La segunda mayor proveedora de abarrotes para distintos programas de seguridad alimentaria en México es una empresa rodeada de irregularidades que empieza a encender alertas entre especialistas en riesgos de corrupción, aunque no ha pasado lo mismo con las autoridades. Fue creada en 2023 e inmediatamente comenzó a ser invitada por funcionarios públicos a procesos de contratación cerrados a pesar de estar ilocalizable en su domicilio, no tener experiencia previa ni especialización que lo justifique. Entre 2024-25, ya ha recibido más de 800 millones MXN en contratos por adjudicación directa.
Texto y Foto: Elizabeth Rosales / Periodismo Empower
Jueves 14 de agosto del 2025
Una empresa de reciente creación, que nadie identifica en su domicilio fiscal y que tiene vínculos con una red de contratistas previamente investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, se convirtió en la segunda mayor proveedora de abarrotes para el Programa de Abasto Rural, una iniciativa federal de cobertura nacional que busca garantizar el acceso a alimentos básicos para familias en zonas rurales y semiurbanas.
Constituida en enero del 2023 en Jiutepec, Morelos, la empresa Comercializadora Familyduck, S.A. de C.V. fue fundada por dos hermanas que, según sus redes sociales, una trabajó previamente en venta de seguros y la otra en una central de autobuses. Ahora, reciben contratos públicos por adjudicación directa que, en total, superan los 833 millones de pesos.
En 2025, esta empresa concentró 14.7 por ciento de los recursos ejercidos para el Programa de Abasto Rural, más del doble que la siguiente contratista con mayor participación, Molinos Azteca, S.A. de C.V. —mejor conocida como Maseca, una marca de Gruma, S.A.B. de C.V. (BMV:GRUMAB)—, que recibió 7 por ciento del presupuesto gastado, según los contratos publicados en el portal de ComprasMX hasta julio del 2025.
Aunque ninguna de las dos accionistas tenía experiencia previa como empresaria o contratista, el titular de la marca Familyduck —y expareja de una de ellas— sí la tenía: Enrique Magaña del Valle.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Magaña también registró la marca de Todologos.com, S.A. de C.V., una empresa que ha sido proveedora de Diconsa —ahora Alimentación para el Bienestar— y que fue auditada por la ASF junto con Grupo Pelmu, S.A. de C.V. como parte de la revisión de la Cuenta Pública del 2023. Aunque el informe no lo nombra, esta última empresa tiene como representante legal a Yibrán Magaña del Valle, hermano de Enrique.
De acuerdo con ese informe, ambas empresas recibieron en conjunto más de 338 millones de pesos de Diconsa en 2023, y parte de esos recursos fueron transferidos a tres accionistas de otras empresas con las que en teoría debían competir por contratos. Adicionalmente, la ASF encontró que Grupo Pelmu no comprobó la prestación de un servicio por el cual recibió más de 400,000 pesos de Diconsa.
Este tipo de prácticas se consideran irregulares porque pueden constituir faltas administrativas graves, como la colusión que ocurre cuando dos o más partes colaboran en secreto para fijar precios o repartirse el mercado. Según la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), estos casos deben ser vigilados porque pueden generar daños al erario público al derivar en sobreprecios, corrupción y un uso ineficiente de los recursos públicos.
Las características de Familyduck y su vínculo con estas empresas, que fueron invitadas a participar en los mismos procesos que ganó Familyduck, llaman la atención de especialistas en riesgos de corrupción, porque surge tras uno de los escándalos de corrupción más graves del sexenio anterior: el desvío de más de 15 mil millones de pesos entre 2018-22 en Segalmex y Diconsa, según auditorías de la ASF y reportes en medios de comunicación.
La suma desviada en estas entidades, que tenían a su cargo los programas de seguridad alimentaria, equivale a unos 18 millones de despensas básicas que no llegaron a las familias a las que estaban destinadas, según datos que se discutieron en la Cámara de Diputados, en febrero de 2025, tras el dictamen de la Cuenta Pública de 2022.
