En las últimas semanas, la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzó a enmarañarse, aunque usted no lo crea, todavía más.
En estas semanas, distintos sectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron con todo, sobre todo, los militares sacaron las uñas o más bien las garras para defender a los suyos, que según los últimos informes todo apunta que soldados participaron activamente en los ataques, desaparición y asesinato de los normalistas.
Pero en la Fiscalía General de la República (FGR) también traen un broncón. Pues, el fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Omar Trejo, renunció porque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se apoderó de la investigación y de paso la puso en riesgo.
Es decir, el gobierno federal se dividió en dos: los que defienden a todo costa a los militares y los que pretenden llevarlos ante la justicia.
Todo este enredo, nos mostró que los guachitos que además de manejar armas le saben a la politiquería. Pues para defender a uno de sus generales, José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en septiembre del 2014, le gestionaron su entrevista, a modo por supuesto, para que diera su “veldá”.
Días después se supo de un supuesto hackeo al sistema informativo del Ejército, así como lo ve: la institución más segura del país, resulta, tiene su lado vulnerable.
Y aquí como somos bien mal pensados, no nos creemos del todo que fuera un hackeo, más bien la filtración de información.
Resulta que el supuesto hackeo luego luego identificó la información sobre la salud del presi. ¿No será más bien un mensajito para López Obrador de que nada los detendrá para defender a uno de los suyos?
Si esto fuera cierto, aquí sí aplicaría ese viejo y conocido refrán: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Al Ejército como en ningún otro sexenio se le ha dado tanto poder como en el de López Obrador.
Otro de los datos importantes que se revelaron en estas semanas fueron las órdenes de aprehensión contra el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Lambertina Galeana Marín. Todos estos angelitos en tiempo del cacique Ángel agarra dinero, que diga, Aguirre Rivero.
Días después, la FGR desistió de las órdenes de aprehensión.
El que la sintió cerca de seguro fue el Aguirre Rivero, de hecho ni se presentó a la reunión de ex gobernadores que él mismo convoca en la Ciudad de México.
Pero eso sí después de que se supo del desistimiento, curiosamente, volvió a asomar la cabeza.
¿Le habrá dado frío? ¿Pensó que ahora sí lo apañaba la chota?
De eso muchos tienen ganas y con mucha razón, pues la actuación del agarra dinero en esa noche de Iguala aún no está clara y lo peor es que como en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el de López Obrador no se sabe si lo investigan.
Hace unos días, Aguirre Rivero escribió en su columna, casi, casi en un tono de víctima, que él no hizo nada y si eso es cierto, eso tiene otro nombre: omisión y para una autoridad, como la que él era esa noche de Iguala, es una responsabilidad.
Esperemos que esto no sólo quede en un susto, ni para los militares señalados ni para los ex funcionarios estatales ni para Aguirre Rivero, que por lo menos los investigue, sólo así se llegará a la verdad en este caso tanto doloroso para las mamás y papás de los 43 jóvenes, y para todo el país.
Chirrionazo: A los que también les llovió en estas últimas semanas fueron a las organizaciones sociales que acompañan a las mamás y papás de los 43. López Obrador, en su mañanera, les tiró duro, les dijo que muchos “defensores de derechos humanos” quieren que la tragedia siga porque de ahí se benefician. Eso sí estuvo duro.
