lucha para que tengamos un reconocimiento laboral, ya hemos tenido reuniones con funcionarios de primer nivel y con la gobernadora y se acordó crear un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero a los que les encargó eso no avanzan con el trámite”, dijo el integrante de la Comisión Política del Frente, Raymundo Pablo Vázquez.
Después de la marcha comenzaron el plantón. Cada año los maestros, padres de familia y hasta alumnos comienzan cada año con una movilización. Esta vez desde el plantón exigieron una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Pablo Vázquez mencionó que son 104 plantes, ubicados en las zonas más alejadas de las regiones Centro, Costa Chica, Montaña y Norte, que necesitan el reconocimiento legal para que los maestros y demás personal acceden a salarios y prestaciones y los alumnos a una infraestructura digna.
“Hay escuelas que van desde un jacalito, una media agua, de adobe madera o de concreto, pero todo es por gestión de nosotros y de apoyos que pedimos a los alcaldes, porque de parte de las autoridades educativas no hay una respuesta”, dijo Pablo Vázquez.
A las 15:30 horas, una vez instalado el plantón, los manifestantes bloquearon de manera intermitente los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del Congreso local, lugar donde mantienen su plantón.
Después de cerrar por una hora la vialidad del boulevard Vicente Guerrero, y ante la llegada de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin, los maestros decidieron levantar su plantón a las afueras del Congreso y en marcha avanzaron hacia Palacio de Gobierno.
A las 5:30 de la tarde, en en la entrada principal de Palacio de Gobierno, los maestros colocaron de nuevo su plantón y ninguna autoridad los atendía.
Unos 400 pobladores retuvieron al alcalde priista del municipio de Chilapa, Aldy Esteban Román, a integrantes de su administración y a un grupo de policías municipales en la comunidad de Alcozacán, en presión para que les cumplan con las obras sociales y el reforzamiento de la seguridad en la Montaña baja.
El alcalde, síndico, otros funcionarios y policías preventivos se dirigían a la comunidad de Hueycantenango, cabecera del municipio vecino de José Joaquín Herrera, donde se reunirán con sus homólogos, pero al pasar por el crucero de Alcozacán fueron interceptados por los pobladores.
El coordinador del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, organización con la que simpatizan los inconformes, informó vía telefónica que la retención de los servidores públicos duró unas cinco horas, desde antes de las nueve de la mañana hasta pasada la una de la tarde, porque las autoridades les incumplieron con la realización de obras, como la construcción de un hospital regional y caminos, además de reforzarles la seguridad. “Tenemos un centro de salud sin médico ni medicinas”, dijo.
Aun con la liberación de los servidores públicos los habitantes de este punto de la Montaña baja continuaron con el bloque de la carretera Chilapa-Tlapa, en el mismo punto donde comenzó la protesta.
“Hemos tenido muchas reuniones con el alcalde y sus funcionarios con firmas de minutas de acuerdos, pero no han sido cumplidos”, agregó quien es líder de un grupo de autodefensas que se desprenden de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Alcozacán es una comunidad nahua ubicada en la Montaña baja, pertenece al municipio de Chilapa.
Plácido Galindo denunció que aun cuando hay presencia de fuerzas de seguridad federal y estatal la violencia en la región sigue a la alza porque, comentó, siguen los asesinatos y las extorsiones, que le adjudicó al grupo del crimen organizado de Los Ardillos.
“Nos han asesinado a 20 compañeros y tenemos desaparecidos 40, y el gobierno sigue sin hacernos justicia”, dijo.
En enero del 2020, 10 integrantes de un grupo musical de Alcozacán fueron asesinados y algunos de ellos incinerados por miembros de este grupo criminal, determinó en ese entonces la Fiscalía General del Estado (FGE).
“En el tema de seguridad, el alcalde Aldy Esteban Román, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se echan la bolita entre ellos, sin que resuelvan nada”, expresó el líder de la CRAC-PF.
Plácido Galindo acusó al alcalde de haber dejado varias obras inconclusas en comunidades nahuas de esa zona. “Estamos hablando de construcción de caminos inconclusos, por ejemplo”.
Agregó que en la protesta participaron uno 400 habitantes de 18 comunidades de Montaña baja.
“Aquí vamos a mantener retenido al presidente municipal y los demás funcionarios hasta que veamos que las demandas que tenemos sean resueltas”, advirtió al principio.