En México, uno de cada tres hogares enfrenta pobreza alimentaria, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2024. Es por esto que, cuando este tipo de esfuerzos fracasan por malos manejos administrativos o corrupción, “tiene consecuencias devastadoras”, opina Christian Torres, coordinador del Área de Conflicto de interés e interferencia de la industria en la organización El Poder del Consumidor.
“Estas poblaciones, que ya enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria, problemas de acceso al agua potable, de pobreza estructural y exclusión social, ven agravada su situación al quedar desprotegidas frente a la inflación de alimentos, escasez o acceso limitado, además de que se genera una profunda desconfianza en las instituciones públicas”, dijo Torres.
En este contexto nace Familyduck, una empresa con características que la misma Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción reconoce como indicadores de riesgo, según un funcionario público que ofreció orientación general para este reportaje.
Familyduck, una proveedora sin rastro comercial visible
El número 222 de la calle Acalotenco es una bodega en Azcapotzalco, Ciudad de México, y el domicilio fiscal de Comercializadora Familyduck, S.A. de C.V., según el padrón de proveedores de Alimentación para el Bienestar.
Se ubica en una zona industrial conocida por su alta incidencia delictiva, donde circulan decenas de tráileres cargados de mercancías como ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otras.
La fachada tiene puertas metálicas azules y una rendija por la que apenas se asoman los ojos del guardia, quien dice no conocer a Comercializadora Familyduck.
“¿Me podría decir cómo se llama esta empresa? ¿Es una sola o son varias las que rentan aquí?”, se le pregunta al vigilante.
“Se llama Bodega 222 y sólo hay una empresa, pero no se llama así”, responde. Luego se disculpa por no poder ayudar más.
Trabajadores de otras bodegas en la misma calle lo secundan. “Es una bodega, pero no de abarrotes”, dice uno. “Es de productos chinos”, dice otro.
Ninguno menciona su nombre, pero una búsqueda en Google redirige a Tianmeishiye, S.A. de C.V., una importadora con perfil activo en Alibaba y sin relación aparente con la contratista de Alimentación para el Bienestar.
En cambio, Familyduck no tiene rastro comercial visible, ni física, ni digitalmente. No tiene sitio web o redes sociales, ni menciones en medios u otros canales más allá de solicitudes de información hechas para este reportaje. Los únicos documentos públicos que dan cuenta de su existencia son su acta constitutiva en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), los contratos firmados con Alimentación para el Bienestar y su registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El logo registrado es una ilustración de una madre pato alimentando a su cría que, según una búsqueda en Google Images, corresponde a la misma imagen de un libro infantil para colorear disponible en Pinterest.
Las accionistas de Familyduck son dos hermanas, Fabiola Belén y Jessica Natali Sánchez Aguilar. Fabiola estudió una carrera técnica en puericultura y trabajó vendiendo seguros de vida, mientras que Jessica fue empleada de una línea de autobuses en Morelos, según sus redes sociales que eran públicas hasta 2021.
Ahora, ambas son dueñas de una empresa que, entre 2024-25, facturó 833,365,705.41 pesos mexicanos antes de impuestos en contratos con Alimentación para el Bienestar.
Estos datos se obtuvieron tras analizar más de 23,000 contratos públicos asignados durante ese periodo para el Programa de Abasto Rural, encargado de abastecer a las Tiendas del Bienestar, antes conocidas como Tiendas Diconsa. Aunque varios de los convenios firmados por Familyduck fueron etiquetados como “mercancías para comercializar”, las facturas revisadas revelaron adquisiciones no destinadas a la venta, sino a programas especiales para abastecer albergues y comedores, como los del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sonora y Sinaloa, entre otros.
De acuerdo con las facturas de compra, Familyduck ha vendido desde abarrotes comestibles —arroz, pastas, mermeladas, gelatina y galletas— hasta papel higiénico, insecticidas, acondicionadores para el cabello y kits de limpieza bucal.
