Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas narran cómo el municipio de Iguala, Guerrero, ya estaba hundido en una crisis de inseguridad, violencia y secuestros, mucho antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Texto y Foto: Manu Ureste / Animal Político
26 de septiembre 2024
Chilpancingo
Janet habla casi en susurros, con la voz permanentemente a punto de quebrarse por la rabia, la desesperación y la tristeza. Bajo sus ojos de expresión melancólica, unas abultadas bolsas violáceas le agudizan el aspecto cansado. Pero nada de eso le resta contundencia a la hora de hablar claro cuando dice que en Iguala no puede vivir en paz. Ni antes de Ayotzinapa, ni una década después de que policías locales en contubernio con criminales desaparecieran a 43 estudiantes en un caso que dio la vuelta al mundo y que sigue sin resolverse.
Tras soltar la frase lapidaria, la mujer muestra a la cámara la lona con la fotografía de su hermano Joel Villaseñor Cerezo, desaparecido el 30 de julio de 2021 a manos de unos hombres vestidos de negro y armados que lo interceptaron a bordo de una camioneta y sin mediar palabra se lo llevaron a los golpes, dejando a su esposa embarazada de siete meses tirada en el suelo.
Acto seguido, pasea la mirada por el amplio salón donde tiene sus instalaciones la organización civil Colectivo de Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos A.C., en la ciudad de Iguala.
–Aquí hay muchos casos de antes de Ayotzinapa –Janet apunta con la barbilla a la señora Sandra Luz Román, la directora del Colectivo, cuya hija, Ivette Melissa, desapareció en 2012 también a manos de policías de Iguala, dos años antes de la desaparición forzada de los normalistas.
Y también muchos casos de personas que desaparecieron después –ahora pasea la mirada por María Dolores Rojas, de 51 años, que busca a su hermano José Ricardo Rojas Flores, de 42, desaparecido en julio de 2018 cuando iba a un evento de una quinceañera; la señora Jovita Rodríguez, cuya hija Lucila Fuentes desapareció en agosto de 2017; la señora María Jesús, cuya hija Jazmín Delgado desapareció en abril de 2018; y la señora Lucila, madre de María del Sol Román Hernández, de 31 años, desaparecida el 13 de marzo de 2022.
Foto: Manu Ureste.Casos de personas desaparecidas en Iguala, Guerrero
Las cifras oficiales corroboran las palabras de la señora Janet. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, desde la llamada ‘noche de Iguala’ el 26 de septiembre de 2014, hasta el 25 de septiembre de 2024, un total de 292 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las que 166 continúan sin ser localizadas y 19 fueron halladas pero sin vida, el 63% del total.
Mientras que en el sexenio de López Obrador que ya está por terminar, en Iguala desaparecieron 154 personas, de las cuales 95 continúan sin localizarse y seis fueron halladas muertas, más del 65% del total de casos que fueron denunciados. En total, desde que arrancó la llamada ‘guerra contra el narco’ en el sexenio de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, hasta la fecha, suman 446 personas que están desaparecidas en Iguala, más 33 personas que fueron localizadas sin vida, casi el 80% de los casos denunciados en tres sexenios.
Sobre este panorama en datos oficiales, las madres y activistas entrevistadas matizan que la cifra negra de desaparecidos y de personas halladas muertas todavía puede ser mayor, pues son muchos los casos que no se denuncian por temor a represalias. O como dice la señora Sandra Luz Román, la directora del colectivo de madres buscadoras igualtecas, hay casos en los que las personas desaparecen en Iguala, pero aparecen en otro municipio, o incluso otro estado, y no se incluyen en la contabilidad de la localidad guerrerense.
–Aquí en Iguala se vive con mucho miedo –interviene en la plática la señora Lucila Hernández–. Yo veo a dos en una moto por la calle y me da un terror espantoso –agrega la mujer, que no se separa de una fotografía tamaño carta de su hija María del Sol, que a la salida de su trabajo como empleada de limpieza en el Ayuntamiento fue interceptada por una camioneta de color arena, que la embistió cuando iba transitando por la colonia Vicente Guerrero, muy cerca del mismo centro de la ciudad. A la mujer de 31 años la acompañaba su hermana, que trató de defenderla para que no se la llevaran, hasta que uno de los agresores “le puso la pistola en la cabeza”, disparó al suelo para persuadirla, y la bala que rebotó contra el suelo le hirió en una pierna.
