Frente a la excavación de un pozo para trasladar agua de la comunidad a empresas privadas, dos activistas por la defensa del agua y el territorio fueron vinculados a proceso después de una audiencia que organizaciones sociales califican de arbitraria
Texto: Laura Buconi
Fotos: Cortesia Union de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua
Ciudad de México
28 de septiembre del 2025
Dos defensores del agua de San Miguel Xoxtla, Puebla, enfrentan proceso judicial tras manifestaciones contra la extracción de agua para empresas privadas. Un juez federal los vinculó a proceso reconociendo que no podía procesar a las más de cien personas que participaron en las protestas.
La audiencia de vinculación, celebrada el 5 de septiembre a petición de la FGR, fue descrita por el abogado defensor Tonatiuh Sarabia como «arbitraria» y carente de precisión en los delitos imputados. Los activistas Pascual y Renato ya habían enfrentado previamente una demanda de la empresa Agua de Puebla que fue desestimada por pruebas nulas, lo que para su representante legal evidencia un patrón de criminalización de la protesta social.
El conflicto surge de la excavación de un pozo que, según el acuerdo municipal, destinaría 50% del agua a Xoxtla y 50% a la ciudad de Puebla para uso de la empresa Concesiones Integrales. La comunidad alega que nunca fue consultada sobre el proyecto, lo que motivó el cierre de la autopista México-Puebla durante dos días en mayo, acción por la cual la CAPUFE calcula daños por un millón de pesos.
Pero este caso judicial es apenas la punta del iceberg de un conflicto que se extiende por décadas en la región cholulteca. ¿Por qué un juez admitió que no podía procesar a todo un pueblo pero decidió vincular específicamente a estos dos líderes? La respuesta parece estar enterrada en tres décadas de concesiones controversiales, donde según documentos oficiales y cálculos comunitarios, empresas privadas controlarían hasta el 92% del agua disponible, dejando a poblaciones originarias luchando por lo que califican como su derecho fundamental a la vida.
Represión gubernamental contra la lucha por el derecho al agua
Los pueblos cholultecas denuncian la existencia de lo que califican como acciones represivas por parte del gobierno estatal, los gobiernos municipales, Conagua y SOAPAP, y «campañas que se han desatado para inhibir la defensa del territorio». Según su versión, estas instancias han propiciado la explotación del agua de las comunidades de forma que ellos consideran al menos irregular para destinarla a empresas privadas durante décadas.
El 28 y 29 de mayo pasados, la comunidad de San Miguel Xoxtla se manifestó en contra de la excavación y puesta en funcionamiento de un pozo que pretendía llevar agua desde el municipio hasta la ciudad de Puebla, para que fuera aprovechada por la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., denominada Agua de Puebla.
«El municipio de Xoxtla había hecho un acuerdo con la empresa, en el que el 50% del agua del pozo iba a ser destinada a Xoxtla y el otro 50% a la ciudad de Puebla. Pero el municipio no consultó a la comunidad, que se manifestó por eso, exigiendo la cesación de las obras, en la autopista México-Puebla durante un lapso de 8 horas cada uno de los dos días», refiere un integrante de las comunidades indígenass en entrevista con Pie de Página.
La Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos), órgano encargado de las autopistas del gobierno federal, interpuso el 6 de junio una denuncia en la que calcula un millón de pesos de daños, por la suspensión de servicios en el tramo de autopista que no les permitió los cobros de casetas.
El 31 de julio, Pascual y Renato recibieron citatorios sobre el cierre carretero. Cabe mencionar que ellos ya habían sido demandados por Agua de Puebla a finales de mayo por supuesto daño a propiedad ajena y despojo en cuanto al predio del pozo; posteriormente fueron liberados ya que las pruebas que los señalaban fueron declaradas nulas. El 5 de septiembre fueron vinculados a proceso a petición de la FGR. Un juez federal en materia penal les dictó auto de vinculación a proceso. Este llegó a decir que «si hubieran identificado a los cien que se manifestaron, de todas maneras aquí no iban a caber todos, pero ustedes dos fueron identificados y (la fiscalía) dicen que son los coautores».
«Para empezar, los compañeros no debieron de haber quedado vinculados a proceso, ya que a manifestarse y a cerrar la carretera fueron más de cien personas, no solamente ellos. El mismo juez convino que no podía vincular a proceso a todo un pueblo, y que por esta razón las consecuencias iban a recaer únicamente sobre dos integrantes», expresó Tonatiuh Sarabia, su abogado defensor, en entrevista con Pie de Página. «La audiencia se condujo con arbitrariedad; no se les señaló con precisión el delito por el que estaban siendo imputados en la formulación de imputación, así como lo establecen las reglas generales del derecho penal», afirma.
