Texto y fotografía: Marlén Castro
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) pidió a la Secretaría de Educación que genere las condiciones indispensables para que maestros y maestras que laboran en lugares con problemas de violencia impartan clases y se cumpla el derecho a la educación de las infancias y adolescencias.
Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la CEDHG, indicó que envió esa petición al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, de asignar los maestros que hagan falta en aquellas poblaciones con problemas de violencia y si están asignados y no asisten por la misma circunstancia social generar las condiciones para que lo hagan.
En El Nuevo Poblado El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, el que cuenta con unos 200 habitantes, de acuerdo con autoridades locales y el INEGI tiene censados a más de 650, los estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria no iniciaron el año escolar el pasado 28 de agosto, como ocurrió en el resto de la entidad.
El ciclo se retrasó debido a que los días 26 y 27 de agosto, los habitantes fueron atacados con bombas caseras manejadas por drones que cobró la vida de un joven de 20 años. Esta es la tercera ocasión que hombres armados, al parecer, se trató de integrantes de la Familia Michoacana, organización del crimen organizado que, de acuerdo con las mismas autoridades, controla parte de municipios de la Tierra Caliente y la zona Norte y están en confrontación con otra organización criminal denominada Los Tlacos, cuya base de operaciones está en Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.
El pasado mes de julio, después del primer ataque a los habitantes de El Nuevo Caracol y que las madres y padres de familia denunciaran que sus hijos no tenían clases presenciales desde dos años atrás, situación que siguió así después de la pandemia por la covic, el secretario de Educación aseguró que los menores ya tendrían clases presenciales. Aunque los maestros y maestras sólo acuden a dejar tareas y calificaciones, denunciaron madres de familia el martes 29 de agosto durante la presencia de una caravana humanitaria en la comunidad para llevarles víveres debido a la situación por la violencia y el ataque reciente.
Narciso Gaytán indicó que el derecho a la educación debe garantizarse a los menores de El Nuevo Caracol, como a las infancias de cualquier otra comunidad con problemas, porque ser uno de los derechos sociales más importantes para el desarrollo de las infancias.
La presidenta indicó que el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, pidió la intervención de la CEDHG para atender el tema de la educación de los menores, entre otras situaciones, razón por la que se reunirán posiblemente este jueves o viernes para ver de qué forma la Comisión apoya la labor humanitaria de la organización no gubernamental.
La CEDHG también busca una sesión de trabajo con la Secretaría de Educación para afinar una estrategia que se implemente en El Nuevo Caracol y los menores tengan clases finalmente.
En El Nuevo Poblado El Caracol están asignados con carga laboral 20 maestros, en la primaria hay cinco profesores y el director, en la secundaria cuatro profesores y también un director, pero no hay clases presenciales, sólo a distancia, pero las madres y padres deben pagar fichas de internet y no todas las familias tienen las posibilidades de hacer esa inversión para que sus hijos reciban clases.
La barda en la que está sentado el niño tiene varios orificios resultado de los diversos ataques.
