En México hay casi 21 millones de personas con discapacidad, pero el programa solo tiene como meta llegar a un millón, es decir, apenas 16% de ellas.
Texto: Manu Ureste y Data Cívica / Animal político
Ilustración: Jesús Santamaría
23 de septiembre, 2021
A los cinco años, los padres de Carolina comenzaron a notar que su hija no volteaba cuando le hablaban o la llamaban por su nombre, ni se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ni pronunciaba palabras sencillas para su edad.
La llevaron con un especialista y tras unos estudios les confirmaron la sospecha: Carolina nació sorda. Una discapacidad a la que, años después, se le sumó un quiste en el cerebro que le dejó crisis convulsivas y una pérdida progresiva de la visión que ahora, a sus 45 años, la obligan a usar unos lentes especiales.
A pesar de las dificultades, Carolina Flores, natural del municipio de García, en Nuevo León, logró abrirse camino en el mercado inmobiliario como asesora de ventas autónoma. Y las cosas, explica en entrevista mediante mensajes de texto, no le estaban yendo mal, hasta que en 2020, con la pandemia de COVID-19, el trabajo, las ventas, y los ingresos, se hundieron.
“En todo el año solo vendí una casa”, asegura.
Para paliar la falta de ingresos y de seguro social, trató de acceder a la beca de 2 mil 700 pesos mensuales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a personas con discapacidad permanente.
Un día, narra Carolina, un joven tocó a su puerta. Era un integrante de los Servidores de la Nación, el equipo que se encarga, entre otras funciones, de elaborar los censos de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar. El joven preguntó por un niño de seis años con discapacidad, que vive en su misma calle, para inscribirlo en la beca. Y Carolina aprovechó la ocasión para explicarle que ella también quería aplicar.
Pero el encuentro con el voluntario fue un desastre, dice la mujer.
“Era un muchacho que no sabía nada de cómo tratar a personas sordas. Me gritaba, aunque no tenía caso que lo hiciera, porque no puedo escucharlo. No tenía conocimiento, ni capacitación, ni tampoco empatía”, lamenta Carolina, que al final optó por acudir con un acompañante que hablara por ella a la oficina de Bienestar más cercana, en Guadalupe, Nuevo León, a una hora en carro.
Allí las cosas tampoco fueron fáciles: los funcionarios le informaron que para conseguir la beca tenía que entregar una larga lista de documentos, entre ellos, un certificado médico, un comprobante de discapacidad, y una audiometría.
Pero ni entregando todo eso, le advirtieron, podría optar a la ayuda.
“No me la dieron porque tengo 45 años, y porque, según ellos, vivo en una colonia bien, que no es pobre. Pero yo me pregunto: ¿qué importa donde viva y mi edad si necesito esa ayuda? Para mí eso es discriminación”.
Como respuesta, Carolina dice que los funcionarios le explicaron que hay mucha demanda por recibir la beca, y que éstas se están priorizando entre niños, niñas, adolescentes y menores de 30 años, y entre personas de 30 hasta 64 que vivan en municipios indígenas, afromexicanos, y personas de 30 a 67 que habiten en municipios de altos índices de pobreza, diferentes a los que son indígenas.
Carolina recurrió entonces a una organización civil que integra a unas 45 personas sordas en su comunidad, muchos de los cuales están actualmente sin trabajo. Quería probar si en grupo era más fácil acceder a la ayuda. Ahí se encontró con que no era la única en esa situación.
“Nadie en mi comunidad ha logrado ese apoyo, que para mí es una mentira”, critica la regiomontana. “Porque no es una beca para todos. No es universal —recalca—. Es un programa hecho a medida para beneficiar solo a los que les conviene al Gobierno”.
6 millones con discapacidad, becas solo para 1
Entre 2019 y lo que va de 2021, la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador ha gastado 36 mil 800 millones de pesos en beneficiar con becas bimestrales a la población con discapacidad en México, de los que algo más de 10 mil millones se ejercieron solo en el primer semestre de este 2021.
Sin embargo, en estos casi tres años de operación, el alcance de la beca ha sido realmente corto. Y lo ha sido desde el planteamiento mismo del programa, que, en efecto, no es universal: en el país hay casi 21 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales, 6 millones 179 mil personas tienen discapacidad permanente, según datos del censo de población 2020 del INEGI. El programa, en cambio, tiene como meta llegar a 1 millón de beneficiarios; es decir, apenas a un 16% de ese universo.
Por ello, tal y como explicaron los funcionarios de Bienestar a Carolina Flores, el programa da prioridad a los tres sectores de población: niños, niñas, adolescentes y menores de 30 años; personas de 30 hasta 64 que vivan en municipios indígenas, afromexicanos, y personas de 30 a 67 que habiten en municipios de altos índices de pobreza.
La organización civil Data Cívica, en un análisis para este reportaje, calculó con datos del INEGI y del Instituto de Población Indígena (INPI) que con esta priorización que hace Bienestar, el universo a atender se reduce a 1 millón 925 mil personas que son niños, niñas, jóvenes hasta 29, personas indígenas o afromexicanas, y adultos que viven en municipios con altos niveles de marginación.
Pero esta cifra implica dos cosas: que más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad se quedan fuera del rango para poder optar a la ayuda; y que el grado de cobertura, teniendo en cuenta solo a esos casi 2 millones que sí cumplirían los requisitos, sigue siendo bajo: en 2019, el primer año de operación de la beca, fueron beneficiadas 837 mil personas, el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos no la obtuvieron.
En cuanto a cómo se distribuyeron las becas, Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios 2019, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar.
Con la poca información pública disponible, Data Cívica comparó los casi 2 millones de personas que, según datos del INEGI y del INPI, podrían ser candidatos a recibir la beca, contra los 837 mil que la recibieron. Como resultado, obtuvo que el reparto de las becas fue proporcional. Esto es, aunque tuvo un alcance corto, la beca se repartió más en los municipios donde hay identificadas más personas con discapacidad y que cumplen los requisitos de las Reglas de Operación, y priorizó los municipios indígenas y con altos índices de marginación por encima del resto.
No obstante, también encontró que hay 205 municipios con una cobertura de becas mayor al 100% de la población identificada como potencial. Es decir, en esos lugares hubo más becas que personas identificadas con discapacidad.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
