El equipo jurídico de sus madres y padres es lo que conoce hasta ahora como resultado de este gobierno. El caso Ayotzinapa pasó de una versión oficial desacreditada (la verdad histórica, 2014-2018), una Comisión de la Verdad que documentó un «crimen de Estado” pero chocó con el Ejército, y decenas de detenciones anuladas por vicios procesales. Ahora atraviesa una nueva ronda de detenciones de exfuncionarios estatales por encubrimiento (2024-2026), mientras el litigio sobre si debe crearse una comisión adicional está en manos de la Suprema Corte; la ubicación de los 43 jóvenes sigue sin conocerse ni resolverse
Texto: Margena de la O
Ilustración: Art.M.
Chilpancingo
Miércoles 23 de septiembre del 2024
Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la noche de Iguala no hay ninguna persona sentenciada por este caso que representa el símbolo de la crisis de derechos humanos de la historia reciente de México, sentencia el equipo jurídico de sus madres y padres.
La investigación en la actualidad está situada en un corto alcance de implicaciones, porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reflexionó el abogado del caso, Isidro Vicario Aguilar, intenta reducir las responsabilidades a servidores públicos estatales con un narrativa apegada a la verdad histórica.
Tres periodos presidenciales han transcurrido, desde el 26 y 27 de septiembre del 2014. En este tiempo la investigación ha sido un ir y venir sin que clarifique qué pasó con los jóvenes.
La acción reciente de mayor alcance es la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien estuvo en funciones cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, y enfrenta un proceso jurídico. Nunca antes un gobernador fue detenido por un crimen asociado a acciones que serían de lesa humanidad.
Los avances que tiene el actual gobierno sobre el caso y que conocen sus familias y abogados consisten en la detención y el proceso jurídico del exgobernador Aguirre por el ocultamiento y destrucción de pruebas que estarían asociadas a los videos que habrían captado las cámaras de Ciudad de Judicial en Iguala, solo una parte de toda la historia de desaparición de esa noche.
Las madres y los padres estuvieron en la primera audiencia que enfrentó el exgobernador y creen que el nivel de responsabilidad que le adjudican es bajo y la acusación un tanto endeble. Le pidieron a la presidenta en la última reunión que tuvieron– ocurrió el 27 de agosto pasado en Palacio Nacional, la séptima en la que va de su administración–conseguir más datos de prueba dentro de este plazo de investigación complementaria para fortalecer la acusación contra el exgobernador. El abogado cree que Aguirre Rivero sabe mucho más que el destino de los videos.
Los avances también están asociados a las detenciones de dueños y operadores de las funerarias de la familia Rueda, una que llevaban por nombre Rueda y El Ángel, que hacían funciones de Servicio Médico Forense (Semefo) por una subrogación que les habrían autorizado durante el gobierno de Aguirre Rivero, según consta en la prensa local.
En esta ciudad el dato no es nuevo, porque otras funerarias en otros años, como los funerales Gutiérrez, daban el servicio médico forense. La revisión de las funerarias de Iguala fue planteada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que apoyó la investigación, desde sus primeros informes, insiste el abogado de las madres y los padres de los estudiantes. La funeraria Rueda estaba sobre la calle Bandera Nacional, y El Ángel en la calle Alarcón, ambas en el centro de la ciudad; los inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) el año pasado.
Y a las detenciones de otras personas que en sus declaraciones nombran sitios de dónde pudieron llevar a los estudiantes, que está orientando a nuevas búsquedas en Iguala y municipios cercanos, como Cocula, y la revisión de la telefonía de los estudiantes, en particular, de aquellos móviles que fueron usados después de la noche de Iguala, que los llevaría a la identificación de implicados.
Una acción también ya explorada en el pasado, como lo fueron las múltiples detenciones de presuntos actores involucrados, tanto servidores públicos de Iguala como presuntos miembros de organizaciones criminales, pero decenas de detenciones fueron anuladas por vicios procesales, según la información pública del caso.
En términos legales del caso, también está pendiente una resolución. En 2018, un tribunal colegiado ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa al detectar graves irregularidades en la investigación inicial.
