El gobierno mexicano revirtió las restricciones para importar maíz transgénico establecidas en un decreto publicado por el presidente López Obrador en 2023. La acción acata el fallo del panel de controversias del T-MEC que nuestro país perdió a finales de 2024.
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: Archivo Amapola
Chilpancingo
Jueves 6 de febrero del 2025
El gobierno mexicano revirtió las restricciones para importar maíz transgénico al país, vigentes desde el 13 de febrero de 2023, cuando el presidente López Obrador publicó un decreto que prohibía la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano.
La medida responde al fallo emitido por el panel de solución de controversias del T-MEC, que a finales de 2024 determinó que México no puede dejar de importar maíz transgénico de Estados Unidos y Canadá.
Fin del decreto en medio de guerra de aranceles
Según la Secretaría de Economía, dependencia que publicó la cancelación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la medida cumple con el fallo del T-MEC para evitar represalias comerciales con los países socios del Tratado, especialmente Estados Unidos, que ha presionado a México con aranceles para alinear su política exterior.
Estados Unidos es el principal productor de maíz en el mundo, y la mayoría de su producción proviene de semillas transgénicas. Entre 2023 y 2024, exportó cerca de 60 millones de toneladas, como documentó el periodista Luis Hernández Navarro en La Jornada.
México es el mayor importador de maíz amarillo estadounidense, con un mercado que ronda los 5 mil millones de dólares anuales. De hecho, según datos de la Secretaría de Hacienda, las importaciones de maíz amarillo aumentaron del 31% al 39% entre 2016 y 2022.
Mensajes contradictorios
Aunque el fin del decreto ya se había anunciado tras conocerse el fallo del panel, la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que recordó que «el informe del Panel se refiere exclusivamente al ámbito del comercio entre México y Estados Unidos». Además, expresó su apoyo a «las iniciativas que se discutirán en el Congreso durante 2025, orientadas a prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional».
Por ello, desde la presidencia de la República se prepara una reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz transgénico en el país. Sin embargo, organizaciones ciudadanas que defienden el maíz mexicano desde hace décadas advierten que la reforma podría no ser suficiente, ya que temen que deje la puerta abierta a otros organismos genéticamente modificados.
Transgénicos: una amenaza a la soberanía alimentaria
En 1988, el gobierno mexicano autorizó por primera vez las pruebas de cultivos de jitomate genéticamente modificados. Este hecho marcó el inicio de experimentos similares con otros cultivos, como el maíz, la soya y el algodón.
Los efectos de la contaminación en los plantíos fueron evidentes, especialmente en el maíz. La introducción acelerada de transgénicos tras la firma del TLCAN afectó a las variedades de maíz nativo, así como a los suelos y otros cultivos asociados a la milpa, como la calabaza.
En 1998, la recién creada Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) estableció una moratoria para la siembra de maíz genéticamente modificado en todo el país, ya que México es considerado un centro de origen de este cultivo.
A pesar de esto, las relaciones comerciales derivadas del TLCAN introdujeron semillas de maíz transgénico al campo mexicano. Para 2004, según la Revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, México importaba de Estados Unidos un tercio del maíz que consumía.
Otro factor fue el desmantelamiento de los sistemas de distribución y comercialización de la producción agrícola nacional, como la Conasupo, que regulaba los precios internos. Esta política provocó que, a principios del siglo XXI, los transgénicos pusieran en riesgo a cientos de miles de familias campesinas e indígenas que durante siglos han dependido del cultivo de maíz y que ahora no encontraban mercado para sus productos.
Los principales beneficiarios de este nuevo modelo comercial fueron las empresas transnacionales que, desde 2008, controlan más del 80% del mercado de semillas a través de patentes.
La agroindustria domina el campo mexicano
Entre estas empresas se encuentran Bayer-Monsanto, Syngenta, DuPont y otras, todas con negocios en los campos de cultivo mexicanos y actualmente integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Semilleros.
Un estudio realizado en 2001 por Ignacio Chapela y David Quist, publicado en la revista Nature, reveló altos niveles de contaminación del maíz nativo en regiones de Oaxaca y Puebla debido a la introducción de cultivos transgénicos.
Estudios posteriores, presentados durante el panel del T-MEC, demostraron que el uso de glifosato en cultivos transgénicos, así como el diseño de variedades de maíz resistentes a herbicidas y pesticidas, puede causar daños renales, hepáticos y otros problemas de salud.
De hecho, especialistas señalaron que la mayor parte del maíz blanco transgénico importado de Estados Unidos presenta estas características, lo que representa un riesgo por residuos de Bt y glifosato. Ambos compuestos se han detectado en tortillas y otros productos derivados del maíz en México.
Transgénicos y neoliberalismo
A pesar de la evidencia acumulada durante años, el Estado mexicano no atendió las demandas de organizaciones campesinas nacionales e internacionales. Por ejemplo, en 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, se aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley Monsanto”.
En 2009, bajo el mandato de Felipe Calderón, se eliminó la moratoria establecida en 1998 y se autorizó la siembra experimental de maíz transgénico por parte de empresas como Bayer-Monsanto, Syngenta, PH México (una fusión de DuPont y Pioneer) y Dow.
Tras una serie de acciones legales y amparos contra otros cultivos, como la soya transgénica, en 2013 la Fundación Semillas de Vida, junto con la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo, ganó un juicio que prohibía la siembra comercial de maíz transgénico en México y regulaba los cultivos experimentales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia en 2021, y el decreto presidencial de 2023 estaba alineado con esta decisión.
Este trabajo fue elaborado por Pie de Página que forma parte de la alianza de medios y es publicado con su autorización.