Los servidores públicos fueron liberados después de la una de la tarde, después que llegaron a acuerdos con el alcalde, quien se comunicó con funcionarios estatales. Plácido Galindo comentó que un acuerdo directo con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, fue que el próximo martes o miércoleshabrían de visitarlos en la comunidad una comisión de funcionarios de todas las dependencias a las que plantearon sus necesidades, para atenderlos. Advirtió Plácido Galindo que de incumplirles volverán a bloquear la carretera.
Alrededor de la medianoche de ayer martes, nueve personas murieron y tres resultaron heridas luego de que la camioneta urvan en la que viajaban fue embestida por un tráiler que, presuntamente, se quedó sin frenos, en la Autopista del Sol, cerca del puente Mezcala.
Según los reportes de dependencias estatales, el tráiler con placas de circulación 43-UK-TK del Servicio Público Federal arrastró 50 metros una camioneta y la impactó contra un anuncio metálico de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
En la unidad embestida por el tráiler viajaban 12 pasajeros, de los cuales seis murieron en el lugar de los hechos, y otros tres más cuando eran atendidos en un hospital de Chilpancingo. Tres pasajeros más resultaron heridos.
La camioneta urvan Toyota con placas de circulación NHB-90-96 del Estado de México quedó aplastada por el impacto del golpe del tráiler.
El reporte de la Secretaría de Protección Civil del Estado informó que el accidente automovilístico ocurrió en la Autopista del Sol México-Acapulco, en el kilómetro 220+800 tramo Chilpancingo-Cuernavaca.
En este mismo reporte difundieron que en la camioneta urvan viajaban adultos y menores de edad.
Después del accidente automovilístico personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal cerraron el carril sur-norte de la vía federal durante cuatro horas.
La protesta fue encabezada por el alcalde perredista interino de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios.
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Especial
23 de mayo del 2023
Chilpancingo
Un grupo de personas cerraron este martes durante dos horas las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en San Miguel Totolapan, Tierra Caliente de Guerrero, para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el desistimiento de la acción penal en contra de tres campesinos que fueron detenidos el pasado sábado por posesión de vehículos con reporte de robo.
La protesta fue encabezada por el alcalde perredista interino del municipio, Fredy Vázquez Palacios. Él y ella resto de los inconformes cerraron con cadenas y candados la puerta principal de las instalaciones de la FGE, con el personal de la institución adentro.
“Efectivamente los campesinos tenían carros chocolates y con reporte de robo, pero son unidades chatarra, además ellos son gente buena y se están muriendo de hambre”, dijo el alcalde durante una entrevista con reporteros de la Tierra Caliente que transmitieron en vivo por las redes sociales.
Vázquez Palacios mencionó que el pasado sábado 20 encabezó un evento donde entregó semilla mejorada a los campesinos que bajaron de sus comunidades.
Es día personal de la FGE detuvo a varios campesinos que bajaron de las comunidades de Santo Tomás y El Macharro. “Se los llevaron al Ministerio Público de Coyuca de Catalán en donde estuvieron desde el sábado y este lunes fueron liberados a las 12 de la noche”, dijo.
“Cuando nos enteramos de que habían sido liberados nuestros compañeros lo vimos bien, pero cuando nos dijo un abogado que la autoridad los había dejado en libertad bajo caución y que su proceso judicial en su contra iba a seguir, decidimos protestar”, afirmó el alcalde perredista.
En la fachada de las instalaciones del Ministerio Público había escritas varias leyendas: “Fuera FGE”, “Fuera rateros”.
El alcalde dijo que la demanda principal es que la FGE cancele las carpetas de investigación abiertas contra los campesinos.
“Ya estamos cansados de los abusos que comete la Fiscalía aquí en la Tierra Caliente, ya no queremos que esté aquí”, expresó Fredy Vázquez.
La protesta empezó alrededor de las cuatro de la tarde y concluyó dos horas después, porque, según el alcalde de San Miguel Totolapan, había llegado a una serie de acuerdos vía telefónica con el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.
Fredy Vázquez asumió el cargo en noviembre del 2022 luego de que en octubre de ese mismo año, un grupo numero de hombres armados, según la FGE, del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a balazos al alcalde Conrado Mendoza Almeda y al menos a otras 19 personas más en la cabecera de San Miguel Totolapan.