«Lo que yo estoy viendo es que están tratando de criminalizar a los compañeros por su labor social.»
Otro punto importante por resaltar es que Pascual y Renato, después de una primera audiencia ante juez de control del estado de Puebla en la que no fueron vinculados a proceso, resultaron vinculados a petición de la FGR en la segunda audiencia, que tuvo lugar el 5 de agosto. «Se nos hace muy curioso que después de que la Fiscalía General del Estado y el poder judicial del Estado no pudieron hacer que este movimiento de resistencia se desactivara y desarticulara a través de la persecución judicial en materia penal en fuero común, ahora se intente hacer en el fuero federal», comenta Sarabia.
«Desafortunadamente, en la cultura jurídica que existe en el país erróneamente han separado el contenido político de las ideas y de los hechos del derecho. Como si el derecho fuera ajeno, pero no es cierto. El derecho es totalmente político. De hecho, nuestra Constitución, de donde emanan todas nuestras leyes, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, se está aplicando una especie de derecho penal del enemigo, que no ve a las personas como ciudadanos, sino como el enemigo al que hay que combatir, al que hay que exterminar a través de los mecanismos legales.»
«Se están violando el derecho a la legalidad, a la certeza jurídica, a la exacta aplicación de la ley penal, y el derecho al debido proceso. Están poniendo en duda el respeto a todos los derechos humanos de nuestros compañeros. Estamos ante el análisis del derecho a la protesta social, que es uno de los elementos principales y fundamentales de la democracia. Porque es el derecho a disentir», denuncia el licenciado.
«Y en este caso, sobre todo, esta protesta social y esta lucha que están llevando los compañeros, esa es una de las cosas más nobles. Se trata del derecho humano al agua. De un lado están los que ven a este líquido vital como un negocio para seguirse enriqueciendo, y seguir enriqueciendo a grandes empresas. Por otro lado están los pueblos que lo ven como el templo propiamente de la vida. Sin el agua ellos no viven, sus animales no viven, sus siembras y cosechas no viven.»
«Se trata de un debate que se viene dando desde hace muchos años en nuestro país, y en América Latina. Ya tenemos a Bolivia con las guerras del agua, y recientemente a Milei en Argentina, que acaba de privatizar el servicio de agua, con una empresa estatal del Estado de Israel. Ojalá la digna lucha que están encabezando los pueblos, y entre esos pueblos están nuestros compañeros Renato y Pascual, sirva para abonar a este debate, y poder dejar de ver al agua como un negocio, sino verla como un derecho fundamental para la continuación de la vida», concluye Tonatiuh.
A Pascual y Renato no les impusieron medidas cautelares, porque no existe la presencia de algún riesgo procesal de sustracción a la víctima, sociedad o proceso, y siguen a la espera de ser llamados a las próximas audiencias.
Historial de conflictos por concesiones de agua
La crisis hídrica en los pueblos de la región cholulteca, así como la defensa del agua por parte de las comunidades presentes en el territorio, ha existido al menos desde 1994, con las primeras concesiones para extraer agua de pozos de la comunidad de Nealtican para destinarla a la ciudad de Puebla.
En 1997, la comunidad firmó un convenio con Conagua, con el gobierno del Estado y con SOAPAP (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla), en el que se establecía que se iban a excavar tres pozos en San Miguel Xoxtla, para destinar ese agua (aproximadamente mil millones de litros de agua al año) a la ciudad de Puebla.
En el convenio se establecía que, de bajarse los niveles del agua en la región, la extracción se iba a suspender inmediatamente. Situación que no sucedió; al contrario, según reportan los pobladores, en la zona ya se secaron un río y algunos manantiales.
Según cifras de las comunidades, la cantidad de agua extraída equivale al 22% del total del agua concesionada del municipio de Xoxtla. Por otra parte, Ternium US, empresa dedicada a la producción de acero, también instalada en el municipio de Xoxtla, se llevaría 3 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que representaría el 70% del agua concesionada. Es decir que, según estos cálculos, entre dos empresas particulares, extraerían el 92% del agua de Xoxtla. La comunidad denuncia una escasez de agua treintenal, pero la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. de Puebla busca renovar el convenio.
Cabe añadir que la trasnacional Ternium ha sido señalada en reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación por su presunta vinculación con contextos donde se han registrado violaciones a derechos humanos en diferentes estados del país. Las comunidades de Ostula, Michoacán, y algunas de Jalisco han manifestado dichas acusaciones, aunque la empresa ha negado estas vinculaciones en comunicados oficiales.
Este es un texto original de Pie de Página, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización.
