Protestan en el Congreso local en reclamo de aprobación del Cabildo instituyente de Santa Cruz del Rincón

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Pobladores del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, ubicado en la Montaña de Guerrero, marcharon en Chilpancingo y bloquearon el edificio del Congreso local para exigir una explicación sobre la decisión en pleno de rechazar a su Cabildo instituyente.

Durante la sesión extraordinaria del jueves pasado, el pleno del Congreso local votó los cuatro cabildos instituyentes para los municipios de Las Vigas, desprendido de San Marcos; San Nicolas, que se desprenden de Cuajinicuilapa; Ñuu Savi, de Ayutla de Los Libres y Santa Cruz del Rincón, que pertenecía a Malinaltepec.

Pero sólo aprobó el Cabildo de Ñuu Savi y los tres restantes los regresó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para un nuevo análisis.

De acuerdo con la presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, lo hicieron así porque había desacuerdos en las asambleas municipales de Las Vigas, San Nicolás y San Cruz del Rincón.

Este mediodía, durante la protesta afuera del Congreso local, el presidente del Comité Gestor de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, dijo que ellos cumplieron con todos los requisitos y negó un desacuerdo en las asambleas.

“Como municipio hemos estado cumpliendo, se nos hace injusto que jueguen con nuestra dignidad como pueblos originarios, que nos pisoteen y nos traten como a ellos se les de la gana”, comentó.

Expuso que las 19 comunidades que integran Santa Cruz del Rincón avalaron la propuesta enviada al Congreso local.

Esta integrada de la siguiente manera: como alcalde a Godofredo Avilés Mendoza, como síndica a Fabiola Oropeza Calderón, y en las regidurías a Lázaro Rea Basurto, Angelina Jesús García, Nabor Jinete Piza, María Manzanares Castro, Carmen Castro Rojas y Felícita Medel Agustín.

Con la votación en contra de las tres planillas, el Congreso local alarga más el proceso de institucionalización de estos cuatro nuevos municipios, donde sus pobladores desde hace dos años buscan reconocimiento legal.

“Son dos años desde que el Congreso aprobó la creación de los municipios, pero detrás hay una lucha de más de 25 años y hoy por simples intereses políticos el Congreso nos niega nuestro derecho como pueblos originarios”, dijo Rodríguez Flores.

El 31 de agosto, el último día de la 62 legislatura, los diputados aprobaron la creación de estos cuatro municipios, y dejaron a esta legislatura la tarea de aprobarlos.

En enero del 2022, la 63 legislatura ratificó la creación de estos municipios y sus nombres fueron agregados a la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Lo que faltaba era una autoridad que manejara la gobernabilidad de los municipios, lo cual también es competencia del Congreso local; lo que lleva casi dos años de retraso.

Para el diputado morenista, Alfredo Sánchez Esquivel, quien durante la 62 legislatura fue el principal promotor de estos municipios, la decisión de sus compañeros de bancada de no aprobar tres de las cuatro planillas fue una “conjugación de intereses políticos”.

Explicó que hubo quejas e inconformidades de los pobladores que no estaban de acuerdo con los nombres que aparecieron en las planillas.

“Pero eso es normal en cualquier proceso político, en el que definitivamente algunos salen beneficiados y otros se sientes perjudicados, pero nosotros seremos respetuoso de lo que se dé”, dijo Sánchez Esquivel.

En el caso de Ñuu Savi, la planilla única aprobada por unanimidad está conformada por Donaciano Morales Porfirio, como alcalde; Eusebia de los Santos Hermelinda, quien sería síndica procuradora y Víctor Bernabé Porfirio, Hermelinda Campos Leyva, Inocente Morales Álvarez, Maribel García Maximino, Rodrigo Silverio Guadalupe y Divina Oropeza de la Luz, como regidores.

En la sesión del 23 de agosto próximo, la Comisión Permanente tomará protesta de ley a los integrantes del Ayuntamiento instituyente Ñuu Savi, quienes fungirán en el cargo a partí de esa fecha hasta el 29 de septiembre del 2024.

Hasta las tres de la tarde, los 100 manifestantes de Santa Cruz del Rincón mantenían bloqueados los accesos al Congreso local en espera de una reunión con los integrantes de la Jucopo.

“Ya nos dijeron que van a ver la posibilidad de reunir a los diputados, y si es necesario nosotros aquí estaremos porque viajamos seis horas, ya gastamos y no podemos regresar sin una respuesta”, agregó Rodríguez Flores.

Morgues colapsadas y subregistro de personas desaparecidas en México complican búsqueda de migrantes

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México tiene un subregistro de los casos de migrantes desaparecidos, lo que dificulta que sus familias hagan búsquedas y tengan certeza de lo que les ocurrió.


Texto: Rosario Marina, Verónica Liso, Gabriela Villegas y Andrea Godínez /Animal Político

Fotografía: Andrea Godínez

“La situación de violencia que se vive en el país satura a las fiscalías y en muchos estados no hay recursos suficientes para el día a día”.

Jairo Hernando Vivas, experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos entre 2017 y 2022, a través de pedidos de acceso a la información pública.

Tras recibir 26 respuestas, se concluyó que hay, al menos, un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante las fiscalías locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal. Luego de insistir seis meses por una entrevista, la autoridad mexicana dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir porque está en una “fase de homologación”.