Del 28 de abril al 2 de mayo pasado, Fredy Vázquez junto con alcaldesas y alcaldes de otros siete municipios de la Tierra Caliente del estado y tres diputados locales y un legislador federal, encabezaron un bloqueo en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la salida de la personal operativo de la FGE de la Terra Caliente. Acusaron a sus elementos de cometer abusos en la región.
Ese día personal de la FGE, acompañado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron en una bodega de Ciudad Altamirano 12 vehículos de lujo a allegados de los líderes de la Familia Michoacana (FM), José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga.
En la protesta los alcaldes y diputados exigían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les brindara medidas de seguridad porque, según ellos, son amenazados por el grupo del crimen organizado de Los Tlacos, organización rival de la FM.
Después de una serie de acuerdos, los alcaldes desbloquearon la vía federal, pero los vehículos asegurados a la FM, varios de ellos de lujo, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo.
Pobladores protestan en el Ministerio Público de San Miguel Totolapan para exigir la salida de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto: Especial.
La Secretaría de Protección Civil del estado dictaminó que más 10 casas de la colonia Ampliación 1 de Mayo de Chilpancingo que fueron desalojadas por un derrumbe de la barranca La lobera son inhabitables y, además, estableció alerta el riesgo para otras viviendas por un posible deslizamiento de tierra.
El dictamen lo dio a conocer la secretaría este martes, 19 días de que unas 100 personas de la colonia fueran evacuadas de sus casas.
Una de las recomendaciones que la Secretaría de Protección Civil estatal es que el área homóloga del Ayuntamiento de Chilpancingo evacúe por completo las viviendas afectadas por el derrumbe y las que están en riesgo.
Protección Civil Municipal también debe realizar un monitoreo en la zona con el fin de identificar nuevos indicios de deslizamiento y realizar medidas preventivas para mitigar los riesgos.
“Se deben de realizar estudios de mecánica de suelos hidrológicos a fin de determinar las obras de mitigación y estabilización de la ladera y, una vez estabilizada, deberán de realizarse la reforestación en la zona a fin de darle mayor estabilidad”, dice el dictamen de la SPC.
Otro de los puntos que establece es que el ayuntamiento del municipio deberá de declarar el lugar marcado como zona de alto riesgo e inhabitable, y área verde para que no sea invadida y así evitar futuros daños.
El dictamen de la Secretaría de Protección Civil del estado establece que en la colonia de 2,957. 66 metros lineales, una parte está sobre una loma inclinada y abrupta, y es donde está el problema.
También aclararon que esta colonia es apta para el asentamiento humano, pero que la factibilidad para un desarrollo urbano será posible si las autoridades del municipio llevan a cabo las recomendaciones planteadas.
“Se debe de realizar (en la colonia) un programa preventivo, se deben de realizar las medidas necesarias a fin de mitigar posibles contingencias ante el embate de cualquier fenómeno perturbador”, dice el dictamen.
El pasado 5 de mayo, las familias de 10 viviendas de esta colonia fueron evacuadas por el Ayuntamiento de Chilpancingo después de un derrumbe en la barranca La Lobera.
Las autoridades del municipio y de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) habilitaron el gimnasio universitario como albergue, donde desde el 5 de mayo un grupo de familias afectadas están refugiadas.
Otro grupo de familias afectadas se refugiaron en casas de sus parientes.
Las familias afectadas han realizado protestas en las calles de esta ciudad para exigir a las autoridades del gobierno estatal y municipal la reubicación.
“Perdimos nuestras casas y ahora el gobierno no nos quiere ayudar pese a que ellos autorizaron a esta colonia como un asentamiento regular y legal apto para vivir”, dijo Asunción Martínez, uno de los afectados.
Con la migración de jóvenes de pueblos indígenas hay un riesgo de la pérdida de los conocimientos ancestrales que sus antepasados cuidaron por siglos, advirtió la especialista en biología y antropología Natividad Herrera Castro.
La especialista cree que después de estar fuera de sus comunidades por varios años de frente a otros contextos y formas de vida «se olvidan de sus raíces».
«Para empezar no están aquí y cuando llegan ya están desvinculados totalmente de la forma de pensar de su pueblo originario, que si la conocen, la oyen, pero no la practican», dijo.
