Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia / Portada
Chilpancingo
Arnulfo Cerón Soriano desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero; 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo está relacionado a su activismo social en defensa de los derechos humanos y de pueblos originarios en la Montaña guerrerense, a través del Frente Popular de la Montaña (FPM), donde fue oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, Marco Antonio García, este último vinculado a proceso por su crimen.
Durante todo el 2019, Arnulfo tuvo confrontaciones con el alcalde morenista, porque le exigía cuentas de los recursos ejercidos y obras para comunidades de donde era gestor comunitario.
Para sus compañeros del FPM fueron estas críticas las que le costaron a Arnulfo persecusión, amenazas, desapareción y muerte.
Para enterrar a Arnulfo, los perpetradores cavaron un pozo de tres metros con una maquina retroexcavadora, el objetivo era que nadie lo hallara.
De acuerdo con colectivos de búsqueda, los criminales que realizan fosas clandestinas «no se toman tantas molestias para enterrar personas», en su mayoría los cadáveres son hallados a menos de un metro de profundidad.
Arnulfo y su labor en defensa de los derechos humanos
Arnulfo era abogado de profesión y defensor de los derechos humanos por vocación, desde el 2000 luchó por la defensa de los derechos sociales de los pueblos originarios.
Como abogado colaboraba con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en defensa de los derechos de pueblos indígenas. En 2014 se solidarizó con la lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
En 2000, Arnulfo fue arrestado arbitrariamente por la Policía Ministerial, fue torturado y detenido durante un año y medio acusado de homicidio. Lo absolvieron porque no se comprobó su implicación en dicho crimen.
Meses antes de su desaparición acompañó a un grupo de vendedores ambulantes expulsados del centro de Tlapa por decreto municipal para que ya no se instalaran en el primer cuadro de la ciudad.
Arnulfo desapareció el 11 de octubre de 2019, alrededor de las ocho de la noche, en el trayecto que hacía de su casa a una conferencia de Alcohólicos Anónimos.
Desde ese día, la familia, amigos y colegas de Arnulfo comenzaron labores de búsqueda, que duraron 40 días. Lo hallaron después de una presión mediática y por organizaciones internacionales de derechos humanos que exigieron al Estado mexicano dar con el paradero del activista.
«Arnulfo Cerón Soriano fue un defensor que contribuyó a la democratización del estado de Guerrero, al debate político, a la defensa de los derechos humanos, a hacer accesible el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños en las comunidades indígenas. También luchó por la libertad de los presos políticos, por la justicia, por la presentación con vida de los 43 y otros desaparecidos. Su lucha fue con todo el corazón y con la frente en alto por los derechos económicos y sociales de la población más desfavorecida. Su grito estridente fue silenciado con su muerte», así lo describe Tlachinollan mediante un texto para exigir justica por su homicidio.
Fotografía: TlachinollanEl presunto móvil
Todo comenzó durante la administración municipal del priista Jesús Noé Abundis García (2015-2018), quien al término de su trienio etiquetó 6 millones de pesos para la construcción de seis obras gestionadas por Arnulfo para colonias populares de Tlapa.
«Él (Abundis García) nos dijo que dejó etiquetadas esas obras con Dionicio Pichardo, pero ya cuando fuimos con él para ponernos de acuerdo con la realización de esas obras dijo que no iba a cumplir ningún acuerdo y compromiso del Ayuntamiento anterior, porque tenía sus propios compromisos», mencionó un integrante del FPM y amigo de Arnulfo que es testigo del caso y por lo mismo pidió omitir su nombre.
La exigencia porque respetaran los acuerdos fue la primera exigencia que el activista hizo al entonces alcalde entrante, Merced Pichardo.
Además de los 6 millones para las obras, hubo otros 26 millones de presupuesto que Abundis García no ejerció y entregó a Merced Pichardo, correspondiente al último trimestre de la administración priista.
«El compañero Arnulfo, como Pichardo no quiso asumir el compromiso de las obras, le estuvo exigiendo que informara qué había hecho con el dinero de las obras y de los 26 millones, y ese fue el gran enojo del alcalde», mencionó la fuente cercana a Arnulfo.
De acuerdo con esta fuente, a partir de estas exigencias, medios locales de Tlapa, pagados por el Ayuntamiento comenzaron una campaña de desprestigio contra Arnulfo y el FPM, uno de los señalamientos fue que el activista cobró sin trabajar durante la administración de Abundis García.
El FPM pidió de manera pública a Merced Pichardo las pruebas de sus dichos, las cuales no pudo comprobar. Desde ese momento el FPM rompió toda relación con el Ayuntamiento.
La última acción de Arnulfo, que sus compañeros consideran «fue la gota que derramo el vaso», fue dirigir una protesta de comerciantes que pretendían ser retirados del zócalo de Tlapa.
El 7 de septiembre el Ayuntamiento había desalojado a los comerciantes, lo que ocasionó un bloqueo en la calle principal de Tlapa.
«Cuando a nuestros compañeros comerciantes los desalojaron de sus lugares de venta se instalaron en medio de la calle principal y al quedar bloqueada, ahí tiene un negocio el jefe de gabinete de Merced Pichardo (Marco Antonio García Morales) y esa fue la cólera por parte de él y su familia».
