Familias desplazadas de la Sierra por la violencia se esconden en los cerros

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

8 de julio del 2021

Chilpancingo

 

Unas 300 personas de nueve comunidades de la Sierra del municipio de Zihuatanejo viven en casas de campaña en los cerros, luego de que hace dos meses unos 50 hombres armados con fusiles AK-47 los obligaron a salirse de sus pueblos porque se negaron a darles una cuota económica mensual.

 

Se trata de un total de 70 familias que salieron de los pueblos de El Mamey, La Vainilla, Arroyo Seco, La Soledad, Puentecillos, Piedras Rodadas, Zapotillo, Pie de la Cuesta y Paso del Burro que viven acosados por el grupo armado de Los Cuernudos, y ahora andan refugiados en los cerros del mismo municipio, denunció una de las víctimas por teléfono.

 

Este grupo criminal que se supo es dirigido por Flavio Delgado Cruz y su hijo Marco Delgado, apodado El R6, irrumpieron por primera vez en estas nueve comunidades el pasado 7 de mayo, protagonizando un tiroteo y, después, a cada jefe de familia les exigieron de 10 y hasta 15 mil pesos por mes.

 

«Nos quitaron vacas, gallinas, carteras y hasta teléfonos celulares para que no tuviéramos comunicación al exterior», dijo el desplazado que por razones de seguridad no se publicará su nombre. Nunca mencionó el lugar en el que ahora están refugiado, justo por seguridad.

 

Contó que los integrantes de ese grupo armado exigían a la gente de tercera edad que les entregaran dinero, aún cuando éstos les decían que no tenían porque ya no trabajaban.

 

El pasado 17 de junio, los pobladores enviaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra pidiéndoles su intervención para que les otorguen medidas cautelares.

 

«Le pedimos al gobierno que envíe a esta parte de la Sierra el Ejército y la Guardia Nacional para que detenga a los delincuentes, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta», expresó.

 

En la entrevista por teléfono mencionó también que hace días recibieron la contestación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, asegurándoles que el gobierno estatal había enviado a grupos de policías a las comunidades y se percataron de que no había familias desplazadas.

 

«Eso es mentira, aquí a los pueblos no vino la policía. Aquí están las casas solas y muchas de ellas con impactos de bala», aseveró.

 

Denunció que Los Cuernudos están asentados en esa parte de la Sierra de Costa Grande desde hace 10 años. Detalló que hace cuatro años los integrantes de esta organización estaba en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, pero un día la gente se cansó de su acoso y se armaron y los expulsaron. «La ciudadanía de Vallecitos de Zaragoza se enfrentó a tiros con esos delincuentes y hubo muchos muertos», recordó.

 

Pero expuso que las familias desplazadas de las nueve comunidades no podrán enfrentar a este grupo de delincuentes por una sencilla razón: «no tenemos armas, pero si tuviéramos un rifle cuerno de chivo, por supuesto que si lo haríamos”.

 

Entre los desplazados hay decenas de niños y ancianos, hombres y mujeres. Todos duermen, contó, en pedazos de nylon que amarraron encima de cuatro palos.

 

«Aquí la gente duerme y ahorita con la lluvia seguramente muchos niños y ancianos se van a enfermar», agregó.

 

Las familias piden alimentos y que en el lugar donde están refugiados acudan soldados y elementos de la Guardia Nacional para que los protejan.

 

«Tenemos miedo de que esos bandidos vengan acá y hagan una matazón», expresó.

 

El desplazado insistió que la principal demanda es que el gobierno saque o detenga a los líderes de esa organización armada para que ellos regresen a sus pueblos a seguir su vida normal. Desde hace más de un mes también lo han requerido de manera formal en las instituciones y no hay respuesta. “Pareciera que el gobierno protege a esos delincuentes, porque sabe perfectamente donde están escondidos y no los detiene», agregó.

 

Más de 10,000 desplazados en Guerrero

Del 2011 a la fecha en que se agudizó la violencia principalmente en zonas rurales, hay un registro oficial de más de 10,000 personas desplazadas.

 

Estas familias que fueron expulsadas por los distintos grupos criminales son de los municipios de Zirándaro, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Chilapa, Zitlala, Ajuchitlán del Progreso, Leonardo Bravo, Petatlán y Apaxtla.

 

El pasado 19 de junio pasado, desplazados de la comunidad de San Felipe del Ocote, del municipio de Apaxtla, acusaron al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores de incumplirles el compromiso de pagar un predio donde construirían sus viviendas después de su desplazamiento.

 

Ese compromiso lo asumió el gobierno estatal el diciembre del 2020, denunciaron las víctimas.

 

Más de 200 personas de esta comunidad de la zona Norte fueron expulsados por un grupo armado desde el 2018.

 

En el informe oficial del gobierno de Astudillo Flores del 2020, se incluyó que en Guerrero hay 20 grupos criminales diseminados en distintos municipios, quienes, entre otras cosas, han causado el desplazamiento forzado en diferentes comunidades y las instituciones, en muchos casos, desampara a las víctimas, a la par que permite que los pueblos sigan en manos del crimen organizado.