Herrera Castro ofreció la ponencia Riqueza Biocultural y Oportunidades para la Conservación, en el ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizado por Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) por el Día Internacional de la Biodiversidad
Ahí abordó que está en riesgo el conocimiento milenario de los pueblos indígenas desde desde aspectos agrícolas, medicinales, culturales hasta alimenticios.
Otro factor que, dijo, contribuye a la pérdida de identidad y el conocimiento es que en los pueblos indígenas las nuevas generaciones ya no se dedican al campo. En Guerrero hay cuatro pueblos indígenas: ñuu savi, me’phaa, ñomndaa y nahua.
«El ser campesino, sembrar tener su milpa vincula al territorio fuertemente, porque viven su comunidad, caminan por la tierra, llegan a su sembradío y trabajan, ahí desarrollan muchos vínculos, no sólo con la plantas, con la tierra, con la lluvia y el entorno físico, entonces cuando los jóvenes ya no hicieron eso se rompe ese vínculo».
«Después de que pierden su identidad, de ya no reconocer su territorio, estos jóvenes ya no lo defenderán como lo hicieron sus antepasados, porque ya no les representa nada», advirtió Herrera Castro.
Es esa cosmovisión la que advierte Herrera Castro está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos sociales que sacan a los jóvenes de sus comunidades ya sea ppr necesidad o por gusto.
«Cada vez hay menos gente que maneja esa información ancestral de para qué sirve una planta, si cura algunas enfermedades o muchos ya no se identifican porque se han desarraigado de su comunidad, de su cultura y aunque la piensan y la llevan un poco, a veces los elementos más profundos de ese conocimiento las abandonan», mencionó.
Herrera Castro es la directora del Herbario Universitario, un espacio de la Uagro para la conservación e investigación científica de las plantas que hay Guerrero.
La colección del Herbario consta de 12,000 plantas secas que son almacenadas para tener un registro histórico de la flora de Guerrero.
Muchas de las plantas fueron recolectadas con ayuda de pobladores de comunidades rurales, «quienes tienen toda una cosmovisión y conocimiento sobre biodiversidad».
El ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizada por el Día Mundial del Medio Ambiente se realizó en vestíbulo del Palacio de la Cultura, en el centro de Chilpancingo y fue organizado por el departamento de Sustentabilidad de la Uagro.
Además de las ponencias que seguirán hasta el miércoles próximo, hay venta de productos artesanales y orgánicos.
Este mediodía, María Olga Bruno Nieto, madre de la menor agredida el viernes 19 de mayo afuera de la Secundaria Técnica 185 por otra joven mayor, estudiante del del CTIS 135, denunció que después de esos hechos su hija fue amenazada y carece de apoyo de autoridades educativas.
Ese mismo viernes circuló un video en redes sociales donde se observó la agresión a golpes contra la estudiante de secundaria. La estudiante del CTIS 135 y acude a la Secundaria Técnica 185 a realizar su servicio social.
Derivado de ese video, la mamá de la menor, es decir Bruno Nieto, denunció ante la Fiscalía Especializada para Menores de Edad las agresiones contra su hija.
La Secretaría de la Educación Guerrero (SEG), expuso la madre en conferencia de prensa, no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos, aun cuando uno ya había antecedentes de violencia escolar de la joven identificada como la agresora y ninguna autoridad de la escuela lo impidió.
Los maestros del plantel, al parecer, “sólo observaron la escena sin que hicieran nada al respecto”.
“Después de los hechos mi hija aún recibe amenazas de recibir más golpes mientras que autoridades guardan silencio ante este caso de violencia y acoso escolar”, denunció la mamá.
Señaló a la directora de la secundaría de haberle pedido no denunciar a cambio de una solución al problema, pero hoy ya no la recibió.
Un grupo de padres acompañó a Bruno Nieto a dar la conferencia de prensa afuera de la secundaria, y expusieron que hay más casos similares ocurridos en el plantel; pidieron a las autoridades que brinden seguridad para los alumnos.
“Si es necesario queremos que este aquí la Guardia Nacional”, mencionó una madre de familia.
Bruno Nieto dijo que su hija continúa delicada de salud y medicada debido a los golpes que recibió.