La presidenta Sheinbaum promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lo aceptó. La Fiscalía General de la República (FGR), como voz institucional, ha argumentado que esa comisión duplicaría funciones de instancias ya existentes. Las organizaciones de derechos humanos manifestaron su oposición a que la Corte revise la sentencia, por considerar que eso prolonga la incertidumbre jurídica y deja en riesgo un fallo que desmontó la «verdad histórica». El asunto sigue pendiente de resolución en la SCJN por cuatro recursos de revisión extraordinaria atraídos en julio pasado.
Los avances a los que hace alusión el abogado es la información que les dio la presidenta en la última reunión que tuvieron. Sheinbaum anunció que las líneas de investigación las haría públicas antes de que se cumplan los 12 años, aún no ocurre.
Aun cuando el abogado acepta que son avances para las madres y los padres, no es información nueva, porque los investigadores independientes que estuvieron en México apoyándolos, articulados en el GIEI, a propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo averiguaron también.
En sus dos periodos –el primero de 2015 al 2016, y el segundo de 2020 al 2023– , los expertos emitieron seis informes con información que hasta ahora no es aceptada por el gobierno mexicano en sus diferentes periodos. Indagar más en la probable participación del Ejército no avanza. Siguen sin renovarles su colaboración desde julio del 2023, aun cuando las madres y los padres de los 43 son en quienes confían para llevar la investigación.
El abogado enfatizó sobre la manera revuelta en que ahora les presentan los supuestos avances actuales que, a su juicio, es una narrativa que desacredita todo lo que las madres y los padres creen.
“Nosotros hemos reiterado, los padres y madres también de manera pública, no son nuevas líneas. Todos estos puntos ya lo han referido los expertos en los seis informes (que difundieron)”.
A la vez que hizo varias precisiones sobre esos supuestos avances, por ejemplo, que los responsables de las funerarias antes citadas fueron detenidos por delitos diversos. Aunque en Palacio Nacional les dijeron que el dueño sí tenía orden de aprehensión por el caso de desaparición de los normalistas.
Para el abogado, el caso de Barandilla, que durante la noche de Iguala estaba a cargo del juez calificador José Ulises Bernabé García –refugiado en Estados Unidos–, donde habrían llevado y después sacado a algunos de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron, sigue sin ser profundizado o está pendiente. Al igual que algunas extradiciones, como la del titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, quien pidió asilo en Israel y es señalado de tortura y alteración de pruebas durante las indagatorias por la desaparición de los 43.
Pero la información que obra como avance en la actualidad acorta las implicaciones en la desaparición de los 43 normalistas, porque solo establece responsabilidades de autoridades de Guerrero.
Archivo Amapola.La confusión, la herramienta en medio de la “nueva” investigación
En la víspera de los 12 años de la desaparecieron de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el periódico nacional La Jornada, del que es conocida su empatía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por extenso a los gobiernos morenistas, el 31 de agosto pasado publicó en su nota principal “Dan giro al caso Ayotzinapa 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”.
Nada de esta información la recibieron las madres y los padres en la reunión con la presidenta.
El periódico informó, con algunas imprecisiones y extralimitaciones de técnica periodística, que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en el análisis de más de 20 bolsas con restos humanos (algunos calcinados o alterados térmicamente), provenientes de diligencias en Iguala y Cocula; la importancia de investigar la funeraria El Ángel de Iguala y sus hornos crematorios y una supuesta falta de confirmación genética de los restos óseos localizados. Aspectos de esta información concuerdan con los avances que les reportaron a las madres y los padres en la reunión con la presidenta.
En la información señalan de manera puntual a los expertos del GIEI y organismos civiles involucrados en el caso de no haber considerado importante la revisión de los restos de esas 20 bolsas por considerar que eso aprobaría “la versión histórica”.
Las madres y los padres de los 43 reaccionaron y calificaron la información como “falsa e imprecisa”. De principio, porque son datos desde 2014, inmediato a los hechos, usados para generar confusión en la actualidad.
La abogada colombiana Angela Buitrago, una de las expertas del GIEI, también salió a marcar esas imprecisiones y confusiones en una entrevista con periodistas de lo que, a su juicio, es un texto revuelto. En la noticia citaron que parte de la historia de hechos ocurrió en el río San Joaquín, el cual no existe.