–No ha mejorado la seguridad en Iguala después del caso Ayotzinapa. Yo creo que incluso está peor que antes –llega a la conclusión Lucila, a la que, de nuevo, las cifras oficiales le dan la razón.
Lucila Hernández busca a su hija María del Sol.Según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el año pasado, en 2023, sumaron 193 denuncias por asesinato; hasta un 238% más que en 2019, al inicio del sexenio del presidente López Obrador, mientras que hasta agosto de este 2024 se habían registrado 59 casos, dos más ya que los registrados en todo 2019. En total, se han cometido al menos 676 asesinatos en los últimos 6 años en Iguala, una ciudad de apenas 100 mil habitantes, y que en 2023 registró hasta 56 asesinatos más que los ocurridos en la capital guerrerense, Chilpancingo, la cual casi le dobla en número de habitantes.
Por este contexto de violencia en Iguala, y por la desaparición de su hija, Lucila decidió dejar su empleo como funcionaria y huyó de la ciudad junto a su otra hija, quien padece desde entonces un fuerte “estrés postraumático”. Desde algún punto del estado, la mujer continúa con las búsquedas en terreno, pero sin poder vivir en su ciudad.
La señora María Jesús, que como el resto de las madres tampoco se separa ni un segundo de la fotografía de su ser querido, pide que no se mencione su nombre completo por seguridad, pero sí el de su hija: Jazmín Delgado, desaparecida el 7 de abril de 2018.
María de Jesús, a diferencia de muchas de las madres que están en el colectivo, pasó cinco años buscando a su hija, que desapareció cuando salía de vender empanadas por las calles de Iguala, y sí logró encontrarla hace un año.
María de Jesús busca a su hija Jazmín.Jazmín apareció muerta en un predio llamado ‘Jesús de Nazaret’; “un cerro muy grande y desolado”, donde a pesar de que hay indicios de que pudieran haber enterrados clandestinamente más cuerpos, la mujer denuncia que las autoridades cerraron el paso para que el colectivo de madres igualtecas no siguiera con la búsqueda.
–Sabemos dónde se podría encontrar a más personas y que nos detengan es una injusticia. Si las autoridades no van a buscar, les exigimos que, al menos, nos dejen hacerlo a nosotras –pide enojada la mujer.
A continuación, la madre tira la mirada hacia atrás, a septiembre de 2014, cuando como el resto de vecinos de la ciudad se enteró de la noticia de 43 jóvenes desaparecidos por la policía de su municipio.
Jovita Rodríguez, cuya hija Lucila Fuentes desapareció en agosto de 2017.Cuando pasó lo de los estudiantes de Ayotzinapa yo jamás pensé que algo así me pudiera pasar a mí, ¡nunca! –exclama aferrada al retrato de su hija–. Lo veía como algo muy lejano a mí. Pero ahora entiendo a esos padres y madres que salen a marchar y que se quedaron sin vida por la desaparición de sus hijos. Porque cuando me pasó a mí, yo sentía que volaba, que no pisaba la tierra. Que ya no era yo.
María Jesús explica entre sollozos de dolor, de un dolor casi físico que se puede palpar, abrazar, que además de la desaparición y muerte de su hija, también se sumó hace un año frente a su casa el asesinato a tiros de su nieto que hacía un mes acababa de cumplir los 17 años. El joven era hijo de su hija desaparecida. Quería ser militar para encontrar a los responsables de la desaparición y muerte de su madre Jazmín, “y para meter en la cárcel a todo el que anduviera mal en la calle”.
–Pero también me lo mataron y ahí quedaron truncados todos sus sueños –llora la mujer, que niega con la cabeza cuando se le pregunta si conoce el motivo de por qué habrían matado a su nieto, o desaparecido a su hija.