Una necropsia “bien hecha” toma de entre tres a seis horas completarla, pero algunas fiscalías locales en México solo tienen un médico forense para 12 horas y llegan a hacer hasta 10 necropsias. ¿Cuántos médicos forenses se requieren para los más de 50 mil cuerpos sin identificar en México? ¿Y cuántos se necesitan para devolver a las familias de Guatemala los restos de sus migrantes hallados muertos aquí?

Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), cuenta la complejidad que hay en las fiscalías locales, más en las que tienen alto índice de muertes violentas, para tratar la crisis forense en México.

“Uno mira cómo están trabajando los colegas y no tienen el tiempo suficiente para hacer una autopsia, para dejar registro de toda la evidencia necesaria, no solo para la identificación, sino para la investigación del crimen. Entonces, también es entendible”, dice el médico. “Mirar los toros desde la barrera es fácil, pero ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué no lograron identificar estos cuerpos?”.

Estas mismas fiscalías locales, que tienen la custodia de los cuerpos, son las que deben enviar las carpetas de investigación sobre desaparición de personas a la Comisión Nacional de Búsqueda para completar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cualquier ciudadano, periodista o integrante de una ONG que quiera consultar ese Registro Nacional para saber cuántos inmigrantes hay reportados como desaparecidos se topará con un abismal subregistro.

La CNB publica solo el 9.6% del total de reportes de migrantes desaparecidos que tienen las fiscalías en México. Este subregistro se halló al solicitar a las 32 fiscalías locales las cifras totales de migrantes desaparecidos en México, entre 2017 y 2022.

Tras recibir respuesta de 26 fiscalías, se concluyó que hay un total de mil 270 migrantes reportados como desaparecidos ante estas oficinas locales, pero la cifra es muy dispar a la mostrada públicamente. La CNB solo ha contabilizado 124, en ese mismo periodo, es decir, una brecha abismal entre el total de reportes de las fiscalías y lo publicado en el Registro Nacional. Sobre los migrantes desaparecidos y hallados muertos, las fiscalías respondieron a tener un total de 64, pero la Comisión Nacional de Búsqueda solo registró dos.

Para obtener estas cifras, este equipo de investigación envió 157 solicitudes de acceso a la información a gobiernos estatales y federales, e incluso a la misma Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, sometió recursos de revisión con fiscalías como la de Nuevo León que, en un principio, alegó que le era “humanamente imposible” saber cuántas carpetas de investigación y reportes de inmigrantes desaparecidos tienen.

La CNB acepta que hay un subregistro en los reportes de inmigrantes desaparecidos 

Tras procesar los datos se llegó a la conclusión de que hay un subregistro en el Registro Nacional, mismo que aceptó la Comisión Nacional de Búsqueda.

Pero, ¿por qué existe un subregistro si la principal fuente de información de ese registro nacional son las fiscalías locales?

Se requirió a la CNB saber por qué las fiscalías estatales, en solicitudes de acceso a la información, respondieron que tenían reporte de mil 270 inmigrantes desaparecidos, cuando la cifra pública de su registro es de apenas 124.

Luego de insistir seis meses por una entrevista, la CNB accedió y dijo que tenían alrededor de mil 300 inmigrantes contabilizados como desaparecidos en una base de datos, que se negaron a compartir al decir que está en una “fase de homologación”.

“Nuestra cifra que nosotros manejamos en nuestra dirección de búsqueda de personas migrantes son alrededor de mil 300 personas, justamente caracterizando los casos de los que tenemos conocimiento y damos seguimiento y que luego se está haciendo su búsqueda”, mencionó Sonja Perkič, directora general de Acciones de Búsqueda de la CNB.

En entrevista para esta investigación, aceptó que existe un subregistro público en la RNPDNO y lo atribuyó a que los reportes hechos carecen de certeza y que esos datos “no tienen suficiente información para poder rastrear”.

Entonces, ¿lo que marca la base pública nacional es un subregistro?, se le cuestionó.

“Sí, de hecho nosotros estamos conscientes de este subregistro porque justamente es difícil rastrear la información. Te repito, son casos que estamos preparando y rastreando para tener una información certera”, dijo Perkič.

Retrospectiva forense: el reto de México de identificar los cuerpos de años anteriores a 2019 

Entre los más de 50 mil cuerpos no identificados en México, el MEIF no descarta que haya migrantes, pero saber a quiénes pertenecen lo hace muy complejo, considerando el rezago que tiene el país en atender la crisis forense.

“Nosotros partimos de cuerpos que no tienen nombre y, por lo tanto, no tenemos un indicio, poniéndolo en esos términos o sospecha alguna, de que se puede tratar de un migrante”, dice Jairo Hernando Vivas, médico forense experto en identificación humana del MEIF, y agrega: “Eso lo hace mucho más complejo y exigente”.

“¿Qué va a ser lo más difícil? Si bien es difícil trabajar o tener información de las personas dadas como desaparecidas en el país, mucho más difícil va a ser tener la de otros países”.

El MEIF trabaja para mejorar la información que recolectan y someten las fiscalías locales al hacer exhumaciones de restos hallados de 2019 hacia atrás. Ahora, trabajan con al menos tres fiscalías locales, las de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, en un proyecto de identificación retrospectiva para estudiar los cuerpos que están sin identificar en las morgues.

En la entrevista aclara que ellos solo dan la metodología a las fiscalías e intentan hacer los match del ADN con nombres de las bases de datos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. “Los dueños de la información siguen siendo las fiscalías estatales”, reiteró, y agregó: “Todo el tiempo tanto la información como el cuerpo sigue en custodia de las fiscalías”.

