Urgen expertos forenses, equipo y presupuesto para un proceso real y efectivo. La ONU aplica un mecanismo de identificación que, para familiares de desaparecidos, es insuficiente.
Texto: Beatriz García
Foto: Especial
Chilpancingo
Miércoles 29 de julio del 2026
Hace cuatro años, el cadáver de un joven fue hallado en dos partes en Chilpancingo, una en el 2022 y, otra en el 2023, la familia ya lo sabía, pero hasta la fecha no les entregan el cadáver porque, supuestamente, no hay pruebas genéticas, pero ya hasta hay sentenciados por el caso, contó Gema Antúnez Flores, representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, quien busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez desde el 2011.
El caso de este joven evidencia una situación grave en el proceso oficial de identificación de cadáveres que llegan áreas forenses o panteones ministeriales. Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos en Guerrero mantiene la denuncia de que autoridades publican fichas desactualizadas de personas vivas para identificación forense, usan métodos obsoletos que ignoran restos óseos antiguos y mantienen en el abandono a miles de cadáveres sin peritajes genéticos.
Socorro Gil, representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, por ejemplo, en una búsqueda en Semefo de Acapulco en abril pasado reconoció el cráneo de su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde 2018.
Ante esa situación, los familiares de desaparecidos, organizados en colectivos, proponen un centro de identificación con expertos en antropología forense, odontología forense, médicos forenses, genetistas forenses, peritos, criminólogos y todo el material que requieren para operar, ante las decenas de cadáveres que llegan a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), panteones ministeriales, fosas comunes y fosas clandestinas.
De acuerdo con colectivos de familiares de desaparecidos en el país hay 132,400 personas desaparecidas; 4,500 fosas clandestinas y cerca de 72,000 restos óseos sin identificar.
En abril pasado el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) pidió la intervención de la Asamblea General de la ONU para examinar esta problemática en el país. La resolución no fue del agrado del gobierno mexicano: hay “indicios de que en México se ha cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
La CED hizo un llamado para que esta situación se remitiera a la Asamblea General de la ONU y de esta manera buscar una cooperación técnica y financiera para labores forenses y de búsqueda. El gobierno mexicano lo rechazó.
Existen diferencias entre lo que gobierno dice y lo que las familias buscadoras documentan sobre las cifras de desaparecidos. Recientemente el gobierno federal hizo una depuración de casos de desaparecidos e informó que en el país hay 43,128 casos frente al registro de 132, 534 de los colectivos.
La información oficial de desaparecidos distorsiona la realidad, según las organizaciones Fundar y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.
Las autoridades mexicanas han querido maquillar o minizar los casos de desaparición forzada porque no escuchan las necesidades reales que las familias necesitan para buscar a sus seres queridos, pues son quienes a diario están en campo supliendo las responsabilidades institucionales del Estado, como lo han declarado distintos colectivos de familias buscadoras.
Aspecto de una de las búsquedas en campo que realiza el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco. Foto: CortesíaAcción de identificación de la ONU, insuficiente
Los colectivos deben presionar a las autoridades para que trabajen, además de que ya buscan en fosas clandestinas y Semefos con sus propios materiales, picos, palas, varillas, y entregan los restos óseos o cadáveres a las autoridades. Luego el proceso se atora porque no hay cómo identificarlos.
Los resultados en materia de búsqueda y localización de las y los desaparecidos es gracias a la presión de las familias, sostuvo en entrevista Gema Antúnez. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicó en Guerrero un mecanismo de identificación que, para familiares de desaparecidos, es insuficiente.
El 8 de julio, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionarios del gobierno federal y estatal, representantes de la ONU y representantes de 16 colectivos de familiares de desaparecidos se reunieron.
A los familiares les informaron que trabajarían en la identificación forense y se abriría un micrositio para la difusión de fichas de desaparecidos cuyos cadáveres fueron identificados, pero el anuncio no les satisfizo.
La identificación que les plantearon es a través de la huella dactilar, pero esa identificación no funciona con los cadáveres o restos óseos que llevan más de 10 años.
En el micrositio difundieron 50 fichas de supuestos cadáveres identificados, cuando existen 1,131 cadáveres en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) y el panteón ministerial de Chilpancingo, de acuerdo con Antúnez Flores.
En Guerrero, agregó David Molina Rodríguez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez, quien busca a su hermano Josué Molina Rodríguez desde el 2014, hay más de 4,600 desaparecidos.
Gema Antúnez informó que de esas 50 fichas de supuestos cadáveres identificados, dos de ellos son personas que fueron localizadas y están vivas, y lo sabe porque las familias de ambos se comunicaron con ella.
Todas esas situaciones les dan poca confianza de una investigación clara y precisa de los desaparecidos.
“Cada día me decepciono más al ver que es pura simulación. Siempre son las mismas palabras: ‘estamos trabajando en esto, estamos avanzando en lo otro’, y ver los resultados que tenemos”, dijo la madre buscadora.