–Si lo supiera ya hubiera ido yo a buscar justicia –sentencia alzando la voz y la mirada, súbitamente endurecida por el dolor del recuerdo–. Me hubiera hecho cargo con mis propias manos –asegura masticando las palabras–, porque aquí, en Iguala, no sirve de nada poner una denuncia. Aquí no sabes si tienes que cuidarte más de esa gente mala, o de los que se ponen el uniforme.
A diferencia de Lucila, la señora María Jesús dice que, aunque quisiera –de hecho, cuenta que una de sus hijas de 15 años se lo ha pedido en reiteradas ocasiones– no se puede ir de Iguala para refugiarse en otro lugar y tratar de empezar de cero.
–Aquí tengo mi trabajo y es lo único que tengo para comer y para sacar adelante a mis otras nietas. A ellas les estoy enseñando a defenderse. Cada vez que salen a la calle me avisan, me dicen: ‘está un carro así y así, y viene detrás de mí’. Yo les digo que me hagan una videollamada para ir viendo, pero también les digo que tienen que aprender a cuidarse, porque yo no puedo estar 24 horas pendientes de ellas.
La mujer, que sigue aferrada al retrato de su hija, al que abraza con cariño, hace una breve pausa para reponerse.
–Es muy duro que unas niñas tengan que estar pendientes de estas cosas, pero les digo que si no están alertas, este mundo se las acaba –chasquea los dedos.
–Yo incluso –añade tras hacer otra pausa y reflexionar por unos instantes lo que va a decir– he llegado al punto de decirles: ‘si a ustedes se las llevan en una camioneta y no se pueden escapar, tírense a matar contra algún carro. Porque si se las llevan, yo ya no las voy a encontrar…
Sandra Luz Román, la directora del colectivo de madres igualtecas, asegura tajante y con toda seguridad que quienes le desaparecieron a su hija Ivette Melissa un 24 de octubre de 2012 fueron policías municipales, ministeriales, estatales, y hasta agentes de tránsito de Iguala, municipio que acababa de nombrar como alcalde a José Luis Abarca, quien se encuentra preso desde 2014 y sentenciado a más de 90 años de prisión por el secuestro de seis activistas del Movimiento Campesino Unidad Popular. Abarca también fue relacionado como posible autor intelectual en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero fue absuelto de este cargo.
Todos los que se llevaron a su hija, denuncia Sandra Luz, estaban en contubernio con Humberto Velázquez Delgado, alias ‘El Guacho’, quien era el suegro de la joven y comandante regional de la Policía Ministerial en Iguala, que también estaría implicado años después en la desaparición de los normalistas.
Este comandante, que fue asesinado a tiros por un grupo armado en junio de 2021 en su local de ropa militar y policial, tiene un hijo quien, siempre según la denuncia de la señora Sandra, se dedicaba a ir a las escuelas a “enganchar” a mujeres jóvenes, “y ya que tenía como unas 10 niñas, las llevaba a vender con su padre, que luego se las entregaba al crimen organizado para trata de personas”. Entre esas jóvenes ‘enganchadas’ estaría Ivette Melissa, con quien este hombre tuvo una hija.
Por eso, porque los autores de la desaparición fueron policías y agentes del Estado, y por el contubernio con los criminales locales, como el cártel Guerreros Unidos, y por la posterior implicación de este comandante ministerial alias ‘El Guacho’ en el caso de los estudiantes, es que la activista relaciona el caso de su hija Ivette con el de Ayotzinapa.
–Mi hija desaparece en 2012 y en 2014 se produce lo de los normalistas. Y yo relaciono ambos casos porque son los mismos perpetradores. Las mismas personas que participaron en la desaparición de mi hija, participaron luego en la desaparición de los 43 –expone la mujer.
Al igual que los padres y madres de los normalistas, la señora Sandra narra que ha vivido una pesadilla que se ha extendido ya por más de 12 años. Una pesadilla donde ha sido ella misma también quien ha tenido que asumir el peso, el desgaste físico, emocional y económico, de buscar por sus propios medios a su hija, ante un Estado no solo inoperante, sino que además le ha puesto trabas y barreras de todo tipo para entorpecerla. Tal y como sucede, lamenta la mujer, en tantos miles de casos en todo el país.