Sin embargo, el trabajo con las fiscalías se da con convenios, a los cuales estas no están obligadas a firmar o seguir. Por lo tanto, para trabajar con el MEIF deben confiar en la “voluntad política”.

Buscar desde Centroamérica

Cecilia Delgado Grijalva es una buscadora mexicana. Ella fundó Buscadoras por la Paz, un grupo de madres buscadoras de Hermosillo, Sonora, cuando desapareció su hijo, que tiempo después encontró muerto. Ahora busca también a su sobrino.

Una madre que sale al campo con un pico y una pala para darle, al menos, un descanso en paz a su hijo, es testimonio vivo de la grave realidad que atraviesa México. Pero, también lo es de la lucha y persistencia de estas mujeres que no dejan de buscar.

A ella acuden, por teléfono o redes sociales, madres de Centroamérica, Guatemalaen particular, para pedirle su ayuda.

“Tengo muchos casos en la página de madres que pierden a sus hijos en camino al sueño americano. Me hablan llorando, me dicen que estaba en un lugar cuando fue la última vez que se comunicó con ellas. Y nosotras no tenemos el acceso rápido a una búsqueda inmediata. Eso nos mata, no poderlas ayudar al 100%. Puedo ayudarles a difundir su ficha de búsqueda pero muchas veces están en otros lugares, como Tamaulipas, y no tenemos acceso. Y pues la verdad que siento su sufrimiento y más porque ellas no pueden estar acá en México”, contó Cecilia en medio de una búsqueda en marzo.

“Las vuelven a revictimizar cuando ellas piden su visa humanitaria para venir acá a buscar a sus hijos. Se encuentran con muchas trabas”, explicó. “Sufrimos lo que ellas están sufriendo y sabemos lo que es ese dolor”.

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

La iglesia católica convocó hombres a una caminata en la ciudad en petición de paz

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Feligreses católicos hombres realizaron una caminata por la paz en las calles de la ciudad ayer por la tarde, convocada por la diócesis Chilpancingo-Chilapa, ante los últimos hechos de violencia ocurridos en la capital.

De acuerdo con la convocatoria, el llamado sólo era para hombres. La caminata partió del parque Margarita Maza de Juárez hacía la catedral de la Asunción de María, ubicada en el zócalo de la ciudad capital.

“Rosario de hombre por la paz, por la familia, la paternidad, por los sacerdotes y por la iglesia católica”, se leía en la convocatoria.

Entre los asistentes estuvieron adultos, jóvenes y niños con rosarios y al frente del contingente llevaron un cuadro de la virgen de Guadalupe.

Al llegar al centro de la ciudad, el contingente de unos 100 hombres se arrodillaron frente a la entrada principal de la catedral de la Asunción de María y rezaron. En sus oraciones pidieron por la paz de la ciudad y un alto a la violencia.

Esta movilización de la iglesia católica ocurre en un contexto marcado por la violencia en Chilpancingo de hace más de un mes.

Una noche antes de la caminata por la paz, un chófer del transporte público fue asesinado a balazos detrás del Ayuntamiento de Chilpancingo, en pleno centro de la ciudad.

El coordinador del Frente Nacional por la Familia y uno de los organizadores de la caminata, Gerardo García Sánchez, dijo que esta acción fue dirigida a los hombres porque “en la mayoría de los casos los delitos son cometidos por varones”.

En Chilpancingo continúa la violencia contra choferes del transporte público, este fin de semana un taxista fue asesinado y otro estuvo como no localizado por más de 24 horas.

El viernes un taxista fue asesinado en el estacionamiento de la Farmacia del Ahorro ubicada sobre la avenida Ignacio Ramírez, esquina con Valerio Trujano, en el primer cuadro de la ciudad, detrás del Ayuntamiento de Chilpancingo.

Alrededor de las 22:30 horas fue reportado al número de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno; al llegar confirmaron un ataque contra una unidad del transporte público y su chofer.

De acuerdo con el reporte policial, atacaron el taxi número 232 de Radio Taxi Capital y el chofer tenía varias heridas de bala en la cabeza. Estaba muerto.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias de ley correspondientes y localizaron varios casquillos de arma corta. El cadáver del chofer fue trasladado a la morgue y fue identificó con el nombre de Marcial «N».

Con este caso suman 20 choferes del transporte público asesinados desde el 8 de julio pasado, día en que de manera violencia fueron asesinados cuatro taxistas y cinco unidades fueron incendiadas.

Desde entonces, en distintos hechos en esta ciudad, Juan R. Escudero y Tixtla otros 15 trabajadores del volante fueron asesinados. Además de que los homicidios y desapariciones en contra de la población aumentaron desde junio pasado.

 

Tres días después, la FGE acude a zona nahua a levantar la denuncia sobre integrantes del Cipog-EZ desaparecidos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Tres días después de la desaparición de los jornaleros que son integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió Alcozacán a levantar la denuncia por desaparición, confirmó el representante de la organización, Jesús Plácido Galindo.

La desaparición de Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral ocurrió la mañana del jueves 17 de agosto, después de llegar a Chilpancingo provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa. El personal de la FGE acudió hoy a la comunidad.

“Lo último que nos avisaron ya estaban en la Urvan que viene a Chilapa y de ahí ya nadie supo nada”, dijo Plácido Galindo en entrevista telefónica.

De acuerdo con Placido Galindo, a las once de la mañana de hoy acudió personal de la FGE para levantar las denuncias de los tres desaparecidos.