La falta de especialización de la empresa, junto a que ninguna de estas compras fue licitada, son dos de las características que llaman la atención de Vania Pérez Morales, doctora en Ciencias Políticas y Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pérez explica que las licitaciones son procedimientos abiertos que buscan garantizar la mejor oferta en condiciones de igualdad, pues cualquier persona que cumpla con los requisitos puede participar. Además, suelen estar sujetas a mayor vigilancia debido a que todos los interesados dan seguimiento al proceso.
“Sin embargo, la adjudicación directa es más restringida y solamente se enteran los proveedores que son invitados”, dice la presidenta del SNA, quien también aclara que esta modalidad se justifica únicamente en casos de emergencia, como ocurrió con el COVID-19, o cuando se requiere de un producto altamente especializado que sólo algunos proveedores fabrican.
El hecho de que Familyduck opere como comercializadora, y no como productora o fabricante, también le parece una característica para prestar atención. Las comercializadoras son intermediarias, de modo que le compran a otras empresas para revender. Normalmente sería más barato comprarle directamente a los productores, algo que Alimentación para el Bienestar podría hacer, pues cuenta con proveedores que elaboran los mismos productos que compra a Familyduck, como aceites comestibles, harinas, azúcares, cereales, pastas, y detergentes, entre otros.
A juicio de Pérez Morales, la prioridad de programas como el de abasto rural, que está dirigido a comunidades vulnerables, tendría que ser el de garantizar los precios más bajos posibles. Pero no siempre ocurre así.
En las facturas de Familyduck, por ejemplo, aparece que Alimentación para el Bienestar le compró miles de botellas de aceite de olivo extra virgen de 750 ml a 197 pesos, y cajas de galletas saladas de 504 gramos a 113.79 pesos por unidad, aunque las de la marca Gamesa con ese mismo gramaje se venden en supermercados entre 51 y 62 pesos.
Familyduck comenzó a recibir invitaciones de Diconsa, el mismo año en que fue creada, un escenario que, si bien no es imposible, sí parece improbable en opinión de Pérez. “¿Cómo lograste eso cuando hay miles de empresas compitiendo para ganar un contrato de poquitos miles de pesos?”, cuestiona.
De los contratos adjudicados en 2025, Familyduck concentra 14.7 por ciento del presupuesto ejercido hasta julio para el Programa de Abasto Rural. Este porcentaje no se refiere al número de contratos, sino al monto total asignado, como se observa en la siguiente tabla.
La única proveedora que la supera es el propio gobierno federal, a través de Segalmex, que tiene 32 por ciento de los recursos comprometidos. En tercer lugar aparece Molinos Azteca, S.A. de C.V., conocida comercialmente como Maseca, con 7 por ciento del presupuesto. En contraste, la mayoría de las proveedoras no alcanzan ni uno por ciento, lo que refleja una alta concentración del gasto público en pocas manos.
Para David Arellano Gault, especialista en administración pública y corrupción, y académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), hay otros factores que, si bien no constituyen delitos, merecen atención porque implican riesgos. Entre éstos están las relaciones personales entre contratistas y funcionarios, así como los vínculos entre empresas que, en apariencia, compiten por contratos.
En Familyduck se presentan ambos casos.
Todologos.com y Grupo Pelmu
Tras el hallazgo de diversas irregularidades en las Cuentas Públicas de 2018-22 de Diconsa, la ASF determinó que era necesario revisar también el ejercicio de los recursos públicos correspondientes a 2023 con el fin de verificar su uso eficiente.
Analizó una muestra equivalente a 31 por ciento de los recursos públicos federales ejercidos ese año para la adquisición de bienes y servicios. Entre los proveedores investigados se encontraban Todologos.com, S.A. de C.V. y Grupo Pelmu, S.A. de C.V.
Todologos.com fue constituida en 2022 y, ese mismo año, se convirtió en proveedora de Diconsa, su principal cliente, según la Cuenta Pública de 2023. Ese año, proveyó abarrotes y artículos de farmacia a la paraestatal.