A empujones y palazos, elementos de la Policía Estatal con equipo antimotín desalojaron de la Autopista del Sol a integrantes del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP-FV) que exigían justicia por el asesinato de Salvadora Chávez Rendón y la aparición con vida de José Abundio Bolaños Cabañas, ambos miembros de esta misma organización.
Los manifestantes incluyeron en sus reclamos varios puntos más, como que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé seguimiento a 60 carpetas de investigación abiertas contra de 66 miembros de la CRAC-PF, a quienes ha señalado de ataques contra miembros del FDP-FV. También plantearon una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
José Abundio Bolaños Calvario era activista activo del FDP y desapareció el 29 de mayo de 2022. Se dirigía en su automóvil de San Jerónimo Palantla, del municipio de Chilapa, a la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, cuando fue interceptado por “hombres armados” que lo privaron de su libertad, de acuerdo con el relato de Clemencia Guevara Tejedor, representante del FDP.
“Al día siguiente, es decir, el 30 de mayo, fue localizada su camioneta en la comunidad de San Marcos Majada del Toro, municipio de Chilapa”, contó.
Agregó que el hecho ocurrió en el territorio donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y, dijo, no descartan que detrás de la desaparición esté la policía comunitaria de esa organización.
El 11 de julio de 2019, Salvadora Chávez Rendón y otras 10 personas ñuu savi acudieron a Chilapa para presentar una denuncia contra integrantes de la CRAC-PF por su presunta participación en el asesinato de cinco personas ocurrido en febrero de 2015 .
Una de las cinco personas asesinadas era el esposo de Salvadora, Ángel Calvario Tlatempa.
El grupo, integrado por miembros del FDP-FV, regresaba de interponer la denuncia y Salvadora identificó Felipe García, integrante de la CRAC-PF, como el asesino de su esposo.
Ya de regreso, el grupo de pobladores circulaban por la carretera de Lamazintla a Cantera Rosa, en el municipio de Chilapa, cuando fueron interceptados por hombres armados vestidos de civil que abrieron fuego contra el vehículo
Salvadora fue asesinada y sus acompañantes resultaron heridos, según la versión de miembros del FDP-FV.
Guevara Tejedor expuso que la violencia está vinculada a un desacuerdo entre dos comunidades por la autoridad comunitaria de la región.
A las once de la mañana, unos 70 integrantes del FDP bloquearon la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, para exigir una audiencia con Salgado Pineda sobre el tema de los asesinados y desaparecidos del FDP.
A las doce del día los manifestantes fueron desalojados por los policías estatales, y los integrantes del FDP respondieron con palos y piedras a los agentes.
Después de eso los integrantes del FDP volvieron a salir en marcha hacia el norte de la ciudad por los carriles centrales de la Autopista del Sol, mientras eran seguidos por los policías.
A la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE) los manifestantes se replegaron a las laterales de la autopista y los policías antimotines se retiraron.
Otra de las exigencias planteadas durante la protesta fue el caso de la localidad Nuevo Balsamar, en el municipio de Leonardo Bravo, en el que unas 210 familias han denunciado que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) que durante la administración de Enrique Peña Nieto les incumplieron con la entrega de viviendas con energía eléctrica, agua entubada y red de drenaje.
Una representación de Tecoanapa, en la Costa Chica del estado, también estuvo en la protesta para exigir la construcción de un hospital.
Después del desalojo hubo una reunión en Palacio de Gobierno con representaciones de las marchitas y de la administración estatal.
Productores de sal de San Jeronimito piden a Segalmex que adquiera su producción
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amilcar Juárez
Petatlán
Bajo el sol abrazador de la Costa Grande de Guerrero, Lázaro Fierro Meza trabaja en su finca de sal. Una escoba, una jaladera, es decir, un artefacto de madera, y una gorra son sus herramientas de trabajo. Sólo él produce, por temporada, 100 toneladas de sal de grano, uno de los condimentos más importes del mundo.
Lázaro, todos los días, desde hace 40 años, se levanta a las cuatro de la mañana; se toma una taza de café y sale de su casa, en el poblado de San Jeronimito, Petatlán, hacía las fincas de sal, un trayecto que le toma unos 20 minutos.
La rutina de Lázaro no es muy diferente a la de los otros 76 productores que están organizados en la Sociedad Cooperativa de Productores de Sal de San Jeronimito y que recolectan la sal en un terrero de 876 hectáreas, ubicado en las costas del municipio de Petatlán.