–Yo ni siquiera les pido apoyo económico para las búsquedas. Solo les exijo seguridad para mí y para el colectivo, y que nos dejen buscar, porque ellos, el gobierno, no lo van a hacer.
Sentada en una silla de las instalaciones del colectivo, y también aferrada al retrato de su hija, un chica joven, guapa y de llamativos ojos azules, doña Sandra recuerda las veces que se ha metido en antros de Acapulco, en la costa de Guerrero, porque una pista la condujo hasta ahí sin resultados; o como cuando se metió a otro antro de mala muerte en una zona conflictiva de Michoacán, en Los Reyes, donde una mujer aseguró haber visto a Ivette con el nombre de ‘Karina’, pero personas armadas le impidieron el paso al local. O las veces que ha ido a centros penitenciarios, donde algunos reos aseguran haber visto a su hija trabajando en bares, pero sin la presencia de algún ministerio público que diera fé de toda la información para integrarla a una carpeta y darle seguimiento al caso.
–Han sido 12 años de mucho sufrimiento –recapitula la mujer–. Me han hecho de todo: me pusieron una pistola en la boca para que ya dejara de investigar. Y mientras, todas las personas que participaron en la desaparición están libres y no los han llevado ni siquiera a declarar.
Por tanta injusticia, por tanta impunidad, hace hincapié la mujer, es que su salud tanto física, como mental, se ha resentido gravemente en los últimos años.
–Hago un llamado a las autoridades, para que atiendan a las víctimas. A las miles de víctimas indirectas que necesitan la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Yo voy desde 2012 a un neuropsiquiatra, porque no puedo superar esto. No concilio el sueño y tengo que tomar medicamentos para dormir, porque el dolor que me genera la impunidad es demasiado fuerte.
Iguala se convirtió hace 10 años en el ‘epicentro’ de las desapariciones forzadas –le plantea a colación el periodista–. Pero su caso y el de otras compañeras prueba que aquí ya había desapariciones antes y después del caso Ayotzinapa. ¿Cómo es la vida en Iguala ahora?
Sandra se mueve inquieta en la silla, y mira el retrato de su hija.
–Pues su servidora no tiene vida social. Vivo entre cuatro paredes –dice paseando la mano por las instalaciones del colectivo–. Ya no salgo más que para lo estrictamente necesario. Y en el primer puesto que encuentro, ahí compro lo que necesito y me vuelvo a meter en el coche inmediatamente. Pero no es miedo, es precaución –matiza con tono tajante y el dedo índice en alto.
–¿No tiene miedo? –le cuestiona el periodista.
–No, yo ya no voy a agachar la cabeza ante un delincuente –responde, de nuevo tajante–. Yo voy a seguir buscando a mi hija, y cada intento es en memoria de ella. Yo sé que algún día me van a matar, pero voy a morir con la frente en alto. Si esta es mi razón de vivir, y tengo que morir de esa manera, que sea lo que tenga que ser.
–¿Por qué cree que la pueden matar?
Sandra sonríe levemente con la mirada fija en su interlocutor.
Encoge los hombros.
–Porque sé quiénes se llevaron a mi hija, y algunos andan libres. Pero, como le digo, ya no tengo miedo. Quien los anda buscando soy yo. Yo ando viendo dónde viven, y trato de buscar diálogo con ellos, porque ya ni siquiera los odio. Solo quiero que me digan dónde dejaron a mi hija, qué hicieron con ella. Sé que la ocuparon para trata de personas, pero ninguna autoridad ha hecho nada. Soy yo la que anda investigando por mi cuenta.
Acto seguido la mujer hace una pausa y traga saliva.
Detrás de los lentes, los ojos fríos se le humedecen.
–Ya estoy desesperada –lamenta con un hilo de voz–. Quiero volver a ver a mi hija, aunque sea metida en un cajón. Pero la tengo que encontrar.
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