Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.
Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab
Fotografía: Quinto Elemento Lab
26 de septiembre 2023
Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.
Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.
“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.
Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.
“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.
el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.
“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.
El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.
En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.
El reportaje completo está en Quinto Elemento Lab