La historia de Lázaro en la producción de sal se remontan hace 40 años atrás. En 1980 regresó de Estados Unidos a su natal San Jeronimito, no había fuentes de empleo y su único patrimonio era una camioneta con la que empezó a trasladar a los trabajadores a las fincas de sal.
“Una persona de los ocho que comenzaron la Cooperativa que ya murió me dijo cómprate una finca, yo sé que tú la haces, y gracias a ese señor me pudieron fiar una y la compre y ahí vi que era negocio”, contó Lázaro desde su finca de sal.
A los terrenos donde producen la sal, los habitantes de este pueblo le llaman fincas, las cuales se extienden por 876 hectáreas.
Antes del 2000, en estas fincas es donde se comerciaba de manera directa con la sal, Lázaro recuerda que el trueque era muy común entre los productores y los clientes.
“Venían aquí gente de todos lados y trían para cambiar por sal sandías, frenos de caballo, carne, maíz, melón, cobertores, ahorita ya no es común, pero si alguien viene así le cambiamos, no hay problema”, comenta.
Con el paso del tiempo intermediarios y acaparadores llegaron a comprar todo el producto, lo que en un principio a los productores les pareció buena idea por la facilidad de vender, con el paso del tiempo se dieron cuenta que solo malbaratan su sal.
Casos como el de Lázaro se repiten en los 76 socios productores de la Cooperativa.
Arturo Sotelo Romero es otro socio productor y desde hace 40 años se dedica a la sal, hoy, a sus 75 años, sigue activo en la Cooperativa; produce sal y es parte del Comité de Vigilancia.
Gracias a la producción de sal, Arturo sacó adelante a sus 11 hijos y seguirá en el oficio hasta donde, dice, “más pueda”.
Lázaro y Arturo son parte de la segunda generación que producen sal en la Cooperativa, antes de ellos están los fundadores y, actualmente, una tercera generación ya trabaja en las fincas de sal y pretenden llevar el negocio a otro nivel.
Las negociaciones, la espera y la esperanza
El actual presidente de la Cooperativa, Irving Rodríguez Salas, que ya es parte de la tercera generación de productores de sal, gestionó y organizó a los socios para negociar con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) la compra de su producción.
Esto porque escuchó en las conferencias matutinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que al campo guerrerense se le tiene que dar todo el apoyo y comprarle lo que producen.
Fue así que en marzo se acercaron con la subgerente de la unidad operativa Diconsa-Guerrero, Mirna González Rojas, para vender la sal a Segalmex.
En la bodega de la Cooperativa tienen ya recolectadas 4,000 toneladas de sal que esperan ser vendidas a Segalmex, lo único que esperan es la respuesta de González Rojas para vaciar su bodega que ya lucen abarrotadas.
Los costales de sal ya no entran en la bodega, por lo que el patio y galeras de las oficinas de la Cooperativa ya están llenos; tuvieron que improvisar sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo un espacio para almacenarlos.
“Nosotros tenemos palabra, le dejamos de vender a los intermediarios y acaparadores para poder tener una reserva y ofrecerle a Segalmex, por lo que llevamos dos meses sin vender y guardando todo en espera de que se haga el negocio”, dijo Rodríguez Salas.
Las negociaciones continúan pero mientras esperan no han vendido su producto, por lo que si no se cierra el trato pronto empezara a mermar la economía de los socios y de las 400 familias que viven de la producción de sal.
Rodríguez Salas llamó al titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, a que los voltee a ver, a no dejarlos solos y hacer que el presiente López Obrador cumpla su promesa.
“El presidente de la República dijo que se tenía que apoyar a todos los productores, pero especialmente a los productores de Guerrero”, dijo Rodríguez Salas.
Para Rodríguez Salas el trato con Segalmex es sólo el comienzo de un proyecto que vislumbra para que toda la comunidad de beneficie de la producción de sal.
Con un comprador seguro y formal como Segalmex, Rodríguez Salas cree que más personas van a dedicarse a recolectar sal, y entre más cantidad habrá más empleos para apoyar a los jóvenes.
“Lo que queremos es producir a granel y empacar en lo que ahorita es la bodega, eso detonaría el empleo y nos pondría en el radar nacional”.
