El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no llegó la noche del 26 de
septiembre de 2014 a Iguala. Colaboradores cercanos aseguran que el mandatario descansaba en Acapulco. No es la primera vez que Aguirre mostró su inacción, ocurrió durante las lluvias torrenciales de 2013, cuando ofreció una fiesta en plena contingencia.
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: José Luis de la Cruz
23 de septiembre del 2019
Chilpancingo
La noche del 26 de septiembre de 2014 el gobernador Ángel Aguirre Rivero descansaba en la residencia oficial Casa Acapulco, en el exclusivo Pichilingue, cuando recibió una llamada a su teléfono celular.
–¿Ya sabes el desmadre que está pasando en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa? –le dijo uno de sus asesores.
–Ya lo sé, ya di instrucciones para que se trasladen el procurador (Iñaky Blanco Cabrera) y el secretario de Seguridad (Leonardo Vázquez Pérez) a Iguala a ver lo que sucede y emprender acciones –contestó el gobernador.
Aguirre Rivero, contaron sus colaboradores, utilizaba la residencia oficial de Acapulco –porque también hay otra en Chilpancingo– para relajarse los fines de semana. Ese día era viernes.
La mansión del puerto perteneció al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo, preso en Estados Unidos. La PGR (Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República) la aseguró en 1993 y se la entregó en comodato al gobierno de Guerrero, donde decidieron habilitarla para uso de los gobernantes.
No era la primera vez que Aguirre se había quedado al margen de alguna desgracia: el 13 de septiembre de 2013, en plena contingencia por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, Comunicación Social envió una fotografía donde el mandatario sonreía y departía con los ex gobernadores, Rubén Figueroa, René Juárez; Héctor Astudillo, el actual gobernador; el diputado Bernardo Ortega, colaboradores y amigos.
En las calles empezaba el caos por las lluvias torrenciales que dejaron sin casa a miles de familias y enlutó a otras.
La instrucción que dio Aguirre Rivero la noche del 26 de septiembre al procurador de Justicia, Iñaky Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, aparece en la declaración que hizo el 27 de agosto del 2015 ante la PGR.
Ahí precisó que lo hizo a las diez y media de la noche, aunque desde dos horas antes en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4) ya había diez reportes en de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que avisaban que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos a balazos por los policías municipales.
Uno de esos reportes decía que varios normalistas habían sido heridos de bala, y otro hablaba de que los estudiantes se enfrentaban con los agentes.
En el C-4 en realidad siguieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desde la mañana de ese 26 de septiembre, porque los muchachos primero intentaron retener autobuses en la central camionera Estrella de Oro de Chilpancingo, al norte de la ciudad.
Por el reporte que da detalles de ese momento se supo que la Policía Estatal y una camioneta Hummer del Ejército impidió esa mañana que los normalistas tomaran los autobuses.
Esos mismos reportes en los que hay una cronología oficial de esa noche, establecen que más tarde los jóvenes se dirigían rumbo a Iguala en varios autobuses. Una vez que llegaron a Iguala, pretendían–detallan– boicotear el informe de labores de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, que daba en la plaza de las Tres Garantías.
Nunca reportaron que la tarde de ese día, los estudiantes normalistas realizaron un boteo en los entronques de Casa Verde, de la carretera federal Chilpancingo- Iguala y el otro que conduce a Huitzuco. Tampoco aclararon que nunca estuvieron en la explanada, según la versión de sobrevivientes que se confirma en el expediente integrado por la entonces PGR.
La información que se reportaba desde Iguala al C-4 llegaba a la Secretaría de Seguridad Pública y al principal asesor y sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre.
La Dirección de Gobernación estatal, que desde el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien antecedió a Aguirre Rivero, fue desmantelada, y la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, que en 2014 estaba a cargo del perredista Misael Medrano Baza, no tenían información de lo que ocurría en Iguala, aún cuando esas dos áreas tienen la responsabilidad de atender los conflictos políticos y sociales.
Durante el gobierno de Aguirre Rivero, de acuerdo con sus colaboradores que no se citarán porque pidieron se reservara su identidad, esas funciones las tenía su sobrino Ernesto Aguirre, a quien lo identifican como su principal operador.
Ellos mismos denunciaron que Ángel Aguirre operaba un equipo de espionaje que llamaban El Perro y que utilizaban para acechar a los dirigentes de organizaciones sociales, partidos políticos, periodistas, normalistas de Ayotzinapa y hasta a funcionarios del mismo gabinete estatal.
El equipo de espionaje fue adquirido, según con el testimonio de las mismas fuentes, a la empresa Hacking Team.
“La Fiscalía General de la República debería de llamar a Ernesto Aguirre para que informe del caso Ayotzinapa, pues, era él el que gobernaba la entidad”, dice uno de los colabores de aquella administración.
