Este autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, salió de Iguala esa noche “librando todos los retenes establecidos”,
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
La relevancia del séptimo autobús en la trama de Iguala, la confirmación de que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado activo y la conclusión de que “no hay indicio alguno de que estudiantes se encuentren con vida”, son las últimas revelaciones relacionadas con la investigación para conocer el móvil de la desaparición y el destino de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace alrededor de ocho años.
Este jueves, en la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, informó a la prensa los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa, antes se reunieron con las madres y los padres de los normalistas, encuentro que, a decir de Encinas fue fuerte y doloroso, por lo que les dieron a conocer.
Horas más tarde, las madres y padres comunicaron que la información que recibieron “por su complejidad y dureza la estamos analizando” y que fijarían su postura cuando concluyera su valoración y contaran con la opinión de los expertos del GIEI.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa estableció con contundencia que no había indicio alguno de que los estudiantes estén con vida “por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Indicó que se hizo la búsqueda en 177 bases de datos, padrones y listados de dependencias públicas e instituciones privadas y “no se encontró indicio de alguno de actividades realizadas por los estudiantes”.
Encinas Rodríguez acusó que la desaparición fue un crimen de Estado porque “las acciones, omisiones y participación de diferentes autoridades federales, estatales y municipales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
El subsecretario reveló que la orden de desaparecer a los estudiantes se dio al filo de las 10:45 de la noche.
Como parte de este informe en Palacio de Gobierno, en el mismo sitio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza sus conferencias matutinas, Encinas reveló también que en la desaparición de los estudiantes participaron 36 actores directos y 35 actores adicionales, de acuerdo con el análisis de llamadas y mensajes intercambiados entre cinco teléfonos durante los días 26 y 27 de septiembre y fechas posteriores.
Indicó que derivado de las investigaciones existen elementos suficientes para que la FGR libre órdenes de aprehensión en contra de 33 personas que participaron en la fabricación de la llamada verdad histórica, la que se diseñó para ocultar los vínculos de autoridades con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Sexto autobús
Como parte del informe, Encinas reveló que en la noche de los hechos ubicaron a un autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, que salió de Iguala librando todos los retenes establecidos.
“Se estableció que la noche de la desaparición fuerzas federales, estatales y municipales colocaron 16 retenes para cubrir todos los accesos y salidas de esa ciudad. En ninguno de esos retenes fue detenido ese autobús, por lo que se presume que su contenido, se desconoce qué era, dinero o drogas, se recuperó”.
Al principio de los hechos de Iguala, se tenía la información que los estudiantes se movieron en cuatro autobuses, derivado de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se supo dos años después que en total los estudiantes se movieron en seis autobuses.
El 3278 de la Estrella Roja y dos de la línea Costa Line, el 2012 y 2510, que tomaron en la terminal de esa ciudad, el 2513 también de Costa Line que interceptaron en la entrada de Iguala y no pudieron sacar de la central, y los dos de Estrella de Oro en los que se trasladaron desde su escuela, en Tixtla.
Uno de los móviles de la desaparición, de acuerdo con investigaciones de la CNDH y periodísticas, está relacionada con la posibilidad de que los estudiantes habrían tomado un autobús que portaría drogas o dinero y por eso la reacción desproporcionada con la que respondieron los de Guerreros Unidos y las autoridades cómplices del grupo criminal.
Un soldado infiltrado en la Normal por la Sedena
Ya se conocía que probablemente uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, un joven originario de Tixtla, era soldado.
La revelación fue un sisma entre las madres y padres de los normalistas. Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes se dedican al cultivo y venta de hortalizas y viven en condiciones precarias, aceptaron que Julio César fue soldado, de hecho esta condición era conocida ampliamente en Tixtla, pero aseguraron que se había dado de baja cuando se accidentó durante labores por la tormenta tropical
Manuel y el huracán Ingrid, un año antes de la desaparición.
Encinas sostuvo que López Patolzin estaba activo y hacia funciones de informante de la Sedena dentro de la Normal.
Su mando inmediato era el teniente de infantería del 27 Batallón, con sede en Iguala, Francisco Macías Barbosa.
Su último informe, mencionó, fue el sábado 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana.
Acusó que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
De haberlo hecho, si se hubiera implementado el protocolo de búsqueda de un militar, dijo, “se pudo evitar la desaparición de los muchachos”.
En la conferencia, preguntaron a Encinas si la responsabilidad quedaba hasta el mando inmediato de López Patolzin y respondió que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba analizando la cadena de mando en la región para determinar las acciones.
Le preguntaron también hasta qué nivel llegaban las investigaciones sobre las 33 personas que torcieron la investigación.
¿Quiénes están en esta lista, hasta qué nivel llega, gobernantes como Angel Aguirre o, incluso, Peña Nieto?
Es parte de la investigación judicial. Si hay personajes de todos los sectores que mencionaste… (pausa de silencio) Peña Nieto, no, respondió Encinas.
¿Por qué está responsabilidad no llega hasta Peña Nieto, se le está encubriendo? Le preguntaron más adelante.
Nosotros estamos enfocados a dos objetivos de acuerdo con la facultad de competencia mandatada: esclarecer los hechos y buscar el paradero de los estudiantes, corresponde a la Fiscalía fincar las responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados.
De acuerdo con lo dicho por Encinas, la información y productos obtenidos fueron entregados a la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y a el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
