La dependencia estatal requirió documentos de estos ediles y legisladora para su investigación al Congreso local, pero contestó que no eran la instancia adecuada y los remitió al Iepcgro, donde le entregaron las actas que pidió
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
17 de julio del 2023
Chilpancingo
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) las actas de mayoría y de toma de protesta que les requirió de nueve alcaldes, en su mayoría de Tierra Caliente, una diputada local y un síndico, al parecer por la investigaciones judiciales que lleva contra ellos.
La consejera presidenta del Iepcgro, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que ya se atendió la solicitud que realizó la FGE sobre esos documentos, pero mencionó que el tema es manejado con cautela.
Aclaró que el Iepcgro desconoce el contenido de las investigaciones y el motivo de la solicitud de las actas.
La entrega de estas actas por parte del Iepcgro ocurrió después de que la FGE se las pidió al Congreso local de Guerrero, y éste respondió que era una solicitud improcedente.
Desde el viernes 7 de julio la FGE solicitó al Congreso de Guerrero copias certificadas de las actas de protesta y de las constancias de mayoría de nueve alcaldes, un síndico y una diputada local relacionados a una investigación.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor, la FGE entregó dos oficios al Congreso local para que “a la brevedad posible remita a esta Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Graves, dependiente de la Fiscalía General del Estado, copia certificada de las actas de protesta o en su caso constancia documentales que los acrediten como servidores públicos y el cargo de las personas que se mencionan a continuación”.
Los funcionarios citados en el documento son los alcaldes de Acapetlahuaya, en la zona Norte, César Ortiz Torres, del partido Movimiento Ciudadano.
De Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres Berum; de Tlapehuala, Jose Luis Antunes Goicochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández, todos alcaldes priistas de la Tierra Caliente de Guerrero.
El alcalde perredistas mencionado en el documento es Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, también en la Tierra Caliente.
La mayoría de estos alcaldes mencionados en el documento participaron en los bloqueos carreteros de la Tierra Caliente el pasado 28 de mayo, en el que exigieron la salida de la FGE por presunto abuso de autoridad en contra la población.
Este bloqueo de alcaldes ocurrió después de una operación de la FGE en el que decomisaron 12 vehículos de lujo y clásicos, algunos con reporte de robo, presuntamente propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente de Guerrero.
En la lista también aparece la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, quien es hermana de la ex diputada local y ex secretaria Migración y Asuntos Internacionales de Guerrero, Celeste Mora Eguiluz.
La diputada que aparece en este listado es la perredista Elzy Camacho Peñaloza, hija del ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea, asesinado en 2017.
La Tierra Caliente de Guerrero es una región en la que, de acuerdo con fuentes de seguridad, opera la Familia Michoacana, grupo del crimen organizadio que según pobladores controla los precios y la comercialización del refresco, la cerveza y el maíz, además del llamado cobro de piso a los comerciantes sin ningún freno de las autoridades.
Además de la actividad comercial, la Familia Michoacana, según habitantes, también está involucrado con la actividad política de la región.
Los ausentes en esta lista de funcionarios son el diputado priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, quienes también participaron en los bloqueos.
Vázquez Palacios fue nombrado como alcalde por el Congreso local después que un grupo de civiles armados asesinaron al alcalde de entonces, Conrado Mendoza Alameda, a su padre y a otros 17 servidores públicos municipales.
En un segundo documento, recibido el mismo viernes 7, la FGE solicitó también al Congreso local el acta de mayoría y de toma de protesta de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y del primer síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle.
Esta ocurre después de una serie de eventos violentos en Chilpancingo, ocurridos después de que filtraron imágenes donde la alcaldesa está reunida con uno de los presuntos líderes del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Antes, Hernández Martínez fue señalada en una cartulina de un encuentro previo.
Dicha solicitud fue contestada ayer por el Poder Legislativo donde precisaron que era el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) el que debía proporcionar esos documentos.
“Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar la búsqueda minuciosa en los archivos del Congreso del Estado de Guerrero no se encontró documento o constancia alguna con la información solicitada”, se lee en el documento de respuesta.
El único documento que proporcionó el Congreso local fue el de la diputada perredista Elzy Camacho Pineda.
“Se remite copia certificada del acta de sesión pública y solemne de instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, celebrada el día miércoles primero de septiembre de dos mil veintiuno, en la que consta la toma de protesta de dicha persona, como Diputada integrante de dicha Legislatura”, se lee en ese oficio.
Por los demás documentos el Congreso local sugirió a la FGE solicitarlos al Iepcgro, instancia que ya dio respuesta.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, una de las ediles investigadas por la FGE, durante una de sus conferencias de prensa matutina. Foto: Oscar Guerrero.
