La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Fotografía: Gobierno de Jiménez / Oficial
Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.
Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.
En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).
Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.
Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.
Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.
Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.
La salud pública como excusa
El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.
Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.
Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.
Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.
Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.
Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.
Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.
De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.
De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.
Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.
“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