El día de ayer, el Cipog-EZ comenzó un bloqueo carretero por la desaparición de sus tres integrantes y para exigir un acercamiento con el gobierno estatal, y solicitar a la FGE la búsqueda inmediata de los desaparecidos y justicia para dos personas de su organización asesinadas el domingo pasado.

El bloqueo continúa hasta esta tarde en la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de Alcozacán. Los habitantes de la zona nahua de la Monataña baja, a la que también pertenece Zacapexco, de donde son originarios los jornaleros desaparecidos, exigen la búsqueda de sus paisanos y compañeros, además de un alto a la violencia en la zona y el desmantelamiento del grupo criminal Los Ardillos, a quienes señalan como culpables y principales generadores de violencia.

“Si sienten que el tema es de competencia del gobierno federal de alto nivel, pues, con ellos queremos mesa de diálogo; sólo así desbloquearemos la carretera”, mencionó Plácido Galindo.

Antes que incitaran el bloqueo ayer, los integrantes del Cipog-EZ marcharon por la comunidad de Alcozacán, donde pidieron justicia por sus tres desaparecidos del 17 de agosto y los dos asesinados la mañana del domingo 13, en la cabecera municipal de Chilapa, mientras compraban combustible en una gasolinera.

“Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan (…) se encontraban trabajando y regresaban de la cabecera municipal a su localidad de origen cuando fueron sorprendidos por civiles armados; (las víctimas) estaban desarmadas y no tuvieron la oportunidad de defenderse”, mencionó uno de los oradores del mitin.

Por los hechos, el Cipog-EZ señaló al grupo criminal Los Ardillos.

En la protesta, el Concejo hizo un llamado a las familias de víctimas de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas a sumarse para que de manera conjunta reclamen justicia.

“Es por esta falta de justicia y legalidad que marcharemos e iniciaremos un bloqueo indefinido en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera para exigir la seguridad y justicia a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solicitamos una mesa de diálogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero. Basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada; no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera”, se lee en un comunicado emitido después de iniciar el bloqueo.

“No vamos a liberar hasta que lleguen los que le competen resolver nuestras demandas, porque aquí la exigencia es detener un genocidio que el gobierno está permitiendo”, agregó Plácido Galindo.

Hasta el momento la FGE no ha emitido las fichas de búsqueda de los tres desaparecidos del Cipog-EZ.

 

La violencia en Guerrero afectó el desarrollo económico: Coparmex

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

18 de agosto del 2023

Chilpancingo

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que la inseguridad de los últimos meses en Guerrero «impactó de manera negativa al desarrollo», esto tras varios días sin transporte público en la capital y con la reducción de horarios de muchos establecimientos por miedo.

Esta mañana en Chilpancingo ocurrió una reunión entre representantes agremiados de centros empresariales de las ciudades de Guerrero, como Chilpancingo, Acapulco, y de Morelos, donde e los dirigentes locales de la capital y el puerto coincidieron en que la violencia disminuyó la actividad económica en Guerrero.

«Sobre lo que ha sucedido aquí en la ciudad, ciertamente ha mermado al comercio y las empresas, y sabemos que necesitamos aliados y por eso hemos llamado a la seguridad y a que los tres órganos de gobierno planteen una buena estrategia de seguridad», mencionó el representante de Coparmex en Chilpancingo, Iván Salgado Ramírez.

En una de sus participaciones el presidente de Coparmex en Acapulco, Luis Enrique Herrera, reconoció que el aumento de la violencia en el municipio «ha mermado las acciones de desarrollo».

“Sí nos ha pegado mediáticamente, internamente el desarrollo del puerto”, dijo y después agregó que falta coordinación entre los gobiernos y el sector empresarial para garantizar la seguridad.

Mencionó que como Coparmex, en Acapulco, tienen la disposición de otorgar las cámaras de seguridad en sus establecimientos a las fuerzas de seguridad para que, dijo, «haya una mejor y mayor coordinación en materia de seguridad para ese sector, y para la sociedad en general».

En Chilpancingo y Acapulco, el último mes la violencia aumentó considerablemente.

En la capital, 19 chóferes de unidades del transporte público fueron asesinados y ocho unidades incendiadas entre Tixlta y Chilpancingo durante este último mes.

Los ataques contra los choferes del transporte público generó en tres ocasiones fuera suspendido en su totalidad el servicio.

Con esta reducción también muchas unidades de transporte han reducido horarios, lo que ocasiona que los usuarios limiten sus horarios para llegar a su destino.

A las ocho de la noche muchas unidades del servicio público dejan de circular en el centro de la ciudad.

«En otro tiempos, antes de toda esta violencia, hasta las 10:00 o 10:30 había negocios abiertos y gente en las calles, ahorita a las ocho ya está todo vacío», mencionó una comerciante del centro de Chilpancingo.

En el caso de Acapulco, durante la primer quincena de agosto ocurrieron una serie de hechos violentos que van desde asesinatos, desapariciones, quema de unidades del transporte y bloqueos carreteros.

El andador Emiliano Zapata, en el Centro de Chilpancingo, luce vacío y con negocios cerrados. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).

 

Desaparecen tres jornaleros del Cipog-EZ

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero/ Archivo

18 de agosto del 2023

Chilpancingo

 

Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral, tres jornaleros integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que llegaron de Sinaloa ayer, desaparecieron durante el trayecto de Chilpancingo a Chilapa.

