Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree, que porque el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.
En entrevista, previó a una reunión de las madres y padres de los 43 con integrantes de organizaciones sociales a puerta cerrada, Rosales Sierra expuso la situación de las investigaciones.
“El caso avanzó hasta 2021, tiempo en que se obtuvo la identificación y paradero de algunos estudiantes y se libró el mayor número órdenes de aprehensión, y entonces el caso estaba perfilando a una investigación importante que terminó en el año 2022; el problema fue que esa investigación contemplaba a elementos del Ejército y derivaba en su responsabilidad en el caso, y es cuando se para la investigación”, dijo Rosales Sierra.
Derivado de esto, de acuerdo con Rosales Sierra, hubo confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las madres y padres de los 43.
Rosales Sierra adelantó que el próximo 27 de abril habrá una reunión de madres y padres de los 43 con que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, donde le plantearán que abran 13 archivos militares donde se narran los hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en 2014.
“Estos archivos no sólo probarían que el Ejército no sólo fue omiso, si no que fueron participes en la desaparición de los 43 estudiantes”, mencionó el abogado.
En uno de esos archivos, contó el abogado, narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de barandillas o cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero se necesita el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.
Para Rosales Sierra existe un “compromiso político” entre el presidente López Obrador y el Ejército, razón por la que se niegan a esclarecer el caso Ayotzinapa.
“Esta hipotecado el caso Ayotzinapa y el presidente no quiere romper su compromiso político con el Ejército para dar con el paradero de los 43”.
El vocero del colectivo de madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega Jiménez, mencionó que no quitarán el dedo del renglón “para saber dar con el paradero de los 43 y que quienes sean responsables sean llevados ante la justicia”.
Melitón Ortega denunció que las madres y los padres de los normalistas, y los activistas de derechos humanos que los acompañan son víctimas de espionaje; “se supone se tendría que espiar a los culpables y no a las víctimas”.
Sobre la reunión que culminó alrededor de las tres de la tarde, Melitón Ortega informó que abordaron temas de organización y peticiones que le llevarán a Encinas Rodríguez en la reunión del próximo 27 de abril.
Entres las propuestas que harán al subsecretario de Derechos Humanos está el cese al espionaje para activistas y defensores de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa e insistir en que el Ejército abra sus expedientes y se vuelvan a emitir las 16 órdenes de aprehensión contra estos agentes que fueron canceladas en agosto del 2022.
