“La familia lo pidió porque se siente muy sola, porque no hay garantía de su estancia en Acapulco. Está muy riesgosa”, dice Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien les a acompañamiento. En la reunión, Evelyn Salgado no contestó cuando la familia le recordó que Marco Suástegui carecía de seguridad aun con las medidas cautelares dictadas por CIDH
Texto y Foto: Margena de la O
Chilpancingo
Lunes de 12 de mayo del 2025
La familia del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, Marco Antonio Suástegui, quien muriera el 25 de abril pasado producto de las lesiones de un ataque armando, se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a quien hicieron comprometerse a ser vigilante de que la Fiscalía General del Estado (FGE) agilice las investigaciones y, de ser necesario, buscar el apoyo del gobierno federal para una indagatoria especial.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, fue encargado de dar detalles de este encuentro, porque la organización da acompañamiento legal a la familia. Al salir del encuentro mencionó que el planteamiento puntual que hicieron a la gobernadora es que la investigación de Marco sea considerada especial “por su papel de defensor del territorio, alguien que estuvo amenazado y que sufrió varios momentos de riesgo tanto en Cacahuatepec como en la playa de Icacos”.
La reunión con la gobernadora la gestionó la propia familia de Suástegui Muñoz en vías del esclarecimiento y por la inseguridad que sienten de seguir en Acapulco después del asesinato del defensor. Barrera Hernández dijo que están vulnerables. “La familia lo pidió porque se siente muy sola, porque no hay garantía de su estancia en Acapulco, está muy riesgosa”, mencionó.
El líder de Cecop carecía de seguridad, aun con el riesgo de su activismo y sus acciones por la búsqueda de su hermano Vicente, desaparecido el 5 de agosto del 2021. Derivado de la desaparición y búsqueda de Vicente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas a la familia, incluido el vocero del Cecop, pero el Estado mexicano las incumplió, denunció Tlachinollan.
En la marcha por la justicia para Marco Suástegui, ocurrida el 8 de mayo pasado, los miembros del Cecop llevaron el sombrero oscuro que el defensor del territorio usaba para hacerlo presente. Foto: Margena de la O /Archivo.La falta de garantías y seguridad para Marco fue un tema, con cierto reproche, que la familia le recordó a la gobernadora, pero no les respondió, solo les dio las condolencias. Les dijo “que lamentaba el hecho, que conocía a Marco, que era un amigo de la familia, de su papá (el senador Félix Salgado Macedonio), que tenía una buena relación”.
Marco fue atacado a balazos el viernes 18 de abril en uno de los accesos de la playa Icacos, en Acapulco, donde llevaba unos 20 años como prestador de servicios turísticos. Rentaba motos acuáticas a los turistas; un par de las cinco motos acuáticas que tenía les fueron robadas a la familia después de su muerte, denunció Barrera Hernández desde la marcha del jueves pasado que realizaron activistas en reclamo de justicia por Marco.
La gobernadora les dijo en la reunión, de acuerdo con lo que compartió Barrera Hernández, que buscará coordinarse con el gobierno federal para que les otorguen las medidas cautelares adecuadas a la familia del vocero del Cecop. Serían las medidas que ofrece el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Que mediará e impulsará ante la FGE para que agilice la investigación que ya inició y que después de que existe ciertas robustez en las indagaciones, evalúen si es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. Pero el abogado de Tlachinollan mencionó que por ahora “no hay avances” en la investigación.
“Primero que se tiene que armar bien la carpeta de investigación para que se haga un planteamiento. Una investigación especial que pueda ser atraída (por la FGR)”, comentó.
Otro compromiso que habría de cumplirles la gobernadora a la familia de Marco es un apoyo por el robo de las motos acuáticas y su gestión ante la Marina el resguardo del espacio que ocupaba el activista como prestador de servicios turísticos en la playa Icacos.
