Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Especial
Chilpancingo
Una mujer asesinada a balazos en un ataque y el cierre de empresas de gas LP es el resultado de la violencia de las últimas horas en Zihuatanejo, donde grupos del crimen organizado, asociados a diversos intereses económicos, actúan con libertad ante la inacción de autoridades.
Ayer martes en la tarde, casi frente a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) de Zihuatanejo de Azueta, tres mujeres fueron agredidas a balazos, al parecer por un hombre que huyó en una motocicleta.
Después, una de las tres mujeres, de nombre María, falleció cuando era atendida en el Hospital General de esa ciudad turística. Adeline y Maritza, las otras dos mujeres agredidas a tiros siguen internadas ahí.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el lugar de los hechos, los servidores públicos hallaron cuatro casquillos nueve milímetros, uno útil y tres percutidos.
El ataque contra estas tres mujeres ocurrió la calle Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad, y en un contexto de un nuevo incremento de la violencia aun cuando en la ciudad hay un despliegue especial fuerzas de seguridad federal y estatal.
Por ejemplo, el pasado 4 de febrero, las únicas tres empresas que distribuyen el gas LP cerraron luego de recibir amenazas de un grupo del crimen organizado que les exige el pago de una cuota.
Ayer martes, la empresa Gas Express Nieto reabrió sus instalaciones y los usuarios se aglomeraron en los accesos para que les llenaran con gas sus cilindros.
Las otras dos empresas, Gas Mundial y Gas Global, siguen cerradas.
Ante la escasez de gas LP, los industriales de la masa y la tortilla, restauranteros y particulares tienen que trasladarse a Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, para abastecerse de gas.
Desde el 2022, grupos del crimen organizado, asociados con grupos económicos y políticos, han tenido en jaque al sector económico de este destino de playa.
En junio, 50 tortillerías cerraron durante una semana porque los delincuentes les extorsionaron por una cuota; después los transportistas dejaron de prestar el servicio local y foráneo por la misma razón.
Posteriormente, los dueños de las ferreterías también fueron sometidos por grupos del crimen organizado.
Del 2022 a la fecha, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha dos operaciones de seguridad con soldados del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Policía estatal en las calles de Zihuatanejo, pero la situación no cambia.