De acuerdo con la información del Cipog, el objetivo de Nicolás, Ángel y Marcelino era llegar a Zacapexco, su comunidad natal. Arribaron a Chilpancingo a las siete de la mañana de ayer (17 de agosto) provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, y abordaron una Urvan del transporte público Chilpancingo – Chilapa; esa fue la última vez que tuvieron contacto con ellos.

«Se ha perdido toda comunicación con ellos», difundió el Cipog-EZ en un comunicado.

El Cipog-EZ llamó a los instituciones de derechos humanos y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a intervenir para la búsqueda y localización de los jornaleros.

«Responsabilizamos al presidente (municipal de Chilapa) Aldy Esteban Romá, a los síndicos Nestor Parra Domínguez y Rosa Elena Chávelas Gutiérrez por la desaparición de los compañeros y la permisibilidad de todos los asesinados, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas», se lee en un comunicado del Cipog-EZ.

Esta es la segunda agresión que integrantes del Cipog sufren en menos de una semana.

El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos personas mientras cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.

El informe policial mencionó que alrededor de las once de la mañana en la gasolinera Jardines, ubicada en la avenida Eucaria Apreza, una de las principales de Chilapa, a unos metros de mercado central, se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Los hombres armados llegaron a la estación de servicio y dispararon contra la persona que estaba afuera de un camioneta marca Nissan doble cabina y después dispararon contra la otra persona permaneció dentro del vehículo.

Las víctimas fueron Esteban «N», de 40 años y su hijo Juan «N», de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa e integrantes del Cipog.

En un comunicado después del ataque contra Esteban y Juan, el Cipog señaló al grupo criminal Los Ardillos de ser los responsables del crimen y exigió al gobierno del estado justicia y castigo a los responsables.

«Nos están asesinando y ningún gobierno llámese municipal, estatal o federal nos protege», reportó esta mañana el Concejo.

El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios que opera en la Montaña baja de Guerrero, su activismo en defensa del territorio y los derechos de las comunidades los llevaron a crear un grupo de autodefensa para protegerse del grupo criminal de Los Ardillos.

Integrantes del Cipog-EZ protestan durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de octubre del 2022, a la Montaña de Guerrero para exigir seguridad y un alto a Los Ardillos. Foto. Oscar Guerrero (Archivo Amapola)

 

Mujer recibe 7,500 por granada, morteros y tiros en el canje de armas de fuego al Ejército

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Por la violencia que existe en Chilpancingo, el Ejército instaló un módulo de canje de armas de fuego en el zócalo de la ciudad hasta donde llegó una mujer con una granada, dos morteros y 39 balas.

La mujer que sólo dijo que venía de una comunidad de la Sierra, recibió de un mando del Ejército 7,500 pesos en efectivo por la entrega del armamento.

Causó expectación la llegada de la mujer porque traía una bolsa con la granada, las dos municiones conocidas como morteros y las 39 balas.

Después de sacar el armamento de la bolsa dio sus datos a los oficiales del Ejército. Firmó varios documentos y recibió el dinero.

El programa de la Sedena establece que la persona que canjee sus armas por dinero en efectivo o artículos para el hogar no se les hará ninguna investigación judicial.

Desde este miércoles el Ejército instaló en el zócalo de Chilpancingo el módulo para este canje, y en el primer día nadie llegó a realizar el intercambio.

Este jueves sólo acudió al módulo la mujer con la granada y los demás artículos.

A las tres de la tarde, el grupo de militares levantaron el módulo y se retiraron.

El canje de armas de fuego por parte de la Sedena ocurre en un contexto complicado; desde hace más de un mes se han contabilizado unos 20 hechos de violencia, entre los que destacan asesinatos, privación de la libertad de personas, ataques a bases de transporte público e incendios de más de 10 de estas unidades.

En un mes, choferes de taxis, camionetas Urvan de transporte público y foráneo fueron asesinados a balazos, cuatro de ellos calcinados en el interior de sus unidades.

Durante varios días el transporte público paró el servicio y la semana pasada reanudó después de un despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal en las calles de Chilpancingo.

«Lo único que nos dio el gobierno estatal fue una despensa», dijo el chofer de una combi de la ruta Centro-Mercado-Normal.

En Chilpancingo, la paz en la calles sigue prendida de alfileres.

 

Cumple centro de salud en Metlatónoc 15 días con la atención en estacionamiento por daños a edificio

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Centro de salud de Metlatónoc

Chilpancingo

Personal médico del centro de salud de Metlátonoc, en la Montaña, cumplió 15 días con la atención a los pacientes en el estacionamiento del edificio, por las malas condiciones físcicas del inmueble.

Azucena Ortiz, enfermera del mencionado centro de salud, contó que desde hace un años comenzó el deterioro del edificio, pero se agravó durante esta temporada por lluvias; por su seguridad y la de los pacientes decidieron cancelar todos los servicios.

Ahora atienden urgencias en el estacionamiento y dentro de una ambulancia.

«Primero (el edificio) comenzó con problemas de humedad, luego goteras, después unas cuarteaduras; de repente hace como seis meses una parte del techo se cayó y con las lluvias, pues, nos inundamos; el desprendimiento del techo fue más evidente», contó Azucena.

El problema ahora no es sólo el personal médico. De acuerdo con la enfermera hay pacientes que atienden en sillas de plástico, en el piso y a quienes llegan muy graves, en una ambulancia.

«Ahorita tenemos una paciente de diabetes que llegó con la azúcar muy alta y ya lleva dos días con diarrea y vómito, y por el momento se atiende dentro de la ambulancia ya que la sala de atención médico esta completamente inundada», agregó la enfermera.