Las bolsas con restos óseos –en la nota los llaman “petrosas”, que en realidad es un hueso temporal dentro del oído– que conocieron los expertos en los periodos que operaron, aclara la abogada, las protegió el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En el historial de los medios de comunicación nacionales y locales, disponibles en internet, está documentado que por intervención del EAAF enviaron al laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, los restos óseos que conoció y ubicó el GIEI como parte de su investigación. Por eso se supo que tres estudiantes de los 43 normalistas desaparecidos tenían concordancia genética con los restos: Alexander Mora Venancio (2014), Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (2020) y Jhosivani Guerrero de la Cruz (2021).
Las bolsas con restos óseos las localizó la extinta Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República) en la inmediaciones del Río San Juan y en terrenos aledaños, como Barranca de La Carnicería, en Cocula, según les reportó a los expertos y los forenses.
Vicario Aguilar aclara ahora que las madres y los padres desconocen de dónde salieron en realidad esas bolsas con restos óseos, porque la PGR les dijo que provenían del río San Juan, justo después que el gobierno de Peña Nieto fraguó la “verdad histórica”, pero nunca tuvieron la certeza de que así fuera.
Este gobierno tampoco les informó a las madres y los padres de nuevos hallazgos de restos óseos como parte del ajuste de la investigación, solo les habló de la ubicación de una bolsa con restos en la funeraria El Ángel, que es objeto de la investigación actual, pero que serían del 2014, según el abogado.
Para la creación de la imagen se usó IA. La información y datos concentrados son parte de la documentación periodística de este trabajo.Invalidación a todo en lo que creen las madres y los padres
En vísperas a los 12 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también emitió la recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y generó una intensa polémica por exculpar al Ejército de una participación directa en la desaparición de los 43 normalistas. La recomendación plantea que algunos miembros pudieron estar presentes durante la noche de Iguala, sin que eso signifique un involucramiento de la institución.
“La recomendación de la CNDH en términos generales, lo que trata de hacer es minimizar el caso Ayotzinapa, reducir a un caso o un problema solamente del ámbito local”, insiste el abogado.
La polémica consiste en que las madres y los padres de los muchachos desaparecidos mantienen el dedo en el renglón de que el Ejército participó en la desaparición de sus hijos, según las indagaciones realizadas por los expertos independientes y por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) que presidió Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración durante el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.
Encinas concluyó que fue un crimen de Estado por la “complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad”, y determinó el involucramiento de “autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería”.
Las madres y los padres sostienen en sus exigencias, que volvieron a plantear a la presidenta Sheinbaum en su última reunión, que el Ejército les entregue 853 folios de sus registros internos sobre las comunicaciones de esa noche de Iguala, a los que en 2021 los miembros del GIEI y la Covaj no tuvieron acceso durante la revisión que hicieron de los archivos militares, después de una orden que dio el expresidente López Obrador, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, para avanzar en el caso Ayotzinapa.
En esa revisión, los expertos solo accedieron a una parte de los documentos internos de las comunicaciones que siguió el Ejército de los actores involucrados en la noche de Iguala porque, simplemente, nunca se los mostraron.
El abogado explica que los expertos detectaron muchos huecos en el serial de los archivos. De ahí se desprende la exigencia de las madres y los padres de que el Ejército les dé acceso a los 853 folios, es decir, a todos esos saltos y vacíos de información en la documentación interna que los expertos revisaron.
La liberación de los 853 folios es una orden judicial. Existe la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del 19 de febrero de este año, derivado de un amparo que interpusieron las madres y los padres en agosto del 2023 (1350/2023), que ordena al Ejército Mexicano entregar el total de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), de Iguala, y otras instancias militares.
La Sedena, renuente a exponer esa información, respondió e impugnó la resolución. El caso todavía sigue en proceso.
Con los 12 años transcurridos y los antecedentes documentados, el abogado detecta entre quienes tienen la responsabilidad institucional actual de esclarecer qué pasó con los 43 normalistas, un intento de achicar la investigación, lo que evitaría tocar a mandos más altos de instituciones públicas federales.
Para crear la imagen se usó IA. La información y datos concentrados son parte de la documentación periodística de este trabajo.
12 años de búsqueda. Es la segunda ilustración de Art.M de esta serie de trabajos del Caso Ayotzinapa a 12 años de los hechos en Iguala.
