En un diagnóstico hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se evidencian una serie de fallas estructurales en la impartición de justicia para mujeres indígenas y luego su internamiento en centros penitenciarios de la entidad.
Texto: Jaime Armendáriz/Raíchali
Foto: Cortesía de CEDH/Raíchali
14 de febrero 2024
Julia es una mujer indígena que lleva 8 años en una prisión de Chihuahua por haber matado a un hombre que intentó violarla. Trabajaban en el mismo lugar y él la acosó en varias ocasiones.
Esa no fue la única vez que Julia vivió violencia. A sus 13 años otro hombre la violentó. Estaban casados y quedó embarazada, pero lo dejó por sufrir violencia sexual.
Así como ella, hay por lo menos otras 7 mujeres indígenas en el centro penitenciario número 1 del estado, ubicado en Aquiles Serdán, y una más en el Cereso número 2, localizado en ciudad Juárez, pero podría haber más.
En un diagnóstico sobre mujeres en centros penitenciarios, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este organismo especifica que las mujeres indígenas dijeron desconocer que se trata de un hecho ilícito aquello por lo que fueron detenidas.
Por ejemplo, en su mayoría, cometieron delito en defensa propia tras sufrir algún tipo de violencia de género (física, psicológica o sexual) durante diferentes etapas de su vida y por parte de distintas personas; o realizaron alguna acción que vivieron en su entorno familiar durante su niñez.
Esto quiere decir que no hubo una visión desde lo cultural al momento de aplicar justicia en la entidad a mujeres de comunidades, establece la CEDH. A ello se le suman las barreras lingüísticas para hacer efectivo un proceso adecuado para esas mujeres, especialmente por la falta de personas intérpretes y/o traductoras en los procesos penales.
Entre los testimonios recabados por la comisión derechohumanista par su diagnóstico, está el de Ana, mujer indígena sentenciada a 11 años de prisión como cómplice en el delito de abuso sexual contra su hija.
“La historia de violencia se repitió en su familia debido a que ella también fue abusada sexualmente durante su niñez, y hasta su detención, desconocía que se trataba de un delito. Luego de 3 años interna, declaró que desea redimir la situación con su hija, a quien desea hacerle saber que no está sola”, dice el documento, publicado en enero de este año.
En el diagnóstico la CEDH advierte la posibilidad del registro irregular de las mujeres indígenas que son internadas en prisión, ya que no en todos los casos se establece la pertenencia a pueblos originarios.
En México, de conformidad con las cifras de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta agosto de 2022, la población indígena y afrodescendiente en los centros de reinserción social del país, era de 7 mil 671 personas, de las cuales 255 eran mujeres y 7 mil 416 hombres.
Específicamente en Chihuahua, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, hay 8 mujeres detectadas como de pueblos originarios, recluídas por delitos como robo agravado, abuso sexual, homicidio en grado de tentativa y homicidio. Son de Chihuahua, Urique y Guerrero, y tienen parcial o totalmente la comunicación con sus familiares.
Estela, por ejemplo, es una mujer indígena, y en su testimonio dado para el diagnóstico dijo no comprender bien cómo fue procesada y no sabe cuándo podrá salir porque ya no la visita ninguna persona defensora.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no existe uniformidad en los criterios utilizados para su identificación. En algunos lugares, las mujeres indígenas privadas de la libertad deben declararlo, mientras que en otros, el personal penitenciario discierne en función de su idioma.
Al respecto, la CEDH urge a tener mecanismos claros para el registro de quienes ingresan a los penales, así como asegurar asistencia jurídica que incluya personal especializado en el trabajo con comunidades indígenas, para dar asesoría adecuada y culturalmente informada.
También considera la necesidad de crear un centro penitenciario en la región de la Sierra Tarahumara para propiciar el contacto de las mujeres de comunidades con sus familias o personas cercanas.
Estigma y prejuicios, los obstáculos para una correcta justicia para mujeres
Ese tipo de panoramas y vivencias violentas son una constante en contra de mujeres, no sólo indígenas, sino en general de las que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Son también estigmatizadas socialmente y viven una cascada de consecuencias negativas a partir de estar privadas de la libertad.
En las conclusiones hechas por la CEDH en su diagnóstico, el estigma y los prejuicios obstaculizan examinar la reclusión desde una perspectiva más amplia, que revela una serie de condiciones y situaciones que colocan a todas las personas en estado de vulnerabilidad.
Además que, en caso concreto de las mujeres, prevalecen en su contra una estructura machista, con la prevalencia de estereotipos sexistas y una segregación histórica, con una tolerancia desde lo social y lo institucional.
