Texto: Beatriz García
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El camino que viene después de la despenalización del aborto en Guerrero, tampoco es fácil. Tiene adversidades similares a los costos que llevaron a convertir en un derecho humano que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Será necesaria una atención de calidad humana con hospitales y clínicas dignas, mejores servicios en los ministerios públicos y la garantía de justicia a las presas por abortar.
Es momento de que las estructuras institucionales vean cómo, dónde y quién atenderá a las mujeres, compartió la representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo.
El pasado martes 17 de mayo, la lucha feminista consiguió un logro histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, que coloca a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.
El viernes 20 de mayo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el decreto de aprobación y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.
Al siguiente día de que la mayoría de las diputadas y los diputados votaran la despenalización del aborto, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, informó que el sector salud está obligado a brindar la atención a todas las mujeres guerrerenses, independientemente de la decisión que tome sobre su embarazo.
Dijo mantenerse “firme y respetuosa” de las leyes y normas establecidas, y si alguna mujer decide y requiere interrumpir su embarazo, en las unidades de la Secretaría de Salud le brindaría la atención.
“El sector salud va responder con la atención, de tal manera que no haya secuelas en las mujeres que opten por interrumpirlo. Garantizarle la vida a la mujer cualquiera que sea su decisión, es nuestra obligación y lo vamos a hacer, porque cada mujer que no acepte su embarazo la tenemos que seguir protegiendo en salud, tanto física y mentalmente para que se integre a la sociedad de manera funcional”, se lee en el comunicado a nombre de la secretaria.
Se harán, destacó, todas las reformas en la dependencia para dar todos los servicios que requieran las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, pero este ofrecimiento de la médica parace que requerirá de un tiempo.
Pero, las feministas y organizaciones feministas continuarán monitoreando este tema en el estado, porque no será fácil que las mujeres obtengan pronto servicios efectivos en materia de salud, legalidad y derechos humanos.
El siguiente paso, una reforma a la Ley de Salud
Faltan 110 días (hasta este lunes 30 de mayo) para que los diputados locales discutan y aprueben en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice una atención médica de calidad para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Esta reforma a la Ley de Salud es otro de los pasos a dar en el estado a partir de que en el Periódico Oficial del Estado se publicó la reforma al Código Penal para la despenalización del aborto.
La activista feminista y representante de la organización Aliadas por la Justica, María Luisa Garfias Marín, explicó que al siguiente día que se publicó la reforma comenzaron a contar los 120 días para esa reforma a la Ley de Salud.
Estos procesos de legalidad son complementarios para lograr una atención integral a las mujeres.
Por ejemplo, antes de la despenalización del aborto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declaró la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, fue el primer paso que evidenció la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.
Ahora con la despenalización la norma se homologó y se debe cumplir con lo que dicta la alerta.
De acuerdo con Garfias Marín, la reforma a la Ley de Salud tendrá que ver con los protocolos de actuación con el personal médico para atender a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que tiene que ver con adecuar hospitales y clínicas del sector público y dotar de medicamentos, porque es el método que se empleará.
La secretaría de Salud de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen una página web específicamente en relación a la ILE, con información puntual de qué hacer y dónde acudir cuando se desee la interrupción del embarazo. Tienen siete Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública y ocho hospitales de Salud de la Ciudad de México donde les garantizan el servicio médico, con la información clara de su ubicación.
También hay detalles de servicios de consejería, detección y planificación familiar.
En Guerrero, según la activista, todavía el personal de Salud antepone sus creencias, pero son conscientes de los casos de mujeres que llegan al servicio de emergencia con abortos en proceso o mal practicados.
La despenalización del aborto demanda que el personal de Salud entre en un proceso de sensibilización, porque con la reforma a la Ley de Salud estarán obligados a hacerlo, porque su derecho a ser objetores de conciencia no está por encima de la salud y la vida de las mujeres.
Viridiana Gutiérrez compartió que lamentablemente el camino siguiente está lejos de ser más fácil que el paso anterior.
