Desde el 2014 que iniciaron las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la policía municipal, estatal antimotín, el Ejército y otras corporaciones han intenado o disuelto manifestaciones, en algunas ocasiones dejando a algunos padres heridos
Texto: Beatriz García
Foto: Oscar Guerrero
30 de enero del 2022
Chilpancingo
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que e lugar de buscar a sus hijos, las autoridades gubernamentales los someten, expresó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre.
En su opinión, deberían tener el derecho a la libre manifestción, como el resto de la ciudadanía con una exigencia de verdad y justicia; sin embargo, lamentó los últimos acontecimientos del viernes pasado cuando antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado les impidieron manifestarse en la caseta de cobro de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, creando un cerco que cerró totalmente los carriles de ambos sentidos de la Autopista del Sol.
Según los cálculos de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron cerca de 800 efectivos que llegaron a la caseta de cobro a crear los cercos que impidieron que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa se manifestaran el pasado viernes.
Los padres han protagonizado cientos de protestas desde el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición masiva en Iguala.
“Se está haciendo lo mismo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con tolete en mano”
Las autoridades gubernamentales no han dado respuesta sobre el paradero de los 43 a las madres y padres, pero al mismo tiempo les llega el mensaje de que les impedirán manifestarse enviándoles policías antimotines para reprimirlos, acusó Clemente Rodríguez.
El padre recordó que el viernes los policías fueron “prepotentes y groseros” al impedirles no manifestarse, cuando sabe que es un derecho.
“Vamos a poner sobre la mesa al presidente (Andrés Manuel López) Obrador junto con el fiscal o con quienes vayan a estar en la mesa, porque no es posible que cuando estamos en alguna movilización estén haciendo lo mismo que con Enrique Peña Nieto, ya con el tolete en la mano, con policías, la Guardia Nacional”, precisó.
Estas acciones “timoratas, tenues, pusilánimes” no son las mismas contra los grupos criminales
Mientras, en la opinión de uno de los abogados del movimiento, Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo en entrevista que no se ha habido ningún diálogo con autoridades federales y estatales, pero en los próximos días se reunirán los padres y el abogado para ver qué procede después de lo que vivieron.
Previo a lo sucedido el viernes, el abogado recibió una llamada telefónica de la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien le advirtió que había un operativo en curso y que hablara con los normalistas que si tenían previsto manifestarse se contuvieran, pero para ese momento las madres y padres ya tenían planeada la manifestación.
Consideró que fue un atentado “sumamente grave” a la libertad de expresión, a la protesta social, de reunión, de asociación, al que tienen derecho los padres de familia, porque es un problema no resuelto, y a través de estos actos de protesta los padres informan los pocos avances de la investigación y ejercen su libertad de manifestación, así confrontar a un estado que no brindó seguridad y las garantías a sus hijos.
Insistió que estos hechos exhibieron arrogancia, prepotencia y autoritarismo del gobierno federal y el estado.
“Esta exhibición de fuerza del Estado no corresponde con las acciones timoratas, tenues, pusilánimes ante la delincuencia organizada.
Hay grupos por ejemplo en Chichihualco, Quechultenango, Tixtla, en Buenavista de la Salud, todos esos territorios no tiene control el Estado. En la vida fáctica quienes controlan es la delincuencia organizada. Y ahí no hay una acción decidida del estado donde ahí si ameritaría porque se tienen que salvaguardar”, puntualizó el defensor.
Además para el abogado, con estos hechos, se envía un mensaje funesto para el movimiento social en Guerrero, porque el movimiento de las madres y padres de los 43 es emblemático a nivel nacional, y que entonces el movimiento social va a ser acallado, limitado, restringido.
“Esa fuerza del estado que vimos tan eficaz tan rápida, un despliegue impresionante debidamente organizado, sincronizado, la federación y el estado no se ve contra los grupos delictivos que ellos sí hacen daño, generan muerte, dolor, terror, desestabilizan al estado”, insistió Rosales Sierra.
CDHG enviará un documento al gobierno del estado para agotar el diálogo, porque la manifestación de las madres y padres tienen una razón de ser
La postura desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), ante lo acontecido en la caseta de cobro, es ponderar el diálogo con las autoridades, las madres y padres de los 43, para evitar se vulneren sus derechos fundamentales, entre ellos el de la manifestación, expresó la presidenta del organismo estatal, Cecilia Narciso Gaytán.
La presidenta de la CDHG mencionó que sí tenían conocimiento de que la Guardia Nacional iba a resguardar las casetas de cobro de la Autopista del Sol, y que desde el organismo se verificaría que con estas estrategias se están implementando los protocolos para no generar algún conato de violencia y respetar los derechos humanos.
“Ellos me refieren que por eso nos piden intervención para que se haga la revisión, nosotros observemos que no llevan armas de fuego, nada más lleven equipo antimotín”, dijo la ombudsman.
