Las zonas desprotegidas por el Estado, donde no hay servicios, son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes en actividades criminales
Texto: Margena de la O
Foto: Andrea Mendoza
6 de marzo de 2024
Chilpancingo
Dos semanas después, los 11 cadáveres de las personas masacradas en la Sierra de San Miguel Totolapan la tarde del 19 de febrero pasado, la mayoría hombres jóvenes, por lo que se pudo apreciar en los videos que circularon al día siguiente de los hechos, siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados ni reclamados por familiares, informaron de la Fiscalía General del Estado (FGE)
La escena de los cadáveres apilados en algún punto de Las Tunas, pueblo de la Sierra de San Miguel Totolapan, difundida en videos el 20 de febrero pasado, expuso más que una deshumanizada manera de sopesar la vida, evidenció quiénes son los actores que quedan en medio de la violencia criminal de zonas marginadas de Guerrero: los jóvenes.
La noticia de esos videos, que daban cuenta de una masacre, ocurrida un tarde antes en la parte de la Sierra que pertenece a la Tierra Caliente de Guerrero, fue difundida por los medios de comunicación sólo desde el ángulo de la rivalidad de grupos del crimen organizado, porque los mismos agresores se jactaban de su hazaña y de pertenecer a determinado grupo criminal, como una manera de dejar clara su fuerza.
Pero en los mismos videos hay otros elementos: la mayoría son muy jóvenes. De los dos lados están vestidos con ropa de estampado militar, y tienen armas y chalecos antibalas; sería muy difícil saber, sino fuera por lo que los autores de los videos exponen, quiénes son unos y quiénes son los otros, que pertenecen a grupos antagónicos.
“¡Así se mata!”. “¡Gracias por el arsenal!”, se escucha que gritan en los videos donde, primero, se ve que los agresores siguen disparándole a los cadáveres; después los apilan y les prenden fuego.
De estos hechos la FGE informó en un primer boletín que personal oficial acudía a la Sierra a confirmar los hechos, después difundió que elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Policía Estatal y Ejército hallaron cinco cadáveres calcinados, de quienes se desconocía su identidad, pero que serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Estos eran mucho menos de los que se ven en los videos.
Ahora, dos semanas después de los hechos, personal de Comunicación Social de la dependencia informó que en total llegaron al Semefo 11 cadáveres calcinados y semicalcinados que siguen en calidad de desconocidos. De esto ya no hubo boletín. “Ya se les tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos, en espera de que familiares acudan a la Fiscalía a reclamar los cuerpos y otorgar muestra, también para hacer el comparativo”, se lee en el mensaje que compartieron al solicitar esos datos.
La antropóloga Rosa Isela Robles Jiménez, quien es integrante del Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro), comentó desde su papel de estudiosa del tema, los dos contextos más habituales del involucramiento de jóvenes con grupos del crimen organizado: uno, desde el elemento aspiracional, porque desean formar parte de una que en realidad es vida ficticia, pero que se alimenta con lo que difunde desde algunos medios masivos de comunicación, y dos, la forzada, que ocurre con mayor constancia en las comunidades marginadas y desprotegidas por el Estado.
“Yo he visto ese fenómeno en las comunidades donde no hay condiciones, donde hay pobreza; donde no hay acceso a un mayor grado de educación, los jóvenes llegan hasta la secundaria y de ahí sus imaginarios son migrar a Estados Unidos o al norte del país, o incluirse en estas filas del crimen organizado”, comentó en entrevista.
Pero al abundar en que las zonas desprotegidas por el Estado son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes a actividades criminales, mencionó que las condiciones están dadas para que no pase nada, porque “se sabe que nadie va a reclamar por ellos, el Estado no va a hacer nada por ellos, porque son comunidades pobres, (algunas) indígenas, que a quién le importan, ¿verdad?”.
En la Sierra de Guerrero, es decir la cordillera de la Madre Sierra que pasa por unos 14 municipios del estado, de acuerdo con algunos estudios, está un surco de comunidades de abundante riqueza natural, pero de evidente abandono institucional, lo que se nota particularmente en los caminos y en la falta de servicios de salud pública y educación.
El lugar donde ocurrió la masacre del 19 de febrero pasado forma parte de ese surco de poblaciones marginadas.
Aun con esto, la antropóloga aclaró en la entrevista que ella no tiene identificado cuáles son las funciones a las que más se dedican los jóvenes cooptados.
La Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado también cómo los menores son el objetivo de grupos delincuenciales. Ha identificado casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde los siete, ocho y nueve años, de acuerdo con una de sus investigaciones periodísticas publicada en agosto de 2022 en su sitio oficial. Esto forma parte de un panorama general de la situación en el país.
Robles Jiménez había comentado antes que los contextos de cada zona, en este caso de Guerrero, determinan la asociación de los jóvenes a ciertas actividades de esas agrupaciones. “De por sí es visible el abandono del Estado hacia estas cuestiones, también la invisibilidad de estas situaciones que están pasando con los jóvenes, las desapariciones, asesinatos, es un tema que no se quiere tocar, pero ya es como una bombita de tiempo”, agregó.
La desaparición de menores y jóvenes en el estado es un asunto cotidiano, y se observa con la constante emisión de fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE) que circulan en redes sociales, pero cuando se difunden videos como los del 20 de febrero lo que más pesa es la idea de grupos criminales en rivalidad, lo que suprime otras reinterpretaciones.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas también exponen esta situación. Sólo el Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, de los más de 10 grupos en Guerrero, tiene documentadas en sus listas a 180 personas desaparecidas, de las cuales 120 son hombres y de éstos 80 son menores de 22 años.
Los colectivos de familiares desaparecidos están encargados en este país de buscar a los suyos de muchas maneras, desde en el campo hasta en las instituciones de gobierno. Han logrado, como una de las rutas de su búsqueda, que les tomen muestras para cotejarlas con los cadáveres que llegan al Semefo.
Para el reconocimiento de los cadáveres de las víctimas de la Sierra de hace un par de semanas sólo queda el cotejo de muestras, porque quedaron irreconocibles por la saña presente aún después de la masacre.