Además de las malas condiciones del inmueble, uno de los problemas a los que ya se enfrentaba el centro de salud es que no tiene el equipo necesario para atender a los pacientes.

Victoria León es originaria de Metlatónoc, tiene ocho meses de embarazo; le faltan pocos días para su parto, pero por falta de equipo médico desconoce el sexo de su hijo o si viene con alguna mala formación.

Todos sus ultrasonidos se los mandaron a realizar a Tlapa de Comonfort, pero es complicado para ella, por el gasto y la lejanía.

«Es muy riesgoso por los caminos y por la lluvia», mencionó Victoria en uno de los videos que constantemente difunden los trabajadores del centro de salud para denunciar las condiciones del lugar.

Desde el 1 de agosto pasado, el personal médico, de enfermería y administrativo del centro de salud anunció que cerró sus instalaciones y suspendió el servicio a la población por daños graves en el edificio.

Desde entonces sólo atiende urgencias y mujeres embarazadas en el estacionamiento del lugar.

Esta decisión, explicó en su momento el personal, fue para «no poner en riesgo a las personas que requieran algún servicio de salud».

Por las fuertes lluvias en Metlatónoc de hace 15 días, el edificio del centro del centro de salud sufrió la caída del plafón del techo, y con esto inundaciones en varias áreas del inmueble.

La titular de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG), Aidé Ibarez Castro, informó que el próximo jueves instalarán un hospital móvil en Metlatónoc e iniciarán la construcción de un hospital con apoyo del gobierno federal.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el centro de salud de Metlatónoc es un ejemplo del abandono y la indolencia de las autoridades.

Mediante un comunicado mencionaron que «es inadmisible que se siga dando consulta sobre charcos de agua y que una sala de operaciones tenga el techo dañado, por donde se filtra el agua».

Tlachinollan recordó que en octubre del 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Metlatónoc y se comprometió a construir un hospital.

Aun con esas promesas «nada ha cambiado, más bien, está a punto de colapsar la única institución médica que atiende a más de 60 comunidades na savi de la cabecera municipal», se lee en otra parte del comunicado.

 

Protesta la Banda de Música del gobierno estatal por falta de instrumentos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía 

Chilpancingo

Integrantes de la Banda de Música del gobierno del estado iniciaron ayer una protesta ante la falta de apoyo gubernamental para tener nuevos instrumentos musicales, mobiliario y equipo de audio.

La banda que se presenta los martes, jueves y domingos en el quiosco de Chilpancingo anunciaron el inicio de su protesta para exigir instrumentos en buen estado.

La tarde de ayer, los músicos llegaron como de costumbre al quiosco, pero esta vez no tocaron ninguna canción; en su lugar colocaron dos lonas para informar a la ciudadanía de su protesta.

«Sra. Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda no nos olvide, somos la Banda de Música con más de 100 años de tradición y cultura en la capital», se lee en una de las lonas.

De acuerdo con los músicos, los instrumentos que tienen son desde hace 10 años y están en malas condiciones por su constante uso.

«Los integrantes de la Banda de Música de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero hacemos de su conocimiento el abandono total en que nos mantienen nuestras autoridades, ante una gran indiferencia hacia nuestras necesidades como son instrumentos nuevos, ya que con los que contamos, adquiridos hace más de 10 años, están en malas condiciones; accesorios que son indispensables para el buen desempeño musical, mobiliario, equipo de audio, entre otros, para poder ofrecer al pueblo de Guerrero audiciones de mayor calidad música», se lee en la lona principal que colocaron los músicos en el quiosco.

«¡Guardaremos silencio para ser escuchados!», escribieron en la lona sobre su protesta.

En lugar de tocar canciones, los integrantes de la banda de música sólo se sentaron en sus sillas y permanecieron ahí durante las dos horas en las que normalmente tocarían.

Desde marzo pasado, los músicos denunciaron la falta de atención de las autoridades hacía ellos.

Aquella ocasión, los músicos denunciaron que el gobierno estatal no les entregaba sus uniformes, que consta de una guayabera blanca, pantalón y zapatos negros; además de un uniforme de gala: traje negro, camisa blanca y corbata.

Durante dos meses, los 29 integrantes de la banda acudieron a tocar al zócalo sin uniforme, hasta que a inicios de abril se los otorgaron.

Esta vez la protesta es para los instrumentos y hasta el momento no han tenido acercamiento con autoridades estatales.

 

Desaparece hermano del comisario de Jaleaca de Catalán que fue asesinado en 2021

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Alejandro Arcos Fuentes desapareció el 15 de junio del 2023, de acuerdo con testigos, un grupo de hombres se lo llevaron al salir de un ferretería en el centro de la comunidad serrana de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo.

A un mes de los hechos, denunció la familia, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha realizado una búsqueda en el poblado y sus alrededores para dar con el paradero de Alejandro.

Esta no es la primera vez que la familia Arcos Fuentes es víctima de la violencia que ocurre en la Sierra de Guerrero.

El 21 de mayo del 2021, el hermano de Alejandro, Marco Antonio Arcos Fuentes, que se desempeñaba como comisario de Jaleaca, fue asesinado en Chilpancingo días después de organizar un marcha para exigir a las autoridades ambientales detener la tala inmoderada de arboles en la sierra de Chilpancingo.

