Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar guerrero
5 de marzo de 2022
Chilpancingo
Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.
La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.
“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.
“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.
Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.
Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.
“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.
Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.
“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.
Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.
“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.
Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.
Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.
Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.
En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.
En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.
Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.
En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.
Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.
Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.
Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.
“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.
