Denuncian despedidos de la FGE que legisladores congelan solicitud de juicio político contra la fiscal

Texto: Margena de la O
Foto: Oscar Guerrero/Archivo y Antonio Castañón
Jueves 7 de marzo del 2024
Chilpancingo

Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al Congreso local para exigir a los legisladores que den trámite a la solicitud de juicio político que plantearon contra la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, desde el 13 de diciembre pasado.

Hasta el momento las diputadas y los diputados ni siquiera han iniciado el trámite, según los trabajadores. En todo este tiempo transcurrido, Valdovinos Salmerón ya se fue y regresó a la FGE sin que esta petición tenga eco; pidió licencia durante la crisis de inseguridad que de nueva cuenta impactó de manera directa en los conductores del transporte público en Chilpancingo y al cabo de unos días ella misma se reincorporó sin el trámite pertinente.

El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, quien junto a otros asesores acompaña a los trabajadores despedidos, dijo en entrevista antes de entrar al edificio legislativo que simplemente los legisladores no le dieron seguimiento al juicio de procedencia política contra la fiscal. «No sabemos qué está pasando, pide una licencia, deja un encargado de despacho, regresa, corren al encargado de despacho y el Congreso, la licencia que le otorgan, nunca hubo una valorización y nunca la subieron al estrado», mencionó.

De acuerdo con lo que han expuesto los trabajadores y los asesores, desde la llegada de esta fiscal suman unos 700 trabajadores despedidos injustificadamente, a quienes sólo los han citado para decirle que perdieron la confianza en ellos, según contó José Manuel Martínez Hernández, presidente de la Asociación de Criminalística del Estado de Guerrero. Él también acompaña a los trabajadores.

Andalón Sotelo agregó que la mayoría de esos trabajadores siguen sin recibir una liquidación, lo que vulnera sus derechos laborales y humanos. También se quejó de la actuación de la FGE porque, dijo, el número de órdenes de aprehensión ejecutadas al mes son muy pocas.

Martínez Hernández denunció que el despido injustificado de empleados es la causa principal de la petición al Congreso local contra la fiscal, pero hay otras, como el hacinamiento en que trabajan los administrativos, por ejemplo, en los Ministerios Públicos.

La razón de acudir esta tarde al Congreso local es saber por qué las diputadas y los diputados simplemente no actúan con su petición.

El abogado reprochó que ya en todos las comisiones a las que les compete atender el caso hubo cambios, como en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, y que el caso siguen sin abordarlo.

El grupo de trabajadores y asesores entró al recinto legislativo a entregar un oficio para de manera oficial saber por qué su solicitud no avanza.