Después de esta acción, el alcalde Merced Pichardo buscó de manera personal a Arnulfo para decirle que recibió una llamada donde le exigían quitara ese bloqueo y si no «se lo iba a cargar la chingada».
«Pichardo le dijo a Arnulfo: no quiero que te pase nada, ahorita olvídate de todo, de nuestras broncas, porque me acaban de llamar y me dijeron que si no se desbloquea la calle nos van a dar cuello, así que dile a los comerciantes que se regresen a donde estaban y ya no hay ningún problema», compartió el testigo.
Al lograr ser reinstalados Arnulfo informó a los manifestantes que levantaran el bloqueo y regresaran a sus lugares, pero el problema fue que no sólo los comerciantes afines al FPM participaron en el bloqueo, también otras organizaciones que mantuvieron el bloqueo por tres horas más.
Después de que fue despejada la calle, Arnulfo recibió una llamada donde lo amenazaron de muerte, incluso le enviaron una fotografía de ese momento para intimidarlo y amenazarlo. Pero lo cierto es que lo estaban vigilando.
«Esa llamada la hizo un hombre al que le dicen La Chiva, uno de los sicarios más peligros de ahí (Tlapa)», comentó el testigo.
Un mes después de estos hechos, el 11 de octubre del 2019 Arnulfo desapareció y su cadáver fue hallado para el 20 de noviembre de ese mismo año en una fosa clandestina en sobre la carretera Tlapa- Igualita, en el punto conocido como Los Tres Postes.
A casi cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del defensor de derechos humanos sigue pendiente que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, haya una reparación del daño para la familia y se instrumenten medidas de no repetición, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tony, el presunto autor intelectual
El 19 de diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo, el jefe de gabinete de Merced Pichardo, el empresario Marco Antonio García Morales, conocido en Tlapa como Tony.
Aun cuando Merced Pichardo ganó la elección municipal para gobernar Tlapa, en los hechos, de acuerdo con el FPM y pobladores de la ciudad, García Morales era quien llevaba las riendas del Ayuntamiento.
En las conferencias de prensa era García Morales quien respondía los cuestionamientos, en lugar del alcalde; era del dominio público en Tlapa que el jefe de gabinete y empresario dueño de las tiendas de autoservicio conocidas como Súper Tony, era el que dirigía el Ayuntamiento.
García Morales fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando salía de un restaurante de su propiedad.
De acuerdo con fuentes de la FGE, García Morales estaba al frente de un grupo criminal local que extorsionaba a los comerciantes de esa parte de la Montaña.
El empresario y jefe de gabinete comenzó a ser investigado después de la detención de Jorge «N», alías La Chiva, y de otras 12 personas quienes presuntamente fueron los autores materiales de la desaparición y asesinato de Arnulfo.
De acuerdo con los interrogatorios, los 12 detenidos confesaron recibir la orden de asesinar a Arnulfo de parte de García Morales.
Además confesaron que a Cerón Soriano lo sepultaron en una fosa clandestina ubicada en un lugar conocido como Tres Palos, en una brecha de la carretera Tlapa-Igualita.
García Morales fue alcalde en dos ocasiones del municipio de Alpoyeca, en la región de la Montaña.
Fotografía: TlachinollanEl juicio
Desde el 11 de octubre de 2019 se abrieron líneas de investigación para detener a los responsables. Detuvieron a seis personas señaladas como autores materiales y una persona como autor intelectual.
De acuerdo con un informe de Tlachinollan, estas detenciones disminuyeron la violencia en Tlapa y los indices de asesinatos y las desapariciones se redujeron.
El 1 de octubre del 2022, García Morles salió de prisión porque un juez determinó que podía llevar su juicio en libertad, lo que representa para el FPM y Tlachinollan un claro ejemplo de la corrupción que existen en el Poder Judicial.
«La esperanza de algunas familias volvió porque podían buscar a sus seres queridos en los cerros y en las barrancas, pero la poca tranquilidad se fue esfumando con los días cuando el autor intelectual empezó a caminar por las calles; el temor volvió a surgir porque se intensificaron las desapariciones y los asesinatos. De diciembre de 2022 a la fecha los periódicos locales han dado cuenta de al menos seis desapariciones de mujeres», mencionó el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Agregó que el pasado 26 de junio estaba programada la primera audiencia de juicio oral a las cuatro de la tarde contra la persona que está señalada como autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo, antes, a las 12 del día, había otra contra cuatro autores materiales
Dos más estarían pendientes porque están en la etapa intermedia. No obstante, las dos audiencias fueron diferidas y no se han reaunado.
Por estas irregularidades, integrantes del FPM instalaron el 29 de agosto pasado un plantón afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir un juicio justo en el caso de Arnulfo.
El dirigente del FPM, Ubaldo Segura y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, denunciaron que “hay acuerdos de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el presunto autor intelectual del asesinato para que el caso quede impune».
Los dirigentes del FPM pidieron una audiencia con el presidente del TSJ Raymundo Casarrubias Vázquez, para pedirle que el juicio oral que inició hace tres semanas en los juzgados de Tlapa se resuelvan conforme a derecho.
El plantón lo retiraron el 1 de agosto del año pasado sin alguna atención por parte de Casarrubias Vázquez.
