Desaparecieron de su parcela, en el crucero El Otate, cerca de Tlapa
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Salvador Cisneros
24 de junio del 2020
Gregorio Santiago Otila murió el 8 de junio pasado sin saber el paradero de su esposa, hija y su nieta de seis años, desaparecidas el 22 de agosto del 2018 en Tlapa, municipio de región Montaña.
Las tres desaparecieron cuando trabajaban en un terreno ubicado en el crucero de El Otate, cerca de Tlapa, denunciaron familiares de Gregorio.
Allí, en el crucero de El Otate, la madre de familia, tenía un criadero de puercos. Ese día, alrededor de las seis de la tarde, separaba el desperdicio de la basura que había recogido de las fruterías del centro. Estaban con ella su hija y su nieta.
Vecinos y familiares salieron a buscarlas. Tocaron las campanas de la iglesia de Atlamajac, su comunidad, pero nada supieron de ellas.
Gregorio era suboficial de Policía Estatal. Se unió al Colectivo Luciérnaga para buscar a su familia. Este colectivo surgió a finales de octubre del 2019 tras la desaparición del activista Arnulfo Cerón Soriano.
El Colectivo Luciérnaga exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) seriedad en las investigaciones sobre personas desaparecidas porque la gente fallece sin pistas del paradero de sus seres queridos, como el caso del policía estatal.
La imagen corresponde a una de las búsquedas, con la participación de policías y militares, para ubicar al activista Arnulfo Cerón.
Morir en estado de angustia
Gregorio tenía diabetes, enfermedad que se le agravó cuando desaparecieron a las tres mujeres de su familia. Todos los males que padecía se acentuaron por la preocupación de no saber del paradero de su esposa, hija y nieta.
El 15 de febrero del 2020, el suboficial de la Policía estatal le pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores su intervención para que le otorgaran incapacidad total y permanente.
Gregorio envió una carta a Astudillo Flores en la que escribe el diagnóstico médico de su situación. Padecía diabetes mellitus tipo ll descompesada, más glaucoma crónico y su campo de visión era bajo, prácticamente estaba perdiendo la vista.
Así, Gregorio cumplía con su trabajo y buscaba a su familia, pero cada vez era más difícil hacerlo.
Le explica: “Mi familia y mi persona hemos sido víctimas del crimen, ya que el día 22 de agosto del 2018, personas raptaron a mi esposa, a mi hija y a mi nietecita de seis años de edad que hasta la fecha no se sabe nada de su paradero”.
“Cuatro niños de mi hija desaparecida quedaron a mi cargo, uno de ellos estudia el CEBACH en Tlapa, una niña estudia el nivel de secundaria y está por concluirla y dos más están haciendo sus estudios de primaria. Por parte de mi esposa también desaparecida tengo a mi cargo dos hijos ya adolescentes, una de mis hijas ya es mayor de edad y su sueño fue estudiar Odontología, pero con lo que nos sucedió sus sueños se vinieron abajo, y el último en plena juventud está estudiando en el CEBACH de Tlapa”.
También expuso al mandatario que no había justicia. El señor manifestó una realidad que prevalece hasta después de su muerte: la FGE no ha avanzado con los trámites ni investigaciones para hallar a sus familiares.
Gregorio murió sin saber de los avances de las investigaciones de su familia. La pandemia por la Covid-19 implicó una pausa larga en las indagatorias.
Aparte, Gregorio recibía amenazas por participar en el Colectivo y por exigir justicia. En esa carta dirigida al gobernador también le expuso que temía por su vida. Le pidió protección.
Tres meses después la carta, la salud de Gregorio se deterioró más, se complicó al grado de no levantarse de la cama.
El 8 de junio, un día antes de una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gregorio falleció a consecuencia de los males que explicó en su carta al gobernador.
En la reunión del 9 de junio, la que esperaba Gregorio con esperanza de tener información, la FGE no informó de ningún avance, indicaron los integrantes del Colectivo Luciérnaga que acudieron.