Marco Antonio, en los primeros meses de 2021 encabezó protestas en Chilpancingo para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener la tala inmoderada de árboles que ocurre desde hace 10 años en los alrededores de Jaleaca lo que ocasionó la disminución de agua en los manantiales.

Dos días antes de su asesinato, Marco Antonio retuvo a funcionarios de la Semarnat y Profepa para exigir solución a la petición de detener la tala de árboles.

Por su parte, Alejandro desapareció en el centro de Jaleaca después de comprar unas varillas para construir una tumba para una de sus sobrinas.

«Estabamos de luto, estabamos enterrando a una sobrina y Alejandro para ayudar a su cuñado fue a la ferretería para comprar el material para construir la tumba, y fue de regreso que nos dijeron que unas personas se las llevaron», contó Maritza Arcos Fuentes, hermana de Alejandro.

Para exigir la pronta aparición con vida de Alejandro, su famila organizó una marcha del Monumento a las Banderas con dirección al edificio de la FGE.

Desde el caso de Marco Antonio y ahora el de Alejandro, la FGE es omisa y en ninguna de las investigaciones da resultados, denunció Maritza.

«En el caso de Marco Antonio nunca nos entregaron sus pertenencias, empezando por su teléfono y es hora que no sabemos nada de las investigaciones», dijo Maritza.

Otra de las denuncias que hizo la familia es que a un mes de la desaparición de Alejandro el personal de la FGE no ha realizado búsquedas en campo.

La marcha llegó a la FGE donde fueron atendidos por personal de la Fiscalía Especial de Desaparición de Personas.

Tixtla, la ciudad del miedo y la complicidad del gobierno

Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

 

El 30 de julio fue hallado el cadáver de Marco Antonio Benegas Cortés, en un paraje de Tixtla. Tenía ocho días desaparecido.

Marco Antonio, de 33 años de edad, aspiraba a ingresar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Fue visto la última vez la tarde del sábado 22 de julio en la normal donde iniciaba su “semana de prueba” para ser admitido como alumno.

La desaparición y asesinato de Benegas Cortés es el reflejo de lo que se ha convertido Tixtla: un pueblo sin ley.

Desde hace más de una década distintas organizaciones criminales, asociadas con las autoridades en turno se han adueñado de este municipio.

En 2015, José Luis Ortega Abarca, alías La Gringa, medio hermano del entonces alcalde de Tixtla, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca, fue asesinado a balazos por presuntos integrantes de la organización criminal de Los Ardillos.

La Gringa era funcionario de la administración que encabezaba su medio hermano y además uno de los principales operadores en Tixtla de la organización criminal de Los Rojos. Obedecía órdenes de su jefe inmediato, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, principal líder de esta agrupación en Chilapa.

Zenén Nava fue detenido en 2019 y actualmente está preso en la cárcel de Acapulco.

El asesinato de La Gringa, en 2015, marcó la llegada a Tixtla de la organización criminal Los Ardillos y también el arranque de una nueva administración municipal encabezada por el perredista Hossein Nabor Guillén, en enero del 2016, después de ganar las elecciones extraordinarias al priísta, Saúl Nava Astudillo.

Nava Astudillo fue asesinado a tiros por hombres armados en enero de 2022 en pleno centro de Tixtla, ya bajo el dominio total de Los Ardillos.

Así, Tixtla es actualmente un polvorín y sin gobierno. 

Y esto se vio en distintas fechas de julio pasado cuando hubo una cascada de hechos de violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero por la pugna entre las organizaciones de Los Tlacos y Los Ardillos.

A plena luz del día, durante julio, hombres armados asesinaron a cuatro choferes de dos taxis y dos camionetas urvan de transporte de rutas foráneas en distintos puntos de Tixtla. Los cuatro cadáveres estaban calcinados en sus unidades.

El 9 de agosto, en la conmemoración del 241 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, los habitantes de Tixtla se sorprendieron cuando vieron en las calles el despliegue de soldados del Ejército, Guardia Nacional, Marina, y Policía Estatal.

Pero esta operación no sería utilizada para darle seguridad a los tixtlecos sino a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, funcionarios estatales, diputados federales y locales que ese día asistieron a Tixtla a la ceremonia oficial.

Terminó el evento oficial y la retirada de las fuerzas federales y estatales.

En Tixtla el morenista Moisés Antonio González Cabañas es el alcalde de este municipio y desde que asumió el cargo, en 2021, Los Ardillos han fortalecido su poder. Nada se mueve en ese municipio sin que esta organización criminal se entere.

Las desapariciones y asesinatos en Tixtla se han incrementado en los dos últimos años. La prueba es el caso del aspirante a alumno de Ayotzinapa, desaparecido y asesinado y cuyo caso la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dicho nada.

Desde 2015, en que Los Ardillos desplazaron a Los Rojos en Tixtla, políticos del PRD han tenido un crecimiento electoral. Una de las principales figuras es Bernardo Ortega Jiménez quien cuatro veces ha sido diputado local, tres por el distrito 02 y una vez por la vía plurinominal. Es, pues, una rara máquina electoral.

Erika Alcaraz, integrante del grupo político de Ortega Jiménez, fue diputada local de 2015 al 2018 y luego brincó a la alcaldía de Tixtla en el período 2018-2021.

Durante la administración de Erika Alcaraz, Los Ardillos se afianzaron en Tixtla.

La noche del 6 de junio de 2021, González Cabañas no creía haber ganado la alcaldía en Tixtla derrotando a Erika Alcaraz, quien pretendía reelegirse en el cargo. 

¿González Cabañas en serio se sorprendió de su victoria o solo dijo medias verdades?

