Texto: Amapola periodismo
Chilpancingo
20 de septiembre del 2023
La agente del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González, privada de su libertad por integrantes de un grupo del crimen organizado dijo que teme por su vida porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no le brinda medidas de seguridad y además le retiró el bono de riesgo.
En conferencia de prensa, en Acapulco, Salgado González contó que durante el tiempo que estuvo retenida por los individuos armados pensó que la iban a asesinar.
Relató que el 21 de agosto ella estaba en las oficinas del MP en Coyuca cuando llegaron varios hombres armados preguntando quien era la titular de la agencia contestándoles que era ella.
«Vi como al único agente de la policía ministerial lo tenían sometido; le quitaron su arma de cargo y después me subieron a una camioneta esposada y con los ojos vendados».
Mencionó que estuvo 31 horas en cautiverio y que cuando la metieron otra vez a una camioneta para dejarla en libertad los hombres armados le exigieron que obedeciera tres recomendaciones: «que no me quitara la venda de los ojos, que no me quitara las esposas y que no le pegara al vehículo».
«Cuando me bajaron de la camioneta y me dejaron en la carretera dudaba en quitarme la venda de los ojos porque tenía miedo de que si lo hacía me iban a matar», detalló Salgado González.
Contó que unas personas que viajaban en un vehículo en la carretera le brindaron ayuda y la llevaron a sus oficinas del MP en Coyuca.
Dijo que durante el tiempo que estuvo secuestrada nunca vio a las personas porque tenía los ojos vendados.
«Me preguntaron sobre unos vehículos asegurados por la Fiscalía pero yo les dije que de eso no tenía conocimiento porque yo no había abierto ninguna carpeta de investigación».
A finales de abril de este 2023, personal de la FGE, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron 13 vehículos con reporte de robo en una bodega ubicada en Ciudad Altamirano que, según informes oficiales, los tenían en posesión familiares cercanos a líderes de un grupo del crimen organizado que opera en Tierra Caliente.
Tras el aseguramiento de las unidades, alcaldes de siete municipios de Tierra Caliente, una diputada y un diputado local junto con cientos de pobladores de esa región bloquearon la carretera federal para exigir la salida de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Por esos hechos, la FGE integró una carpeta de investigación contra los alcaldes y diputados.
Patricia Jaqueline Salgado dijo que apenas se dio cuenta que ella ni sus compañeros que laboran en la FGE tienen seguro de vida.
«O sea si me hubiesen matado mis hijos se iban a quedar en la indefensión», dijo.
La agente del MP, Patricia Jaqueline Salgado, denunció que después de ser privada de su libertad por integrantes de una organización criminal la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha otorgado medidas de seguridad. Foto: Especial.Denunció que después del suceso trágico que vivió es acosada laboralmente por las propias autoridades de la Fiscalía ya que le retiraron el bono de riesgo de 5,500 pesos que le daban cada mes y para cobrar su salario tiene que ir a las oficinas para presentar sus constancias de incapacidad.
Expuso que no puede vivir tranquilamente en Guerrero porque tiene miedo de que la maten porque, además, aseguró, no cuenta con medidas cautelares.
Patricia Jaqueline Salgado le pidió a la fiscal Sandra Valdovinos Salmerón que cumpla su palabra de la plaza de titular de MP que le ofreció.
«Por eso acepté irme a Coyuca de Catalán a trabajar porque me dieron la plaza de titular de MP ya que me iban a aumentar el salario», mencionó la servidora pública que lleva 15 años trabajando en la FGE.
Salgado González fue secuestrada por hombres armados el 21 de agosto y el 10 de septiembre en la noche fue asesinado a balazos en Coyuca de Catalán, el fiscal regional, el teniente militar Víctor Manuel Salas Cuadras.
Víctor Manuel Salas tenía pocas horas de haber asumido ese cargo en Coyuca de Catalán.
En Tierra Caliente la violencia es generada por las organizaciones criminales que tienen lazos con los grupos económicos y políticos de la región.
