En Guerrero, 5 mil 56 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos
Esta entidad concentra el 44 por ciento de desplazados que ha habido en el país
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Arturo de Dios Palma
21 de agosto del 2019
El primer desplazamiento masivo ocurrió el 21 de abril del 2011. Las familias Santana Villa y otras de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, tuvieron que desplazarse a Puerto las Ollas, del mismo municipio en la región de la Tierra Caliente. El motivo: una ola de asesinatos de líderes ecologistas que resguardaron el bosque hasta esa fecha.
El detonante fue el asesinato de Rubén Santa Alonso, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), ocurrido en febrero de ese año. Después otros homicidios– incluidos el de su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, en noviembre deL 2012–, obligaron a esas familias a desterrarse hasta Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, donde viven desde hace ya seis años.
La violencia en La Laguna se incrementó tras el asesinato de Rubén Santana, quien se oponía junto a Juventina a la tala de los bosques; ese asesinato fue cometido el 18 de febrero del 2011. Al asesinato de Rubén siguió la de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril en compañía de dos amigos. Después, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén Santana y Juventina Villa.
Tras esos asesinatos, amenazas constantes, y hostigamiento la familia Santana Villa y otras familias llegaron a Puerto las Ollas. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que empezaba su gestión, no atendió enseguida las demandas más básicas que hacían las organizaciones que acompañaron a este grupo: los derechos a la vida y a la integridad personal, a la salud y la alimentación, a la vivienda, al acceso al trabajo, a la educación y sobre todo, acceso a la justicia.
Manuel Olivares Hernández, director del Centro José María Morelos y Pavón, quien junto al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) acompañaron a los desplazados, alertaba de uno de los principales problemas actuales de Guerrero: el desplazamiento forzado interno. Así, con su nombre completo, decía que si a los primeros no los atendían, el efecto sería un dominó.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe de 2018, puntualizó la cifra que Olivares advertía que crecería desde 2012. Tan sólo en 2018, 5,056 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos. Pero entre 2006 y 2017, la violencia en México empujó a 329.917 personas a vivir fuera de sus comunidades. Lo que aumentó hasta 338, 405 para 2018 en México.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), la OCESPCC alertó de las amenazas en su contra. No fueron escuchados. Los campesinos fueron emboscados en circunstancias similares por paramilitares, según denunciaron, que vivían en las comunidades aledañas de Dolores y Los Ciruelos: la disputa era por el territorio y la madera.
En toda esa franja serrana de la Tierra Caliente que colinda con municipios de la Costa Grande, como Petatlán, ocurrieron llamados de alerta desatendidos, como el asesinato de otro líder ecologista, Javier Torres Cruz, quien fue asesinado en una emboscada el 18 de abril del 2011.
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Un problema desatendido en aumento
Antes, en 2009, Torres Cruz fue secuestrado por militares– según denuncias de sus deudos– y entregado a gente de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán, procesado por narcotráfico. Torres denunció a Rogaciano Alba de ser el autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa. Este antecedente sembró las condiciones para la posterior desaparición de Marcial Bautista y Eva Alarcón, en diciembre del 2011.
Los primeros desplazados de abril de 2011 que llegaron a La Laguna, eran 107 personas, la mayoría niños. Recibieron hasta 2012 una Misión Civil de Observación compuesta por organizaciones sociales y la comisión de derechos humanos guerrerense, que llegaron resguardados por militares.
Eran dos mujeres embarazadas, 77 menores de 18 años: 34 eran menores de 5 años viviendo a la intemperie. El desplazamiento inició la noche del 21 de abril.
“La dificultad que representa mantenernos desde hace cinco meses en Puerto Las Ollas, donde no pudimos sembrar, donde no hay empleo, ni maestro para nuestros hijos, ni mucho menos personal médico y medicinas para atendernos nos empuja a tomar esta decisión que pone en riesgo nuestras vidas. Sólo recibimos un poco de despensas en el mes de mayo, que nos duraron 3 semanas. Ahora no tenemos comida ni dinero para comprarla”, explicaban en un comunicado.
Traídos a la actualidad, dice Olivares Hernández, estos hechos hablan por sí solos. De una desatención que se ha prolongado y acentuado, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores. En su gobierno, pese a ser Guerrero, junto a Chiapas, los únicos estados a nivel nacional que cuentan con una ley local para regular el desplazamiento forzado interno, el problema se incrementó.
De enero a diciembre de 2018, la CMDPDH registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, los cuales se estima que han afectado a por lo menos 11,491 personas. Estos desplazamientos ocurrieron en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades. De estos más de la mitad, 13, ocurrieron en Guerrero.
Al estado le corresponde el 44 por ciento del total de la población internamente desplazada. Después está Chiapas, con 5,035 personas desplazadas, que representa el 43.82 por ciento del total. Ambos estados, con los mayores índices de pobreza del paíz, representan el 87.82 por ciento. En un lejano tercer lugar está Sinaloa, que con 860 víctimas representa el 7.48 por ciento del total de personas desplazadas durante 2018.
Las 22 comunidades de los ocho municipios afectados en Guerrero el año pasado, son colindantes a los hechos de los primeros desplazamientos registrados y se ubican en la misma franja que las organizaciones alertaron a las autoridades, debían atender.
En San Miguel Totolapan, Tierra Caliente: Laguna de Hueyanalco, San Bartolo, Jimotla, Las Ventanas; en Leonardo Bravo: Corralitos, Carrizal de Bravo; en General Heliodoro Castillo (Filo de Caballos): Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco; Eduardo Neri: Las Palmas; Zitlala: Tlaltempanapa; Apaxtla: San Felipe del Ocote (San Felipe), San Pedro de los Limones; Ajuchitlán del Progreso: Los Horcones, Las Mesas de Cerro Azul Petatlán El Zapotillal, Las Canalejas; y en La Unión de Isidoro Montes de Oca no se específico la población.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
