La muerte de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a lo largo de estos 12 años evidencia cómo el desgaste emocional consumen la vida de las familias en la desatención y sin hallar justicia.
Texto: Beatriz García
Imangen: Art. M.
Chilpancingo
25 de septiembre del 2026
Everardo Rodríguez Bello no tiene quién lo busque. Su madre, Minerva Bello Guerrero, falleció en 2018, y el 21 de agosto pasado su padre, Francisco Rodríguez Morales. Ambos estuvieron en el movimiento por la búsqueda y la justicia que encabezan las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Everardo es uno de ellos.
Este hecho demuestra cómo el tiempo desgasta la vida de los familiares que buscan a sus desaparecidos.
Después de la desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres normalistas de Ayotzinapa, ocho de sus padres y madres fallecieron en el camino. Coincidentemente Minerva fue la primera y Francisco el último de esta lista funesta.
El desgaste físico y emocional impactó su salud hasta que las enfermedades los alcanzaron.
Los familiares de las víctimas de desaparición forzada son las otras víctimas.
Estos 12 años sin conocerse del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, sus madres y padres no han parado y las consecuencias también se reflejan en sus cuerpos.
Morir buscando
Las madres y padres que han fallecido sufrieron complicaciones médicas derivadas del desgaste físico y emocional por la ausencia y la exigencia, de acuerdo con lo que informaron sus compañeros de lucha en estos años.
Minerva, madre de Everardo, fue la primera madre que murió en febrero del 2018 a causa de cáncer. En aquella ocasión sus compañeros y compañeras de lucha denunciaron que sus muerte estaba ligado al desgaste que implicó el dolor profundo al no saber de su hijo. La tía Mine, como le nombraban los normalistas de Ayotzinapa murió en Omepapa, una comunidad rural de Tixtla, en la región Centro.
Después murieron Tomás Ramírez, a causa de insuficiencia renal crónica, padre de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado la noche de Iguala; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Santos, en el 2021 a causa de la Covid-19; las madres y los padres nunca parraron de buscar a sus hijos.
Siguió Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario, en agosto del 2021, a causa de diabetes; Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, en agosto del 2022, de un infarto.
Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, en mayo del 2025, por un infarto; Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, el 4 de diciembre del 2025, a causa de la diabetes, y recientemente Francisco Rodríguez Morales. En su caso las madres y los padres, y su defensa jurídica desconocen con exactitud cuál fue el padecimiento que lo llevó a su muerte, solo saben que fue “una complicación en los órganos internos”.
La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C (Idheas) elaboró un informe que posteriormente entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, donde detalla las consecuencias a la salud emocional y física de familiares de desaparecidos, además de la falta de atención médica en México para ellas y ellos.
La organización determinó que derivado de las actividades de búsqueda que se ven obligadas a asumir por la desaparición de sus seres queridos, los familiares dejan trabajos, estudios, viviendas e incluso lugares de residencia. Descuidan su alimentación, actividad física, descanso y revisiones médicas periódicas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) hace hincapié al respecto. Precisa que las repercusiones en la salud física y psicológica se derivan de la falta de justicia y la impunidad prolongada, por lo que les generan sufrimiento y temor.
Los padecimientos que suelen enfrentar familiares víctimas de desaparición son sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas de índole infecciosa, trastornos psicosomáticos o depresión severa, diabetes, y un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, los cuales suelen ser consecuencia del deterioro de las condiciones de vida y el aumento de las situaciones estresantes, de acuerdo con a la Coidh.
Las madres y padres que murieron durante este trayecto víctimas de un sistema que no le dio garantías de seguridad a sus hijos ni justicia digna ante los hechos. Además, algunos han sido víctimas de cooptación.