La mañana del viernes 20 de mayo, la feminista recibió una llamada de una chica que se presentó a un hospital solicitando una interrupción y la rechazaron. Le dijeron que si no era por mal formación o por gravedad a su salud no la podían atender.
Lo compartió como una manera de ejemplificar el panorama en Guerrero alrededor de la despenalización del aborto.
Otro de aspecto importantes en materia de salud que la activista cree deben emplearse en el estado –que ya ofrecen en la Ciudad de México– son las consejerías a las mujeres para que ubiquen cuál es el método anticonceptivo ideal para sus cuerpo y ritmos de vida.
En materia de Salud, la legalización del aborto, así como pasó en la Ciudad de México, también es un precedente para reducir la mortalidad materna en la entidad.
De acuerdo al último registro que la Secretaría de Salud hizo público a través del Observatorio de Mortalidad Materna ubica a Guerrero por encima de la Ciudad de México en casos de mortalidad materna.
En lo que va de 2022 (con corte hasta el 17 de mayo), la Ciudad de México registró nueve muertes maternas y Guerrero 15 en ese mismo lapso de tiempo, aun cuando en esta entidad hay menos población.
En la Ciudad de México existen también instituciones de corte social que también apoyan a las mujeres, como la Fundación Marie Stopes, una organización no gubernamental con 20 años de presencia en México, que tiene como prioridad brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mexicanas y jóvenes que lo requieran. Esta podría ser una referencia para Guerrero.
La educación sexual, un complemento
Es importante que en Guerrero exista una reforma a la Ley de Educación que garantice incluir en los programas educativos la educación sexual, consideró la feminista Garfias Marín.
Sugirió que las madres y padres se informen para que hablen en casa de esos temas con sus hijos.
La reforma a la Ley de Salud permitirá que haya condiciones para que se dé un aborto seguro, gratuito, con calidad y calidez, que significará corresponsabilidad entre la sociedad, los jóvenes, hombres y mujeres, así fomentar la educación sexual.
Pero faltan un complemento en el plano educativo.
Para Viridiana Gutiérrez uno de los retos, entonces, será la “despenalización social”, para que cada día más sectores de la población entiendan que es un tema de derechos humanos, que las mujeres que deciden interrumpir lo hacen en un contexto difícil, anteponiendo sus necesidades.
Visto desde ahí, dijo, también la ILE “en un acto de amor”, porque sé es consciente de no poder criar a un hijo.
La búsqueda de justicia sin criminalización
Un aspecto más que contempla este proceso de despenalización es la revisión de las carpetas de investigación sobre el delito de aborto, para saber cuántas mujeres están encarceladas, porque son datos que las mismas feministas desconocen, destacó la representante del Observatorio Ciudadano.
Entonces, el Ejecutivo estatal debe garantizar lo que dicta la Alerta por Agravio Comparado a mujeres que han sido abusadas, interrumpir su embarazo sin que deban interponer una denuncia al Ministerio Público.
A la par, los ministerios públicos obligatoriamente deben contar con peritos traductores con perspectiva intercultural para las mujeres de pueblos originarios que acudan a interponer una denuncia.
Las organizaciones feministas y feministas, destacó Gutiérrez Sotelo, confían que hay una alianza importante con diputadas y diputados del Congreso local para reformar Ley de Salud de donde buscan emane una política pública que garantice los protocolos, estrategias y programas de atención para las mujeres.
De entrada, el Ejecutivo debe realizar una campaña que dé cuenta sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas, además del servicio de interrupción y las consejerías sobre salud reproductiva.
El reto que tiene el estado, coincidieron las feministas, es que cuando las mujeres lleguen a los servicios de salud nunca encuentren negativas, porque ahí estarán las organizaciones feministas para acompañarlas.
“Somos una red de acompañantes desde hace muchos años, algunas tenemos 10, algunas tenemos 15 años acompañando mujeres. Antes lo que hacíamos era que las canalizábamos a la Ciudad de México con otras organizaciones que tienen la manera de llevarlas a los hospitales, a las clínicas privadas”, recordó.
Aun con lo logrado, los retos y desafíos en materia de derechos humanos para las mujeres todavía representan un arduo camino.