Normalistas sobrevivientes ratifican, cinco años después de los hechos, que vieron a Ernesto Aguirre y al procurador Iñaky Blanco en Iguala hasta la mañana del sábado 27 de septiembre. Pero Aguirre Rivero dijo en su declaración ante la PGR que ellos viajaron a Iguala desde la noche anterior. Nunca vieron a Aguirre.
El ex gobernador sopesó la magnitud del problema de Iguala también hasta ese momento, cuando se regresó de Acapulco a Casa Guerrero, en Chilpancingo. Esto lo confirma uno de sus más cercanos colaboradores, que estuvo con él en ese momento.
El periodista Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada, quien junto a otros siete periodistas viajó de Chilpancingo a Iguala para documentar lo que ocurría en la ciudad, sostiene que durante el tiempo que ellos estuvieron ahí, de una a seis de la mañana del 27 de septiembre, nunca vieron a autoridades estatales recorrer sus calles.
En su versión primero se detuvieron en el crucero de Santa Teresa, donde atacaron a los adolescentes jugadores de futbol de Los Avispones de Chilpancingo.
Los jóvenes que viajaban en un autobús y regresaban a Chilpancingo, cuando unos hombres los atacaron balazos. Murieron dos, un jugador y el chofer de la unidad, además de que hirieron a varios. La versión de la CNDH narra que los agresores confundieron a los jugadores con normalistas de Ayotzinapa.
Sergio cuenta que llegaron alrededor de la una de la mañana hasta la esquina Juan N. Álvarez con Periférico, lugar que se conoce como el de un segundo ataque a balazos contra los normalistas de Ayotzinapa. Vieron tirados en el pavimento los cadáveres de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
“En el lugar no había ninguna autoridad, ni un Agente del Ministerio Público ni la policía. Todo estaba solo”, confirma.
El periodista recogió versiones de otros colegas en Iguala, quienes le contaron que a las once y media de la noche del 26 de septiembre ellos cubrían una conferencia de prensa que daban los dirigentes de la Normal, acompañados de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), sobre su versión de la agresión ocurrida unas horas por policías municipales. Fue en ese momento, dice Ocampo Arista, que otra vez los atacaron a balazos.
“Si este ataque ocurrió a las 11 y media de la noche, por qué a la una de la mañana no había autoridades periciales de la Procuraduría para realizar las diligencias de ley en ese lugar donde estaban tendidos los cuerpos de los normalistas”, cuestiona Ocampo.
A esa hora de la madrugada ya habían ocurrido tres ataques contra los normalistas y la desaparición de los 43 en dos puntos: uno es el puente El Chipote, frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, donde, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), civiles armados se llevaron a un grupo de 20, y otro en Juan N. Álvarez y Periférico, de donde se llevaron a otro grupo de estudiantes.
También se habían llevado al normalistas Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, de quien la mañana del sábado 27 apareció su cadáver cerca de Periférico, con el rostro desollado.
Ocampo Arista insiste que en las cinco horas en que él y sus compañeros periodistas recorrieron las calles de Iguala, no notaron la presencia de las corporaciones policiacas federales y estatales.
“No había nadie en las calles de Iguala y los únicos que estaban en la entrada de esta ciudad era un grupo de policías municipales quienes posiblemente realizaban una labor de halconeo, pero que nos dejaron pasar luego de identificarnos y preguntarnos hacia dónde nos dirigíamos”, agrega.
Los ocho periodistas que viajaron a Iguala llegaron a las tres de la mañana a las oficinas regionales de la entonces Procuraduría de Justicia en el Estado y no había autoridad del primer círculo, continúa Sergio. Fue hasta “las cuatro, una hora después, que vimos llegó a las instalaciones el procurador Iñaky Blanco”.
Aguirre tiene responsabilidad
Para el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, el ex gobernador se dio cuenta de lo que ocurría esa noche en Iguala pero que no quiso ordenar una intervención efectiva con el fin de prevenir lo que pudiera ocurrir posteriormente.
A juicio del abogado a Aguirre Rivero no sólo se le debe de juzgar por el delito de omisión, “sino por otras cosas más profundas”.
El ex gobernador, el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública han comparecido dos veces ante la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
En esas comparecencias, según Rosales Sierra, los tres ex servidores públicos contestaron con evasivas las preguntas sobre la relación entre los policías municipales de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.
A su juicio, Aguirre Rivero sólo ha acudido a comparecer para lavar su imagen, con el propósito de que la gente deje de creer que tuvo alguna culpa en los hechos de Iguala.
“Sin embargo hay mucha responsabilidad de parte de el ex gobernador, y hay que ahondar en las responsabilidad penales que pudo haber tenido”, menciona.
El abogado ofrece algunos detalles de las responsabilidades que no atendió Aguirre Rivero durante esa noche:
Enviaron un grupo de 60 policías estatales a Iguala. “Eso no fue una intervención efectiva para la situación de agresión que se estaba viviendo contra los normalistas. ¡Por favor!”, opina el activista.
Los 62 normalistas que sobrevivieron a los ataques fueron rescatados por sus mismos compañeros quienes recorrieron las calles, después de la tragedia y por las organizaciones sociales que el sábado 27 se sumaron a la búsqueda, no por las fuerzas estatales.
