La carpeta de investigación abierta por la fiscalía no contempla las irregularidades millonarias detectadas por la Auditoría Superior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se revelaron grandes casos de corrupción.
Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel y Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Facebook Enrique Peña Nieto
A más de tres años de que concluyó su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se convirtió este jueves 7 de julio en el primer exmandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a 26 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, se trata de la primera y única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña, pues no existe otra indagatoria sobre alguna irregularidad ocurrida durante su gobierno. Este expediente, además, alude a un delito posiblemente cometido cuando Peña ha había dejado el cargo.
Ni La Estafa Maestra ni los casos Odebrecht o Agronitrogenados han alcanzado a Peña Nieto. Tampoco los 112 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron gastados de manera irregular en su mandato y que hasta el momento siguen ‘perdidos’. Estos recursos presuntamente se desviaron en gasto sin comprobar en qué, en compras a sobreprecio o en pagos irregulares.
No hay, además, imputaciones directas contra algún miembro de su gabinete, como Luis Videgaray, extitular de Hacienda, la dependencia encargada de administrar los recursos públicos.
Los 112 mil millones de pesos equivalen a todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública para 2022.
En resumen, nada se ha podido probar sobre corrupción del expresidente, salvo posiblemente estos 26 millones de pesos, anunciados este jueves y que habrían sido transferidos cuando Peña ya no era presidente.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Políticoque la FGR no ha recibido ninguna denuncia por hechos de corrupción en contra del expresidente Peña.
La única carpeta de investigación por posible corrupción y lavado de dinero que incluye al exmandatario fue abierta solo por los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre supuestos sobornos con dinero de Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada. Sin embargo, “no se ha reunido la información suficiente para proceder en contra de Peña Nieto”.
Por ese caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político que enfrenta un proceso judicial como presunto responsable de haber entregado sobornos a legisladores, a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, y está en prisión preventiva desde abril de 2021.
Solo en dos casos de corrupción como La Estafa Maestra y Operación Safiro fueron desviados más de 6 mil millones de recursos públicos durante el sexenio pasado, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hubieran avanzado en las investigaciones para hallar a los responsables y beneficiarios de los fraudes.
Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la detección de un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
Dichos recursos fueron transferidos por un familiar a Peña Nieto en tres movimientos financieros desde México y hacia España. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último también en octubre de 2021, por 5 millones. Según Gómez, ese familiar también realizó operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
Al tratarse de operaciones de las que se desconoce la fuente de procedencia, la UIF interpuso una denuncia ante la FGR, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, fue la instancia que inició la carpeta de investigación.
Santiago Nieto, anterior titular de la UIF, aseguró en su cuenta de Twitter que la información sobre posibles irregularidades del expresidente “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.
Sin embargo, las indagatorias solo se concentraron en las transferencias a partir de 2019, pero Pablo Gómez no informó que hubiese alguna pesquisa respecto de los años previos, cuando Peña Nieto era presidente y ocurrieron diversos casos de corrupción.
Tras dejar el gobierno, Peña Nieto se instaló en España, según reportó el diario El País, gracias a un permiso de residencia conocido como golden visa o visado dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.
Mientras, su actual pareja, Tania Ruiz, ha difundido en sus redes sociales su actual estilo de vida, que incluye viajes a ciudades como Roma, Bruselas o Nueva York.
El exmandatario solo disponía de 50.5 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su patrimonio declarado incluía nueve inmuebles —entre casas, departamentos y terrenos— con una extensión total de 89 hectáreas y un valor conjunto de 21 millones 420 mil 406 pesos.
Según los documentos disponibles en Declaranet, el expresidente afirmó que seis inmuebles le fueron donados, otro más lo heredó de su esposa fallecida, Mónica Pretelini, y dos más los compró de contado. Es decir, salió del poder con las mismas nueve propiedades que reportó al inicio de su gobierno.
El exmandatario, además, declaró ser dueño de muebles, joyas y obras de arte por un valor de 6 millones 900 mil pesos. También reportó poseer un fondo de inversión con 15.7 millones de pesos, un seguro de separación individualizado con más de 3 millones y otras inversiones por 3.5 millones.
Los casos de corrupción
La ASF tiene el registro de 112 mil millones de pesos de recursos “por aclarar”, es decir, que se gastaron pero de manera irregular entre 2013 y 2018 en las dependencias y organismos federales agrupados en los rubros de “gobierno”, “desarrollo económico” y “desarrollo social”, según se puede consultar en el Sistema Público de Auditorías.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría se encuentran casos como la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Altos Hornos de México, SA (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, por la que Pemex pagó 240 millones de dólares, más 200 millones para rehabilitación.
Sin embargo, la planta era chatarra y nunca operó. Por el caso, Emilio Lozoya, titular de Pemex cuando ocurrió la compra, fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber recibido 3.4 millones de dólares de soborno por ayudar a concretar dicha operación de compraventa.
En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieron a conocer el esquema de corrupción La Estafa Maestra, mediante el cual 11 dependencias hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, aunque estas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.
El esquema involucró 7 mil millones de pesos entregados a través de dichos convenios, de los cuales al menos 5 mil millones de pesos terminaron en empresas inexistentes, por lo que el dinero desapareció y los servicios contratados —que iban desde compra y reparto de despensas hasta servicios en pozos petroleros o desarrollos tecnológicos— nunca se cumplieron.
Operación Safiro
La Operación Safiro fue un esquema de desvío de mil 180 millones 981 mil pesos que presuntamente fue orquestado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y al menos siete gobiernos estatales y dos autoridades municipales del Edomex y la CDMX, y que presuntamente tuvo la finalidad de financiar campañas políticas para favorecer a candidatos priistas.
A la fecha, se ha documentado que en 2016, en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, se desviaron 246 millones provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), de la SHCP, a una red de empresas fantasma que, a su vez, dispersaron el dinero en múltiples operaciones financieras de lavado de dinero, hasta terminar presuntamente en camionetas de traslado de valores en el Estado de México.
La Fiscalía General de Chihuahua, en la administración del panista Javier Corral, inició una carpeta de investigación por la Operación Safiro y recogió testimonios de testigos colaboradores que señalaron que en los desvíos colaboraron activamente el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador Duarte y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Isaac Gamboa Lozano, quien fue asesinado junto con su familia en mayo de 2020.
La red de empresas que desvió el dinero transferido a Chihuahua también fue utilizada por otros gobiernos en el mismo periodo. De acuerdo con nueva información de la UIF a la que Animal Político tuvo acceso, los gobiernos de Sonora, Colima, Morelos y Michoacán, así como el municipio mexiquense de Naucalpan, transfirieron a la red de Safiro al menos 228 millones 792 mil 517 pesos en 2016.
Una investigación de MCCI documentó que, además, el gobierno de Durango les transfirió 230 millones 400 mil pesos; el del Estado de México, 489 mil pesos, y la alcaldía de Milpa Alta, 300 mil pesos (es decir, esos desvíos documentados suman 231 millones 189 mil pesos).
Coahuila fue otro estado implicado en la Operación Safiro. El pasado 22 de junio, un juez federal vinculó a proceso a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira, por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fortafin.
La FGR acusó que ese monto fue desviado mediante 15 contratos simulados para la prestación de servicios como cursos y asesorías, tal como sucedió en Chihuahua.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.