La mayoría de los casos corresponde a hombres jóvenes en edad productiva, mientras que en el caso de las mujeres ocurre con mayor frecuencia en adolescentes víctimas de violencia de género
Texto: Mónica Cerbón/PopLab
Foto: Especial
19 de julio de 2024
Pese a ser uno de los estados con menor número de desapariciones en el país, en Aguascalientes la problemática se ha cuadruplicado en los últimos tres años, en los que la violencia, traducida en homicidios, violencia familiar y casos de alto impacto, también ha aumentado.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del primero de enero al 15 de julio de 2022 En Aguascalientes se registraron sólo seis desapariciones. Un año después y en el mismo periodo, los casos aumentaron a 22, y en este 2024 la cifra se disparó a 100 personas desaparecidas durante los mismos meses, correspondiente a un 78% de incremento.
Las localizaciones también aumentaron en el mismo periodo, pasando de 59 en 2022, a 330 en 2023 y 381 en 2024. La mayoría de las personas fueron localizadas con vida.
Frente a la problemática, el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia –en el que participan 16 familias de víctimas de desaparición–, así como el Colectivo Maverick –que representa a 10 familias–, ven falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la fiscalía del estado, así como falta de medidas de prevención, una tarea que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Personas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2022. Fuente: RNPDNO
Personas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2023. Fuente: RNPDNO
Personas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2024. Fuente: RNPDNO
De acuerdo con los datos del Registro Nacional, la mayoría de las víctimas que permanecen desaparecidas son hombres en edad productiva, de entre 15 a 49 años de edad, mientras que las mujeres –cuyos casos son menores– van de los 10 a los 19 años.
Violeta Sabás de León, que desde noviembre de 2023 es titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), explicó en entrevista con PopLab que el incremento en el número de casos se debe, en parte, a que antes de su ingreso en la dependencia no se hacían los registros correctamente.
“Por ejemplo, si llegaban a la Comisión 15 reportes, de esos 15 se subían hasta el mes siguiente y nada más los que habían sido localizados. La otra situación que yo detecté es que se recibía el reporte pero no sabían qué hacer, con esto me refiero a que no tenían estandarizada la ruta de qué es lo que se hace para la búsqueda”, explicó la comisionada.
En el primer periodo desde su creación, en 2020, la dependencia fue conducida por el militante panista Juan Antonio Hernández Organista, un hombre sin experiencia en el tema que nunca fue aceptado por los colectivos de búsqueda.
“Y aparentemente de pasar de nueve reportes en octubre de 2023, pasamos a veintitantos en noviembre, a cuarenta y tantos en diciembre y a 58 en febrero. Con esto no estoy diciendo que no esté aumentando como tal la desaparición”, añadió Sabás de León.
“Yo creo que el promedio anual de reportes en Aguascalientes está entre 600 y 700, más o menos. Aquí en la comisión el año pasado se recibieron 258 reportes, vamos a mitad del año y ya hemos recibido 287. O sea, ya sobrepasamos los reportes del año pasado y vamos a cerrar el año posiblemente entre 600, más o menos”, dijo, y aseguró que en el 80% de los casos se localiza a las personas que desaparecen.
La comisionada agregó que desde mayo de este año, está detenida la firma de un convenio de colaboración con la fiscalía estatal. “En junio ya no pudimos avanzar. Y en este julio yo quiero retomar. Esta colaboración es para articularnos, mejorar la coordinación, también queremos realizar mesas mensuales o quincenales con procesos que teníamos en común”, detalló.
Para Claudia de la Torre, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, el aumento puede deberse a casos de reclutamiento forzado, mientras que Sabás de León explica que la mayoría de los hombres desaparecidos están relacionados con el consumo de sustancias y, en el caso de las mujeres, con violencia de género al interior de sus hogares.
“(Los hombres) están consumiendo y pierden contacto con la familia. De hecho, algunas de las localizaciones que hemos hecho han sido en centros de rehabilitación. Ellos, de manera voluntaria se internan y deciden no comunicárselo a la familia. Otro porcentaje se relaciona con alguna situación de salud mental. En el caso de las mujeres, todas, puedo decirlo, se relacionan con una situación de violencia de género y son jóvenes, hemos recibido reportes de niñas de hasta 10 años. Este fin de semana nos llegó el reporte de una niña de 13 años que afortunadamente ya se localizó, estaba en Jalisco”, explicó la funcionaria.
Otros casos de desaparición ocurren en municipios colindantes de Zacatecas y Jalisco, lo que dificulta la búsqueda. Tal es el caso de Ricardo Esquivel Velázquez, de 37 años y Flavio Palomar Pérez, de 32 años, desaparecidos a inicios de febrero de este año y cuya última conexión ocurrió en el municipio jalisciense de Mechoacanejo, a 66 kilómetros de Aguascalientes. Pese a que se realizó una búsqueda en esa zona con las familias de ambas víctimas y su representante legal, ninguno de los dos ha sido localizado. El caso fue remitido a la fiscalía de Jalisco.