Grupo Pelmu fue constituido en 2005 y ofreció desde abarrotes hasta servicios de maniobras de carga y descarga para los almacenes de Diconsa en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California. También, brindó servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de las oficinas administrativas de Diconsa.
La auditoría forense solicitó a las empresas y a Diconsa documentación que acredite el cumplimiento de sus contratos, como listas de asistencia, reportes fotográficos u otro tipo de evidencia que demostrara la entrega de mercancías y prestación de servicios.
Así se encontró que Grupo Pelmu no pudo acreditar el cumplimiento del contrato número PSG-573-2022, por el cual recibió 404,400 pesos por concepto de maniobras de carga y descarga de mercancías. Quien realizó el trabajo terminó siendo el personal comunitario del almacén que requería ese servicio, de acuerdo con entrevistas hechas por la ASF.
Además, la ASF detectó que esta empresa trianguló a otras contratistas casi el total de los recursos públicos que obtuvo ese año por parte de Diconsa.
En total, Grupo Pelmu utilizó tres cuentas bancarias —en Santander, Banorte e Inbursa— para recibir 93,835,800 pesos de Diconsa y una transferencia adicional de 49,579,300 pesos de Todologos.com. De ese monto, transfirió 99.8 por ciento a terceros, incluyendo a tres accionistas cuyos nombres no se revelan y que forman parte de otras empresas que también participaron en los mismos procedimientos de contratación.
Durante una entrevista con la ASF, la representante legal de Todologos.com —cuya identidad se omite, pero se identifica en femenino— declaró que sólo conocía a Grupo Pelmu “por lo que ha escuchado en el ámbito empresarial” y dijo desconocer el motivo por el cual su empresa le transfirió recursos.
A pesar de esto, el informe de la Auditoría también señala que dicha representante designó como testigo de asistencia para su entrevista a una persona que también ocupa el cargo de comisaria en Grupo Pelmu, pero no se presentó a la entrevista solicitada por la ASF.
En lo que va del 2025, Todologos.com no recibió contratos con Alimentación para el Bienestar, aunque sí fue invitada a presentar cotizaciones. Grupo Pelmu, por su parte, recibió 13 contratos por un total de 18,330,239.70 pesos a pesar de las observaciones de la ASF.
“Durante el sexenio pasado vimos un gran caso de corrupción. El propio presidente tuvo que reconocerlo, y es muy penoso que, a pesar de eso, siga habiendo contratos otorgados de manera irregular. No estoy diciendo que sean corruptos, pero a todas luces representan riesgos de corrupción”, dice Vania Pérez Morales, Presidenta del SNA sobre los hallazgos de este reportaje.
La “mancha” en Morena
Entre los esquemas de corrupción identificados en Segalmex y Diconsa por la ASF y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, se detallan contrataciones pagadas entre 2018-22 por servicios que no se proveyeron, bienes que no se entregaron y desvíos mediante empresas fantasma, aquellas que solamente existen en papel pero no cuentan con personal, infraestructura o capacidad para proveer lo que ofrecen.
El caso desató un impacto mediático tan significativo que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este caso como “la mancha” de su gobierno, misma que la nueva administración, a cargo de Claudia Sheinbaum, intentó dejar atrás este año con la creación de la nueva entidad llamada Alimentación para el Bienestar, resultado de la fusión de Segalmex con Diconsa.
Esta nueva empresa del gobierno mexicano se encarga del Programa de Abasto Rural y por ello de la gestión más de 24,000 tiendas que integran la red de abasto y que pasarían de llamarse Tiendas Diconsa a Tiendas del Bienestar.
Otro cambio anunciado fue el de la creación de una marca propia para apoyar a pequeños productores, ofrecer productos de alta calidad a precio asequible, comenzando por la transformación de productos como el café, cacao y miel mediante el Programa de Abasto Rural.
