Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
25 de abril de 2022
Chilpancingo
Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.
Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.
Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.
Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.
En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.
“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.
En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.
Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.
Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.
Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.
A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.
Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.
Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.
Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.
Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.
Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.
Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.
Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.