En la Comisión Estatal de Búsqueda, al menos un caso de desaparición al mes está relacionado con delitos como secuestro y privación ilegal de la libertad, ligados al crimen organizado, pero esos casos son, en su mayoría, reportados solamente a la fiscalía estatal. “No es alto el número, pero eso no significa que no prevalezca”, consideró Sabás de León.
De acuerdo con el Registro Nacional, la mayoría de los casos de desaparición se registran en la capital del estado, el municipio con mayor densidad poblacional, seguido de los municipios de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, dos de los más violentos en la entidad. En los próximos meses, la Comisión reactivará búsquedas en campo de desapariciones de larga data. Los operativos ocurrirán entre agosto y septiembre en la comunidad de Loretito, el fraccionamiento Los Negritos y en los pozos de las Tres Centurias.
En la entidad, desde 2007, se han localizado más de 40 fosas clandestinas, la mayoría en la capital del estado y en el municipio de Rincón Romos.
Una problemática invisible
La desaparición en Aguascalientes, y sus distintas aristas, nunca ha sido mencionada por la gobernadora panista Teresa Jiménez. En su administración tampoco se han anunciado programas específicos para atender la problemática.
“Como que tienen miedo hablar de ese tema, o no les importa. Ni siquiera tienen una reunión pequeña donde digan que estuvieron platicando sobre este tema, literalmente es algo que, yo creo, no les interesa a ellos tratar”, dice Claudia de la Torre, que busca a su hermano Marco, desaparecido en abril de 2018.
De la Torre forma parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda, que se conformó en abril de 2023 pero que hasta la fecha no puede sesionar de manera formal porque su reglamento no ha sido aprobado por la Secretaría de Gobierno, algo que se espera suceda este año.
“Aparentemente ya van a aprobar nuestras reglas de funcionamiento, desde enero de este año hemos estado con oficios, pero no nos han dado el visto bueno, no las han publicado en el Periódico Oficial, pero pensamos que será pronto”, dice de la Torre, que explica que tuvieron que hacer varios cambios a su propuesta inicial, solicitados por la Secretaría de Gobierno.
La buscadora reconoce el trabajo de Sabás de León, un ex activista en temas de violencia de género y desaparición con más de 20 años de trayectoria, al frente de la Comisión Local de la Búsqueda, pero la funcionaria enfrenta una gestión complicada. La comisionada ha sido acusada por Javier Espinosa, líder del Colectivo Maverick –de quien había sido aliada– de la falta de inscripción en el Registro Nacional de personas desaparecidas, lo que, explica Espinosa, alenta la búsqueda y violenta los derechos de las personas desaparecidas.
“Esta problemática ha ido escalando mes con mes, ahora ya lo hicimos público. No registran a tiempo a las personas que desaparecen, entonces las demás autoridades que revisan el Registro no saben que están desaparecidas. Quien sí lo supo, en este caso, fue la Comisión Local, y en efecto, sí emite los boletines de búsqueda, pero es una obligación de la autoridad registrarlos en este Registro Nacional para que las demás autoridades se enteren. Al no registrarlos, le quita el derecho que tiene toda persona desaparecida a ser buscada, inclusive podría incurrir hasta en una cuestión penal, se llama comisión por omisión. La separación (con la comisionada) se dio porque no había diálogo, no había consenso”, afirma Espinosa, un buscador emblemático en la entidad, que lleva 17 años buscando a su hijo Javier Espinosa Almanza.
El buscador también ha criticado la falta de profesionalización de la mayoría del personal de la Comisión Local, y el uso político de su nómina, donde estuvieron inscritos funcionarios panistas sin experiencia en el tema, como César Cervantes Mena, que apenas en mayo de este año fue removido de su cargo como Coordinador de Acciones de Búsqueda de Personas, un cargo que obtuvo a inicios de 2023 y para el que no tenía experiencia. Cervantes Mena no se había presentado a trabajar durante al menos ocho meses, argumentando cuestiones médicas. Percibía un sueldo mensual bruto de 40 mil 810 pesos.
La comisionada, por su parte, asegura que no ha habido retrasos en el registro de personas desaparecidas y argumenta que, posiblemente, las fallas estén relacionadas con la falta de actualización del Registro Nacional en su versión pública. Además de que, dice, el personal se ha ido renovando con perfiles que tienen experiencia en la búsqueda.
“Ahorita ya ha aumentado la plantilla laboral, pero han salido bastantes personas. Somos 22 y de estos solamente 6 forman parte de la anterior administración”, afirma.
Sabás de León también ha sido acusada de violencia laboral por una trabajadora en activo de la Comisión Local de Búsqueda. Tanto esa acusación, como la de Javier Espinosa, están siendo investigadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA).
