Texto y fotografía: Itzel Urieta
Chilpancingo
Violencia contra las mujeres, violencia política de género, mujeres indígenas, acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso al aborto fueron los temas principales que se abordaron en el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2023 realzado por el Congreso local.
Participaron 46 mujeres de colectivas, académicas, investigadoras y de la sociedad civil de los 81 municipios del estado de Guerrero, quienes fueron electas mediante una convocatoria que consistió en presentar una propuesta de iniciativa de ley, investigación o propuesta de reforma que pudieran ser integradas a la agenda legislativa.
Algunas de las propuestas fueron, reformar la Ley 553 de acceso a una vida libre de violencia.
“Falta una ley de salud mental para atender a mujeres víctimas de violencia, en Guerrero no se cuenta con una ley de salud mental. Se solicita que las mujeres víctimas tengan acceso gratuito en las instituciones de salud mental”, mencionó la parlamentarista Evelin Morales Silvestre.
Las parlamentaristas de las siete regiones coincidieron y propusieron en varias ocasiones temas como el de otorgar más ayuda a las mujeres con discapacidad, la conclusión de reformas pendientes sobre paridad de género, presupuesto con perspectiva de género, derechos de las mujeres y espacios libres de violencia.
En lo que coincidieron la mayoría de las parlamentaristas fue en la solicitud al Congreso local de reformas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “para cuidar el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes que diariamente sufren agresiones en los espacios públicos y en el mismo seno familiar”, dijo en tribuna la parlamentarista Zitlali Guadalupe Nava Rivera.
La parlamentarista María Estrella Leal Ortuño pidió se apruebe “lo antes posible” la Ley 3 de 3 para que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que cometió violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.
Otro propuesta realizada por la parlamentarista Diana Cecilia Jiménez Carrasco fue que se revisen los logros y pendientes respecto a la Agenda 20-30 sobre igualdad de las mujeres en la vida política, pública, económica y social.
Plantearon la necesidad de reformar la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Salud, todas del estado de Guerrero, para que las mujeres que sufren dismenorrea (afección menstrual que produce calambres y dolor frecuentes) se les otorgue suspensión de dos días con goce de sueldo.
Otra propuesta fue que se adicione la fracción I del artículo 1 de la Ley 817 de Personas con Discapacidad, “a efecto de garantizar la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad y que en el Consejo Consultivo y el Consejo Estatal de Discapacidad sean integradas mujeres”, mencionó la parlamentarista Sara García Valladares
Uno de los grandes temas que abordaron por varias parlamentaristas fue el de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, por lo que Alondra Iturbide Ortiz se pronunció por reformar la Constitución Política del Estado “para que a partir de los 18 años las mujeres puedan participar en los procesos de elección popular, y que el Congreso, en coordinación con la Secretaría de Salud, generen acciones para que los hospitales y centros de salud cuenten con intérpretes, además de incorporar a médicos que dominen las lenguas originarias, y dotarlos de equipamiento y medicinas para un mejor servicio”, mencionó en tribuna.
En materia educativa plantearon reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría de Educación incluya en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas una vida libre de violencia, que coadyuve a generar un sistema educativo de calidad e incluyente.
También una propuesta para sancionar a los medios de comunicación que aborden los temas de feminicidio “con fines amarillistas y muestren los cuerpos de las mujeres y niñas que han sido violentadas o asesinadas”, además de impartir cursos de sensibilización a ministerios públicos y periodistas que trabajen con familiares de las víctimas, propuso Brianda Cruz Segura.
