Texto y fotos: Marlén Castro, Amapola Periodismo
Ayahualtempa/José Joaquín de Herrera
30 de enero 2024
Es viernes 26 de enero, las niñas y los niños de Ayahualtempa hacen lo que cualquier niñez en cualquier comunidad. Unos pequeños en edad preescolar se comparten un triciclo para recorrer la calle contigua a la comisaría, unos adolescentes juegan en sus celulares en la cancha techada y unas niñas con cubetas de nixtamal caminan rumbo al molino.
Lo diferente es que en esta plaza con niñas, niños y adolescentes que juegan despreocupados hay por lo menos una docena de policías comunitarios que vigilan el primer cuadro de la población y otros más apostados en los accesos.
Apenas hace dos días, en esta misma cancha, 20 menores de 11 a 15 años, entre ellos cinco niñas, fueron presentados con los rostros cubiertos, ropa tipo militar y armas, algunas de palo, como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La imagen de los menores armados, por tercera ocasión, de nuevo dio la vuelta al mundo.
Menores caminan por la calle principal de Ayahualtempa dos días después de la presentación de niños y niñas como policías comunitarios.La presentación de las niñas y los niños en labores de defensa del territorio se debió a la desaparición forzada de la familia integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58; los hijos Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, y Roberto Domingo Gaspar, de 31, el pasado 21 de enero.
Los cuatro hombres de la familia Domingo Gaspar son policías comunitarios.
La Policía Comunitaria buscó a la familia dentro de su territorio, pero no se aventuraron a hacer ninguna incursión fuera de su comunidad. Hicieron la denuncia a las autoridades, sin embargo, consideran que no han hecho nada para dar con su paradero.
La impotencia de no poder ir más allá de su propio territorio originó la nueva presentación de menores como soldados.
La primera vez que la CRAC-PF presentó a menores vestidos como militares fue el 22 de enero del 2020, en Alcozacán, municipio de Chilapa. En esa ocasión, supuestamente 19 menores se integraban a la Policía Comunitaria e hicieron una demostración de su entrenamiento.
Cinco días antes, 10 hombres de la comunidad de Alcozacán, adherida también a la organización, fueron asesinados.
Los dolientes querían los restos de sus familiares para velarlos y sepultarlos, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se apuraba en las diligencias.
La presentación de los menores fue un golpe mediático al gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores. Los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraron a los niños soldados y las comunidades adheridas a la CRAC-PF consiguieron que se les cumplieran varias peticiones.
Después del impacto mediático nada se volvió a saber de los menores autodefensas, hasta que se hizo una segunda presentación de más menores, ahora en Ayahualtempa.
El sábado 10 de abril del 2021 presentaron de nuevo a 15 menores que se integraban a la Policía Comunitaria, entre ellos una niña. Los habitantes de Ayahualtempa y de Alcozacán llevaban meses con la petición de que enviaran médicos, medicinas y abrieran escuelas en las comunidades para no tener que ir a Chilapa o a Hueycatengo, cabecera de José Joaquín de Herrera, población pegada a Ayahualtempa. La respuesta fue casi inmediata. Unas semanas después llegó el DIF con enfermeras, médicos y medicinas para equipar las unidades de salud.
Las circunstancias en Ayahualtempa y Alcozacán no han cambiado mucho, salvo porque las comunidades ahora tienen calles pavimentadas. En abril del 2021, la columna de comunitarios levantó una nube de humo al marchar por las calles polvorientas de Ayahualtempa. Ahora no hay polvo y las calles tienen detalles de flores dibujadas en el pavimento en cada esquina.
El pasado 19 de enero se reportó la desaparición de la familia Domingo Gaspar y cinco días después, como las autoridades no mostraban resultados en la búsqueda y en Ayahualtempa ni siquiera saben si hay búsqueda, convocaron a una tercera presentación de menores armados. Otra vez la foto generó escándalo.
Los medios nacionales y extranjeros difundieron la noticia, pero en esta ocasión, como respuesta, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, a través de la FGE inició una investigación por corrupción de menores contra la policía comunitaria.
El abogado Rubén Cayetano García, ex diputado federal por Morena, calificó esta acción del gobierno de Salgado Pineda como “un acto ridículo”. Aseguró que la FGE “no tiene un solo elemento para integrar una carpeta de investigación seria, eficiente y fundada” porque no hay “exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante”. Estas características se establecen en el artículo 171 del Código Penal de Guerrero para el delito de corrupción de menores.
Nacer y crecer en Ayahualtempa
Eliezer Bolaños y Román Vázquez son dos niños de cuarto año de primaria de la comunidad de Ayahualtempa. Son parte de los menores de edad, algunos en edad preescolar, que juegan en la calle contigua a la cancha techada.
Se divierten con algunos de los juguetes que los Reyes Magos les trajeron el pasado 6 de enero; no son los que querían exactamente, pidieron carros con control remoto, pero se ven felices, recargados en los carritos que deslizan sobre el pavimento. Otros niños más pequeños, entre cuatro y seis años, se prestan un triciclo para ir y venir por la cuadra.
Eliezer Bolaños y Román Vázquez quieren ser maestros y dar clases aquí mismo. Dicen que “aquí mismo” para no salir de Ayahualtempa porque escuchan a las personas adultas decir que es peligroso. Son muy chicos aún, no saben que para estudiar como maestros tienen que salir de aquí, porque dentro del pueblo solo hay telesecundaria. Tampoco saben por qué es peligroso y por qué hay hombres armados en la cancha techada. Sólo saben que los cuidan.