David Molina agregó que ninguna de las personas con fichas difundidas en el micrositio pertenece a su colectivo. Dijo que las 50 fichas en realidad ya están identificadas desde hace dos años y que desde ese entonces buscaban cómo difundirlas sin vulnerar los derechos de las víctimas.
“Ese micrositio tiene ese objetivo de difundir esos cuerpos, pero no aclaran que muchos de ellos estaban en situación de calle, no parten de una investigación, no parten de un trabajo bien fundamentado. Muchos de esos cuerpos no tienen denuncias”, mencionó.
La representante del colectivo Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, dijo que las quejas de las y los familiares es que hay “muchísimos” cadáveres en los Semefo con credencial de elector para buscar a los familiares, pero las autoridades no lo hacen y menos una confronta genética.
“Nunca los buscan, no los difunden tampoco. Las presiones son de las familias. Si las familias no lo hacen tampoco las autoridades internacionales hacen nada, siempre va a ser sobre la presión que hacen las familia”, agregó.
La madre buscadora destacó que por esta razón mantienen su labor de forma independiente. Recientemente en una inspección en el Semefo, los integrantes del colectivo que representa hallaron cadáveres que portaban identificaciones y decidieron publicar estos datos en redes sociales por considerar que es la vía más rápida para que regresen con sus familias.
Aspecto de un mitin del colectivo Familias en Búsqueda María Herrera, para exigir la búsqueda de sus desaparecidos. Foto: Cortesía.Un equipo multidisciplinario, lo que necesitan
En Guerrero los colectivos coinciden en que es urgente un equipo multidisciplinario que ayude con la identificación de cadáveres.
El Semefo en Guerrero pertenece a la Secretaría de Salud (SSA) y en los hospitales son recurrentes las denuncias por la falta de insumos. David Molina sostiene que si no hay lo básico en los hospitales menos en el Semefo y panteones para la identificación de cadáveres.
En la FGE tampoco ven avances en las investigaciones, porque en ocasiones cuando interponen una denuncia, al salir los amenazan por llamadas telefónicas anónimas.
Entonces, lo ideal sería que en Guerrero creen un modelo similar al del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un Órgano Público Descentralizado (OPD) para tener su propio patrimonio y figura jurídica, propuso David Molina.
La representante del colectivo Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Emma Mora Liberato, quien busca a su hijo desde el 2011 José Alberto Téllez Mora, agregó que desde el 2016 siempre su prioridad es la identificación forense.
“En Guerrero no tenemos equipos multidisciplinarios para que hagan ese tipo de trabajo. Esto se puso sobre la mesa para decirle a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda): queremos que las personas que trabajen en el Centro de Resguardo Temporal y el Centro de Identificación Forense, que se está construyendo en Acapulco, no sea un elefante blanco y cuando se hagan las contrataciones realmente sean personas con experiencia”, declaró.
Las familias de víctimas demandan un Centro de Identificación Forense, pero en la reunión que tuvieron con la gobernadora el pasado 20 de julio, les dijo que no hay presupuesto y, por ahora, el proyecto quedará en un centro de resguardo, similar a los panteones ministeriales.
Emma Mora planteó que contraten personal con experiencia que garantice investigación para la identificación de cadáveres en panteones ministeriales, Semefos y fosas comunes. También la asignación de presupuesto suficiente para que opere el centro de resguardo y el centro de identificación, y sus trabajadores tengan un salario digno que les permita una labor seria.
Gemma Antúnez precisó que dentro del equipo multidisciplinarios para Guerrero necesitan odontólogos forenses, peritos forenses, criminólogos.
En Chilpancingo, ejemplificó, solo cuentan con dos peritos y cuatro policías de investigación, y con ese personal no se puede hacer mucho.
En Guerrero, planteó David Molina, también debe existir por ley una área de análisis de contexto, como parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, con un especialista que lleve la investigación: parta de una hipótesis, solicite las entrevistas necesarias y acuda a los lugares clave.
“Mientras no se tenga esa área de análisis de contexto las búsquedas que hacemos, son nada más pegas de ficha, por ejemplo, no parten de una hipótesis de investigación. Los colectivos son los que seguimos investigando posibles fosas, a los que nos llega la información, salimos a campo a caminar, a las colonias, a investigar, preguntar, a saber, a exponernos. La Fiscalía, mientras no tenga esa área, todo es simulación”, agregó.
Antúnez Flores sugirió que el personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CCDHEG) intervenga y vigilen el actuar de las autoridades en las investigaciones de las desapariciones, y se coordinen con áreas de gobierno a quienes les competen el tema para planear y trabajar.
En términos de materiales, coincidieron los representantes de colectivos, requieren drones, georadares, teléfonos satelitales y radios para las búsquedas en campo.
Cuando van a campo, los integrantes de colectivos solicitan el georadar o los drones, pero si en esos mismos días hay búsquedas de otros colectivos, el material no está disponible.
Así como la búsqueda de personas, la identificación es un tema que no sueltan familiares de las víctimas de desaparición.