“No hicieron nada. ¿Dónde estaba el gobernador ese día? Hubo una omisión de su parte para prevenir”, acusa.
Aguirre Rivero nunca se apareció en Iguala el sábado 27, sólo llegó su sobrino Ernesto Aguirre. Fue quien sacó de Iguala a los normalistas sobrevivientes el sábado 27 entre las seis y ocho de la noche en medio un operativo policiaco, de acuerdo con las versiones del abogado y estudiantes.
El abogado cree que a Aguirre Rivero nunca le importó lo que les pasaba a los normalistas de Ayotzinapa. En su opinión, desde 2011 estaba resentido con ellos.
Tras el desalojo violento que hicieron policías ministeriales y federales de la autopista del Sol, cuando los normalistas exigían clases, el desenlace fue una tragedia: mataron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y el gobierno aguirrista fue desacreditado.
Hubo protestas en su contra e incluso una demanda de juicio político ante el Senado de la República que no prosperó.
“Aguirre ganó una batalla contra la normal y por eso lanzó una campaña en contra de los estudiantes haciéndole creer a la sociedad que ellos eran una vándalos”, recuerda.
Como parte de esa campaña del entonces gobernador contra los normalistas, Rosales Sierra recuerda dos represiones contra ellos antes del 26 de septiembre de 2014. Una ocurrió en mayo del 2013, en el crucero de Casa Verde, carretera federal Chilpancingo- Iguala, cuando realizaban una actividad para recabar recursos. La Policía Estatal los desalojó y golpeó.
Otra en enero del 2014 en la carretera federal Zihuatanejo, a la altura de Atoyac de Álvarez. En esta ocasión dos normalistas que también pedían cooperación y extraían gasolina de camiones que transitaban por esa vía fueron atropellados y murieron. “Fue un accidente muy raro”, señala.
El abogado sostiene que desde ese 12 de diciembre antecedió y anunció otras represiones hasta que llegó la de Iguala.
Aguirre se pasó por alto los antecedentes de Abarca
En el 2012 pese a que en el proceso interno del PRD para elegir al candidato a alcalde de Iguala, Aguirre Rivero no tenía preferencia por José Luis Abarca Velázquez, al final, su gobierno, lo protegió de todos los males que hizo al tomar sus funciones de presidente municipal.
Esto lo sostiene Sofía Lorena Mendoza, quien fue regidora por ese mismo partido en su administración. Ella también fue pareja del dirigente de Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, quien fue privado de su libertad junto a otros de sus compañeros el 30 de mayo del 2013. A él y otros tres de los líderes de la organización fueron asesinados en este episodio.
En las elecciones internas del 2012, Aguirre Rivero, impulsaba al diputado local Oscar Díaz Bello, integrante de su corriente política, Izquierda Popular Guerrerense (IPG), a la candidatura a la alcaldía de Iguala.
Pero pese a que en una encuesta, Díaz Bello, iba con dos puntos arriba de Abarca Velázquez, este último logró la nominación a la candidatura tras llegar a un serie de arreglos con el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano.
Lorena Mendoza cuenta que después del asesinato de su esposo tuvo una reunión con el gobernador y el procurador, a quienes les manifestó su fundada sospecha de que Abarca Velázquez había sido el autor de los crímenes de los dirigentes de UP.
Pero la entones Procuraduría nunca lo investigó y el Congreso local rechazó su desafuero que la ex edil perredista promovió en 2013 contra el alcalde.
Desde mayo del 2014, Aguirre y la Procuraduría estaban enterados de los presuntos nexos de Abarca Velázquez con algunos de los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos.
Eso consta en el expediente del homicidio de Arturo Hernández Cardona, del oficio DGCAP/4645/2013, en donde Ernesto Pineda Vega, habitante de una colonia popular de Iguala, en esos momentos preso porque, denunció, le fabricaron un delito por problemas previos con Abarca Velázquez, señala que ocho días antes de que el propio alcalde mandara “levantar” a Hernández Cardona, le dijo lo siguiente: ‘a ver hijo de la chingada, ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’.
Según Pineda Vega, preso en el penal de Acapulco por la acusación de secuestro, también declaró (el 24 de abril y 1 de mayo del 2014) que la forma de operar de Guerreros Unidos consistía en que los policías municipales de Iguala levantaban a sus víctimas y posteriormente se las entregan a estos delincuentes que negociaban rescates.
Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, están presos en el penal de Tamaulipas.
A él lo acusan del delito de homicidio en agravio de Hernández Cardona, además de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A ella sólo por estos dos últimos delitos.
Cinco años han pasado desde los hechos de Iguala y el ex gobernador Aguirre Rivero parece no acordarse ni preocuparse. En la actualidad está dedicado a su activismo político en el PRD ahora que se aproximan las elecciones locales de julio de 2021, en las que se elegirán gobernador, diputados locales y alcaldes.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