La sal en números
La Cooperativa está legalmente constituida desde 1942, y producen, a través de una concesión por extracción de minerales, otorgada por el gobierno federal, 10,000 toneladas de sal por temporada.
La concesión es vigente hasta el 2049 para aprovechar 875 hectáreas de terreno, y de acuerdo con Rodríguez Salas, la Cooperativa es la principal productora de sal en Guerrero, por extensión y tonelada.
Colima es el principal productor de sal a nivel nacional, de acuerdo con dato del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 3,500 hectáreas producen hasta 39,000 toneladas al año, números muy alejados de los de Guerrero.
Para Rodríguez Salas la disparidad en los números es por falta de atención institucional a los productores, “desde que existe la Cooperativa son contadas las veces que el gobierno nos ha apoyado, a veces el estatal nos apoya con créditos, pero al final tenemos que pagarlos y solo se recupera la inversión, pero de que podemos hacer esto en grande podemos, tampoco queremos todo gratis, lo que queremos es trabajo y que se vea que en Guerrero se producen cosas de calidad”.
En una de las paredes de las oficinas de la Cooperativa hay un gran documento enmarcado en un rectángulo, es la certificación de la Secretaría de Salud federal en la que da fe que la sal producida en San Jeronimito contiene los nutrientes necesarios y es apta para el consumo humano.
El kilo de sal, de manera directa, los productores lo venden a seis pesos, 300 pesos el saco y a 6,000 pesos la tonelada.
Con Segalmex, menciona Rodríguez Sala, esperan un trato mínimo de vender 1,500 toneladas, “si puede todo mucho que mejor, para eso estamos listos”.
La sal que producen en San Jeronimito conserva las formas de extracción más tradicionales, lo que da como resultado un producto artesanal y orgánico.
Eso es lo que más orgullo les genera a los socios de la Cooperativa.
El proceso es por temporal, en época de sequía, de noviembre a mayo la laguna se seca y es en esa zona donde produce.
Desde el agua que se obtiene del subsuelo de los terrenos salitrosos que dejó la laguna, se generan pequeños pozos o norias de donde es extraída y enviada a estanques, que son piletas rectangulares con medidas aproximadas de siete metros por cinco de largo, pero varia según la experiencia y técnicas de cada productor.
Todo esto es de manera artesanal, el pozo y las piletas son de tierra, no hay concreto ni algún material ajeno.
En las piletas “el sol y el aire separa lo dulce de lo salado”, y después de un par de días se bombea a las eras, que son pequeños cuadros, de poca profundidad en los que se almacena el agua salada; en un lapso de tres a cuatro días se solidifican los minerales y se crea la sal de grano.
De ahí toca barrer la sal, con escoba y un jalador de madera se separa el sal con la poca agua que quedó en las eras; hacen pequeños montones al final de cada era.
Todo este proceso lo repiten cada semana por tres meses.
El trabajo comienza a las cinco de la mañana, porque “lo importante es ganarle al sol”, dice Lázaro. La jornada termina entre las once y doce del día.
En la tarde, después de las cinco, regresan para otra pequeña jornada de trabajo y aprovechar los últimos rayos del sol.
La dinámica es así para evitar trabajar bajo el sol del mediodía en esta zona costera de Guerrero es pesado; las temperaturas en Costa Grande pueden alcanzar los 35 grados y un sensación de humedad de 40 grados.
“Muchos dicen que los costeños somos flojos, pero no, flojos son los que dicen eso, si me vienen a ver a las once o doce en mi finca yo ya estoy en mi hamaca descansando, porque ya trabajé desde la madrugada”, cuenta Lázaro.
Después de juntar los montones de sal, en una carretilla que tiene que ser plástico para que no se oxide, juntan una gran montaña de sal, donde ahora tiene que venir el empacado.
Con costalillas al hombro, pala y una gran aguja, comienzan a empacar la sal, después la carga en las camionetas que harán la distribución, o en este caso, al almacén en espera de que Segalmex compre el producto.
A finales de mayo, con las primeras lluvias, el nivel del mar sube, entra a la laguna de San Jeronimito y lo que por seis meses fueron fincas para la producción de sal se convierten en manglares.
Estará así otros seis meses, tiempo en el que los productores o salineros, como también se les conoce, se dedican a otros oficios, algunos son herreros, mecánicos, carpinteros, albañiles y otros, con una buena administración, viven de la venta de sal.