Para pequeños productores, como Arturo García Jiménez, productor de café en Atoyac, Guerrero, estos programas pueden ser buenas noticias si se implementan correctamente. Él es uno de los interesados en proveer café al gobierno federal para la marca del Bienestar. Hasta hace unos meses, su preocupación era que el programa, más que apoyar a los pequeños productores, terminara beneficiando a los proveedores de siempre, como marcas Nestlé, que en enero de este año anunció una inversión de mil millones de dólares en México.
La preocupación es entendible. Desde 2017, y hasta julio del 2025, quien ejercía como director general de Fomento a la Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) —otra de las dependencias vinculadas al Programa de Abasto Rural— era Santiago Argüello, un funcionario que antes trabajó en empresas intermediarias de Nestlé, como ECOM, y Conservation International (CI), aliada de Starbucks.
En cuanto al caso de Segalmex y Diconsa, la Fiscalía General de la República (FGR) giró, en 2023, órdenes de aprehensión contra 22 personas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. Doce de los implicados eran servidores públicos, tres ya fueron arrestados: Juan Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal, René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas y Hugo Buentello Carbonell, ex subdirector de Operaciones.
Entre los nombres que diversos medios de comunicación señalaron como presuntos responsables del desfalco a Segalmex —y que también contarían con órdenes de aprehensión— hay otros dos exfuncionarios de los que no hay noticias recientes: Oliverio Pérez Santoyo, que fue gerente del Programa Precios de Garantía, y Alejandro de Jesús Kuri Olivera, ex gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien parece tener una relación cercana con la familia Magaña del Valle, a quienes invitó a su boda en 2019.
En 2019, Kuri Olivera contrajo matrimonio con otra exfuncionaria de Segalmex, Zayra Lina Millán Tirado. Se conocieron en el trabajo, según una nota de sociales publicada a dos planas en el Diario de Morelos, donde también se publicaron fotografías de quienes asistieron a la ceremonia en el lago de Tequesquitengo, en Morelos. Familiares y excompañeros de la pareja y casi toda la familia Magaña del Valle, a excepción de Enrique, aparecen en las imágenes del encuentro.
Familyduck y Todologos.com no existían cuando Kuri era funcionario y, en el caso de Grupo Pelmu, su registro como contratista ocurrió un año después de su salida de Segalmex. Incluso, especialistas en riesgos de corrupción señalan que esta relación, por sí sola, es un vínculo débil; sin embargo, apuntan a que es la suma de las características observadas en Familyduck lo que merece atención, tanto de forma individual como estructural.
“Los estudios que se han hecho sobre redes de corrupción se construyen así. Con pistas. Van conectando nodos, y la suma de esos nodos o sus relaciones es lo que genera sospechas”, dijo David Arellano Gault, académico del CIDE.
En el caso de Familyduck, no es sólo que no se encuentra en su domicilio fiscal, o que vende productos a sobreprecio, o su relación con otras empresas con las que compite por contratos, o que concentra casi 15 por ciento del presupuesto ejercido para el Programa de Abasto Rural, cuando la mayoría apenas alcanza uno por ciento, sino la suma de todos esos factores.
Vania Pérez, del Sistema Nacional Anticorrupción, advierte que las prácticas de riesgo que facilitaron el desvío millonario en Segalmex y Diconsa, siguen repitiéndose, como se observa en Familyduck y Todologos.com.
“Lo vemos de forma reiterada, y no son buenas prácticas más allá de calificarlas o no como corrupción. Es necesario garantizar la no repetición, porque quien paga los platos rotos es la ciudadanía, y en un caso como el de la alimentación, que está dirigido a las personas más vulnerables, el riesgo es todavía mayor”.
Para este reportaje, se intentó contactar a cada una de las personas y empresas señaladas, tanto a través de los correos y teléfonos registrados en el padrón de proveedores de Alimentación para el Bienestar e inscripciones ante el IMPI, como a través de sus redes sociales personales. En el caso de Enrique Magaña del Valle incluso se proporcionó un número de teléfono para responder a este reportaje. Ninguno lo hizo al momento del cierre.