En 2018, González Cabañas perdió ante Ortega Jiménez en la elección a diputado por el distrito 02. 

El morenista sólo ganó la cabecera de Tixtla, pero fue abrumadoramente rebasado en las urnas por Ortega Jiménez en Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapan y Zitlala.

González Cabañas es egresado de la normal de Ayotzinapa que como alcalde no tiene el control del municipio. En los primeros meses de haber asumido el cargo lo obligaron a destituir a varios funcionarios y le impusieron a otros.

La policía municipal tampoco está bajo su control. El morenista es sólo un administrador y no tiene el control político de su municipio.

González Cabañas se la lleva de «a muertito» dejando el espacio vacío para que gobierne la delincuencia.

Por cierto, durante la ceremonia oficial por el natalicio de Vicente Guerrero el pasado 9 de agosto, la gobernadora morenista Evelyn Salgado habló de la heroicidad del consumador de la Independencia, pero omitió referirse a la situación que viven los tixtlecos y de otros municipios sacudidos por las organizaciones criminales.

El mensaje de la mandataria hace recordar a viejos políticos del PRI y PRD que en los actos oficiales del 9 de agosto lo utilizan para su lucimiento político.

Candidatos del PRI a gobernadores como José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros arrancaron su campaña política en Tixtla y una de sus principales promesas que les hicieron a los tixtlecos fue la construcción de la red de drenaje y planta tratadora.

En la administración de Juárez Cisneros se construyó la red de drenaje que no funcionó y la planta tratadora de aguas residuales que está abandonada en las afueras de Tixtla, rumbo a la comunidad de Atliaca.

En su discurso del 9 de agosto a Evelyn Salgado se le olvidó resaltar la importancia que tiene este municipio de Tixtla en la historia de Guerrero.

Por ejemplo, que durante la época de las leyes de reforma, en 1851, Tixtla pasó a ser la capital del estado y en la guerra por la Independencia del país fue el principal centro de operaciones de Vicente Guerrero.

Tixtla siempre ha vivido situaciones difíciles, desde conflictos poselectorales, desastres naturales y autoridades municipales que se han enriquecido del erario público.

Lo que ha marcado a Tixtla y la historia del país, es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014.

Lo que hoy afrontan los tixtlecos es que ni siquiera pueden tener una vida normal porque no saben en qué momento podrían ser víctimas colaterales de la violencia provocada por Los Ardillos. Y en esto, la autoridad simplemente está de adorno o de florero, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Chirrionazo: La tarde del 9 de agosto se hizo entrega del reconocimiento de Barrio Mágico a El Santuario, en Tixtla, al que González Cabañas invitó a otros ediles y funcionarios, y todavía, nos cuentan, que pidió a los pobladores que aportaran dos mil mixiotes para la gorra, obviamente lo mandaron a volar al alcalde morenista, quien tuvo que pagar la comida de sus invitados. 

El Caracol, comunidad de la Sierra, sufre ataques aéreos

Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Captura de video 
15 de agosto del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, denunciaron a través de redes sociales que desde el jueves son víctimas de ataques con bombas lazandas por drones que serían perpetuados por el grupo criminal de la Familia Michoacana.

Videos difundidos en Facebook por los propios pobladores muestran cómo cae una bomba en un cerro cerca del poblado.

En otro video se ve cómo una de las bombas destrozo el techado de una casa y pertenencias de una familia.

«Destuyó todo aquí, todas la cosas de mi suegro que tenía arriba», dice una mujer en el video.

Por las agresiones el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, mediante un comunicado, exigió a los tres niveles de gobierno garantizar la vida, la integridad física y psicológica de los habitantes de El Caracol.

«Los habitantes refieren que desde el jueves 10 de agosto han estado nuevamente expuestos a tiroteos y los han estado agrediendo con bombas mediante drones. Incluso refieren que el día domingo lanzaron cerca de 30 bombas en su comunidad», se lee en el comunicado.

De acuerdo con los pobladores de El Caracol, estos ataques comenzaron desde mayo.

El 3 fueron lanzadas seis bombas en la comunidad, lo que provocó que varios pobladores salieran de El Caracol para protegerse de los ataques.

Estos pobladores se refugiaron en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo.

Desde mayo, los ataques en contra de la comunidad son constantes y a través del mismo modus operandi; ataques aéreos a través de drones con bombas caseras.

Por los ataques varios pobladores tuvieron que desplazarse a la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, Tlacotepec, “para intentar resguardarse de las agresiones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.

El Centro Minerva Bello pide a las autoridades «garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias; se investiguen y deslinden responsabilidades por los ataques armados y el cese inmediato de los ataques contra la población».

El Caracol es un poblado que colinda con el municipip de Apaxtla, lugar donde la violencia generada por los grupos delictivos Los Tlacos y la Familia Michoacana y las omisiones de las autoridades dejaron varias personas asesinadas y desaparecidas en los últimos meses.

En el caso de El Caracol, la violencia ya dejó sin educación a los menores de edad, quienes pidieron al gobierno federal y estatal la presencia de maestros de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

De acuerdo con el representante del Centro Minerva Bello, el párroco Filiberto Velázquez Florencio, desde que comenzaron los ataques, hace cinco días, ninguna autoridad de seguirdad y del gobierno del estado acude al poblado a apoyar a los habitantes.

Uno de los explosivos detonó en un cerro cercano al poblado y los habitantes grabaron la escena. Foto: Captura de video

 

 

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