Ezequiel Mora murió de un infarto en un hotel de Tepecoacuilco, propiedad del empresario Pedro Segura, conocido porque también intento ser gobernador de Guerrero, quien en un intento de dividir al movimiento, según denunciaron las madres y padres, lo llevó a Iguala, junto a otros cuatro padres, a marchar a favor de la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien estaba en funciones durante la noche de la desaparición de los estudiantes. En la actualidad está preso por el asesinato de tres dirigentes sociales de Iguala, por el caso Ayotzinapa apuntó no libra una responsabilidad.
Ezequiel murió en el hotel donde hospedó a los padres el empresario, y ya no participó en la marcha.
El desgate y las enfermedades
Las madres y los padres han dejado de asistir movilizaciones y reuniones para pedir justicia por sus hijos por las enfermedades que los aquejan, según su abogado, Isidoro Vicario Aguilar.
Lo que, aclaró, no es una desarticulación del movimiento, es el desgaste que reflejan en el cuerpo.
Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, se mantiene activa en el movimiento, pero tiene un problema de colitis; recibe tratamiento en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, pero como las actividades no paran le cuesta cuidarse.
Para Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, contó que antes de la desaparición de su hijo llevaba una buena alimentación pero al recorrer lugares, hacer marchas, reuniones, su vida cambió.
El también defensor de derechos humanos Vicario Aguilar enlistó otros casos de salud complicada.
Nicanora García González, madre de Saúl Bruno García, originaria de la comunidad rural de Los Magueyitos, municipio de Tecoanapa en la Costa Chica, tiene problemas en las rodillas que le impide caminar con soltura.
Francisco Lauro Villegas, padre de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, tuvo dos cirugías este año y Luz María Telumbre Casarrubias, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, también la operaron.
Lorenzo Francisco, padre de Luis Ángel Francisco Arzola, tiene “problemas graves” de hipertensión y un padecimiento en el corazón, además de diabetes.
Otros padres también viven con diabetes y les administran insulina, como Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, quien además tiene problemas para caminar y usa muletas.
Esta imagen de archivo de Ampaola Periodismo corresponde a una marcha que madres y padres de los 43, además de estudiantes de Ayotzinapa realizaron en Chilpancingo, para exigir la aparición inmediata de los estudiantes.Falta de atención
Los padres y madres no cuentan con una atención médica integral que atienda los padecimientos que adquirieron después de la desaparición de sus hijos, aunque se buscaron acuerdos con autoridades estatales y federales. Solo accedieron a una médica que los apoya con canalizarlos a los sistemas de salud del estado.
Cristina confirmó que la médica en ocasiones los acompaña a la Ciudad de México o a ella acuden para que los oriente para una mayor atención.
El abogado insistió que carecen de una atención integral y esquemática para atender la salud de las madres y padres como víctimas.
En el 2021, quien era el representante legal de los padres y madres era el abogado Vidulfo Rosales Sierra, en entrevista, denunció que buscaban asistencia médica para los madres y los padres, pero las autoridades gubernamentales insistían en que deben atenderse en los centros de salud de sus localidades, sin una atención específica de víctimas.
Tampoco tienen acceso a la atención psicológica.
Instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deberían de brindar estos apoyos a los familiares víctimas pero no es así.
El informe que presentó Idheas señala que hay omisión de instituciones como es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de brindar apoyos en materia de salud bajo la justificación de que no existe “nexo causal directo entre la desaparición del familiar y las enfermedades físicas o mentales desarrolladas posteriormente”, pese a que La Ley General de Víctimas establece que el Estado debe garantizar atención médica y psicológica de emergencia a los familiares afectados.
Estas omisiones también son denunciadas en reiteradas ocasiones por otros padres y madres de personas desaparecidas en la entidad.
En el mismo informe de Idheas propone la necesidad urgente de construir una política integral que garantice claridad en los criterios establecidos para mejorar la accesibilidad y proporcionar atención médica especializada, que garantice el acceso digno a la salud de familiares de personas desaparecidas, así como la necesidad fundamental de respetar sus derechos y su dignidad.
Cristina sabe la razón de la violencias de todos en el movimiento: “Nos enfermamos por no dormir bien, por andar de aquí para allá, por la angustia”.