–¿Saben de qué los cuidan o por qué tienen que cuidarlos? Los niños se ven entre ellos, a ver si alguno sabe la respuesta y terminan levantando los hombros en señal de que no lo saben.
Menores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, juegan en una de las calles de la comunidad vigilados por integrantes de la CRAC-PF. Ilustración: Saúl EstradaTampoco saben quiénes fueron los menores, algunos incluso de sus mismas edades, presentados como policías comunitarios para la defensa de la gente y del territorio.
En una esquina de la cancha techada, un grupo de adolescentes se entretiene con sus celulares. Es la misma imagen que se repite en otras comunidades, los adolescentes se reúnen en el espacio en el que hay señal del celular. Frente a la cancha venden las tarjetas para abonar crédito a los aparatos. Por tres horas, 10 pesos, una tarjeta de 24 horas cuesta 24 pesos.
Los adolescentes no platican mucho entre ellos. No están reunidos para convivir, sino para agarrar señal. En este grupo hay un adolescente que sí estudia el bachillerato. Sólo dos menores de todo Ayahualtempa estudian este nivel escolar. Para hacerlo, salen todos los días a la cabecera de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, un lugar en el que han asesinado a algunos habitantes de Ayahualtempa.
El adolescente dice que en su caso va y viene sin problema.
Adolescentes se reúnen en Ayahualtempa a jugar en el sitio con mejor cobertura de Internet.“Yo puedo ir y venir porque no soy comunitario”, dice sin despegar su vista del celular.
Una zona en conflicto
Ayahualtempa es una comunidad nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, asediada por un grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos. Este grupo criminal es liderado por una familia originaria de Tlanicuilulco, una comunidad del municipio de Quechultenango, municipio de la zona Centro. Los hermanos Ortega Jiménez son los líderes de este grupo “generador de violencia”, así los llama ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus comunicados oficiales.
Bernardo Ortega Jiménez, diputado local del PRD por tercera vez, es parte de esta familia. Ortega Jiménez fue coordinador del Congreso local y dos veces fue presidente municipal de Quechultenango. Bernardo Ortega se deslindó muchas veces de forma pública de su familia, pero las veces que ganó la alcaldía y como diputado local obtuvo urnas llenas en todos los municipios controlados por el grupo criminal.
Por esta razón, Los Ardillos no son un grupo de delincuentes comunes “generadores de violencia”. Los grupos del crimen organizado se articulan para conseguir metas políticas y económicas y lo conforman actores económicos y políticos de la región. La periodista canadiense Dawn Marie Paley llama a organizaciones criminales como Los Ardillos, los nuevos grupos paramilitares, porque son los operadores del Estado o de los grupos fácticos, definidos estos segundos como sectores poderosos de la sociedad al margen de las instituciones políticas, entre los que figuran los grupos empresariales.
Ayahualtempa antes fue asediada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Rojos. En la región de la Montaña baja en la que se ubica Ayahualtempa, se asociaba a Los Rojos con grupos de políticos priístas.
Los Rojos y Los Ardillos –en su versión política el PRI y el PRD– se enfrentaron durante varios años y en estas comunidades varias personas fueron asesinadas de formas salvajes.
Ayahualtempa y Los Pinos son dos comunidades que se blindaron de la incursión de estos grupos criminales con la creación de la CRAR-PF, en agosto del 2014. En total 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a este sistema de justicia.
Al interior de la CRAC-PF también hay división. Los de Ayahualtempa se separaron del grupo de comunitarios de Alcozacán, el grupo dirigido por Jesús Plácido, sobrino de Bruno Plácido Valerio, el máximo líder de las autodefensas en Guerrero, asesinado el 17 de octubre del 2023, en Chilpancingo.
Policías comunitarios por necesidad
Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, de la que forma parte la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), afirma que son policías comunitarios por necesidad, incluidos los menores que fueron presentados como parte de la organización.
Los menores y adultos que se dedican a trabajar en el campo no tienen opciones, dice. Tienen que aprender a disparar para defenderse porque andan en el campo y deben cuidarse solos. Entre los cerros, los acechan integrantes del grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos.
En las familias en las que el papá es pintor, albañil o tienen cualquier otra actividad que no implica salir al descampado, los menores no tienen que aprender a disparar.
En estos días posteriores a la desaparición de la familia Domingo Gaspar en Ayahualtempa, patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal recorren el perímetro entre Chilapa y José Joaquín de Herrera. Pasan todas estas comunidades en conflicto, algunas abandonadas, sin detenerse. A lo largo de esta carretera hay mucha seguridad por los retenes del Ejército y Policía Estatal. Toda esta seguridad, como es evidente, no abona a la tranquilidad de los habitantes de Ayahualtempa.
La gente de esta comunidad nahua se tiene que hacer cargo de su propia tranquilidad y como estrategia mediática presentar a menores en labores de defensa del territorio, lo que funcionó a medias en las dos ocasiones anteriores.
Un policía comunitario vigila en la comunidad de Ayahualtempa.La presentación de menores como autodefensas es más que una estrategia para llamar la atención de las autoridades. Las niñas y los niños presentados como policías comunitarios, aunque nunca disparen un arma, firman una sentencia. El grupo paramilitar de Los Ardillos ya eliminó a varios habitantes de Ayahualtempa que figuran como policías comunitarios.
Los policías comunitarios de la familia Domingo Gaspar son las víctimas recientes.
