Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
15 de agosto del 2023
Chilpancingo
En Guerrero hay más de 4,000 personas desaparecidas, donde las familias, además de enfrentar el dolor de tener un desaparecido o desaparecida, están en un limbo administrativo y burocrático al no poder comprobar ante instituciones públicas y privadas la desaparición del familiar.
Si un padre o madre de familia desaparece en Guerrero, su vínculo laboral con su centro de trabajo se rompe al darse por hecho el abandono del empleo.
Rota la relación laboral, la familia de la persona no localizada no tiene acceso a la salud, seguridad social y vivienda que por derecho le corresponde.
Esto sólo en temas laborales, pero si el desaparecido deja deudas o contratos pendientes, no existe alguna ley que ampare a la familia en estos casos.
Casos como el de la familia de Juan Álvarez Gil, policía ministerial desaparecido en 2013 que dejó tres hijos menores de edad, a quienes les retiraron el acceso a la salud que tenían gracias al trabajo de su padre.
“Mi hermano dejó tres hijos que ya son adolescentes, pero no tenemos la Ley Especial de Declaración de Ausencia. Esa ley hubiera servido para proteger a mis sobrinos, porque podrían acceder a salud, apoyo y prestaciones, pero no, al contrario, las instituciones les entregan un documento donde notifican que ya nadie puede cobrar porque el desaparecido ya no se presenta a laborar”, dijo Ivonne Álvarez Gil, hermana de Juan y quien a través del Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, lo busca desde hace 10 años.
Contó que desde hace ocho años que fundaron el Colectivo Lupita Rodríguez ellos son los que realizan las búsquedas con sus propios recursos y medios, sin apoyo institucional.
La exigencia del Colectivo es que el Congreso local homologue en Guerrero la Ley Federal de Declaración de Ausencia, aprobada en 2018 por el Congreso de la Unión, para que los familiares de desaparición tengan acceso a apoyos sociales y reconocimiento.
«La persona no localizada no está muerta, por lo tanto no existe alguna acta de defunción, pero no se presenta a trabajar ni cumple con sus responsabilidades fiscales, por lo que en muchos casos se les despiden o los demandan por falta de pagos», expuso.
Otra situación que ocurre con los hijos de personas desaparecidas, explicó el representante del Colectivo, David Molina Rodríguez, es que los menores de edad «enfrentan el riesgo de quedar marginados del sistema escolar al no estar presente el padre o tutor, o los créditos de vivienda o bancarios caen caen en morosidad».
Desde el 2015, en el Congreso de Guerrero existen iniciativas para crear una ley estatal en materia de declaración de ausencia, las cuales se quedaron en la congeladora y nunca llegaron si quiera al pleno para votación.
El 22 de enero del 2015 el diputado Mario Ramos del Carmen presentó una iniciativa de ley en materia de declaración de ausencia por desaparición de personas en Guerrero, la cual se envió a comisiones y no se supo más de ella.
Un año después, en abril del 2016, ya en otra legislatura, la diputada Carmen Illiana Castillo Ávila presentó nuevamente la iniciativa en materia de declaración de ausencia, la cual se envió a comisiones y no volvió a salir.
En junio de 2019, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó por tercera ocasión la iniciativa pero de nueva cuenta, no se supo más del documento.
Por cuarta ocasión en seis años y tres legislaturas, el 23 de septiembre de 2021 el diputado Carlos Cruz López propuso la iniciativa de Ley de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas del Estado de Guerrero, que establece el procedimiento y plazos para su emisión, «para salvaguardar la personalidad jurídica y derechos, así como brindar certeza a los familiares, dependientes económicos o quien acredite interés jurídico para litigar y representar los intereses de una persona desaparecida», mencionó en su exposición de motivos el legislador.
De acuerdo con Cruz López, desde el 2018 que el Congreso de la Unión aprobó la ley federal, el Congreso de Guerrero debió homologarla en un plazo no mayor a 180 días, lo cual no ocurrió. Actualmente van cinco años y Guerrero no tiene dicha ley.
«Es impostergable hacer estas adecuaciones, dado que el estado enfrenta un grave problema de desaparición forzada que cambia radicalmente la vida de las y los integrantes de las familias afectadas, quienes se ven sometidos a la incertidumbre de no saber dónde está su familiar y quedan en total estado de indefensión social, económica y familiar, exponiéndolos de igual forma a consecuencias psicológicas, materiales y sociales», dijo Cruz López en aquella ocasión.
Su propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y dictaminación correspondientes, lo cual, dos años después, la Comisión no la ha dictaminado.
