En América Latina y el Caribe, el aborto sigue siendo un servicio de salud al que millones de personas llegan tarde, con miedo o de forma insegura, pese a que hoy existe un consenso regional: interrumpir un embarazo también es una forma de autocuidado que los Estados están obligados a garantizar. Así lo sostiene Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), a partir de los últimos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los acuerdos alcanzados por los gobiernos de la región el año pasado.
Texto: Ana Paula Carbonell / Zona Docs
Para Valeria Pedraza Benavides, coordinadora de Contenidos y Estrategias Jurídicas de Ipas LAC, el punto de partida es ampliar qué entendemos por autocuidado:
“autocuidarnos no es solo descansar o hacer deporte o hacer yoga, meditar, comer bien, ir al spa, sino que para autocuidarnos también necesitamos poder tomar decisiones libres e informadas sobre aspectos clave muy importantes de nuestras vidas, como por ejemplo sobre nuestra salud y particularmente sobre nuestra vida y nuestra salud sexual y reproductiva”.
Si comprendemos así el autocuidado, es fácil entender por qué el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es esencial.
Aborto como autocuidado y trabajo de cuidados
Reconocer el aborto como autocuidado permite mirarlo desde la dignidad y el bienestar, en lugar del castigo y el estigma; al mismo tiempo visibiliza a las mujeres y comunidades que históricamente han sostenido, sin pago y sin reconocimiento, el acompañamiento en procesos de salud sexual y reproductiva. La Corte Interamericana ha subrayado que el trabajo de cuidado no remunerado ha recaído históricamente de forma desproporcionada en las mujeres, quienes realizan más del 76% de estas tareas en el mundo, una carga aún mayor en América Latina.
Pedraza recuerda que el derecho al cuidado no puede entenderse sin perspectiva de género:
“el trabajo de cuidado no remunerado ha recaído históricamente desproporcionadamente en las mujeres, quienes realizan más del 76% de estas tareas a nivel mundial y, por ejemplo, en Latinoamérica más que los hombres”.
Desde esa mirada, ubicar el aborto dentro del derecho al cuidado implica que las personas puedan decidir sobre su cuerpo sin miedo ni castigos y que quienes acompañan (personal de salud, colectivas, redes comunitarias) puedan cuidar a otras personas libremente, sin riesgo de criminalización.
Una práctica segura, barreras muy concretas
La autogestión del aborto con información confiable y los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud es una práctica segura y eficaz, y garantizar el acceso a esa información y esos insumos es una medida concreta para proteger la salud y prevenir abortos inseguros. Pero en la región, explica Pedraza, “en las zonas rurales a veces no hay acceso a servicios de salud, las personas tienen que recorrer grandes distancias para acceder a atención primaria” y este es “un reto que compartimos regionalmente” que afecta la posibilidad real de autocuidarse de forma oportuna y equitativa.
A esto se suma la vigencia del delito de aborto en la mayoría de los códigos penales latinoamericanos, incluso donde hay despenalización parcial:
“si sigue existiendo el delito de aborto en la mayoría de los códigos penales mantener el delito de aborto incluso cuando hay una despenalización parcial manda el mensaje de que genera un clima de estigma, de temores, estereotipos y prejuicios”.
Ese clima, dice, hace que “las mujeres y personas con posibilidad de gestar no tomen decisiones libres para acceder al servicio de aborto, tanto personal de salud como acompañantes de aborto, sobre todo en contextos restrictivos”, e impide que quienes acompañan puedan ejercer su labor.
Retrocesos, resistencias y ejemplos a seguir
Aunque la región ha sido referencia global por avances como la legalización del aborto en Argentina y Uruguay, la despenalización amplia en Colombia o las sentencias de la Suprema Corte en México que lo reconocen como servicio de salud y no como delito, estos pasos conviven con tendencias regresivas.
Pedraza alerta que “varios estados han hecho lo contrario: han reducido su inversión pública y han debilitado la institucionalidad encargada de garantizar el derecho al cuidado y esto con la excusa de ser más eficientes, de ahorrar recursos, de disminuir en general el rol del Estado”, mencionando específicamente a El Salvador y Argentina, donde se han reducido estos espacios para crear políticas públicas en materia de cuidado, de educación sexual integral y, por ejemplo, se han eliminado contenidos relacionados con la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Estas decisiones se inscriben en tendencias o narrativas globales que, señala, se observan también en Estados Unidos, donde se ha dejado de priorizar la inversión en salud sexual y reproductiva y educación sexual integral con la excusa de que esto promueve la llamada “ideología de género”. Frente a este panorama, la abogada rescata ejemplos que sí colocan el cuidado en el centro, como Chile, donde se aprobó un proyecto de ley para adoptar un sistema nacional de cuidado, o Bogotá, que cuenta desde hace años con un sistema público de cuidados.
Lo que falta por hacer
Para Ipas LAC, comenzar el año ignorando estos consensos sería un retroceso: “Reconocer el aborto como autocuidado no es una concesión, es una obligación derivada del derecho al cuidado y a la salud”, afirma Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de la organización.
Pedraza coincide en que no basta con cambiar leyes: “Además de tomar estas medidas normativas, es importante que los estados destinen recursos para la implementación de estas leyes y políticas en materia de cuidado”, y que en los presupuestos y políticas fiscales se pueda poner el cuidado como una prioridad.
En materia de aborto, menciona que es importante que los estados eliminen las medidas restrictivas que penalizan el aborto, el cual debe ser tratado como un servicio de salud. También deben garantizar la disponibilidad de estos servicios, los medicamentos, insumos y el personal capacitado en los sistemas públicos de salud. Desde Ipas LAC, el llamado es a fortalecer marcos normativos, garantizar servicios accesibles de salud sexual y reproductiva y derribar las barreras jurídicas, económicas, geográficas y culturales que todavía impiden que las personas decidan cómo cuidar su propia vida.
Este es un texto original de Zona Docs, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización.
