Texto y fotografía: Luis Daniel Nava
8 de julio del 2019
Era la mañana de un domingo de febrero del 2008. En el auditorio del entonces Fideicomiso para el Mejoramiento Integral y el Desarrollo de las Artesanías Derivadas de la Industria de la Palma (Fidepal), en la cabecera de Chilapa, la organización campesina Movimiento Social de Izquierda que encabezaba Ranferi Hernández Acevedo, realizaba su asamblea.
A la escena entró una mujer delgada, morena, alta, con vestido colorido, el traje tradicional de su pueblo, Rincón de Chautla, para tomar la palabra. Era la primera vez que lo hacía en público. Se hizo de valor para exigir la libertad de dos de sus hijos que estaban recluidos en el penal de Chilapa desde dos años atrás.
Era Escolástica Luna, una mujer nahua que había emprendido sola una lucha casi imposible: buscar justicia. En una de las bolsas de su vestido llevaba una cámara fotográfica que utilizaba para dejar registro de su labor, también para no perder evidencias.
Del miedo a dirigirse a un público desde un micrófono, doña Escolástica pasó a participar en ese 2008 como oradora en un mitin por el aniversario de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez perpetrada en junio de 1995 por parte de la policía de Guerrero, gobernado por Rubén Figueroa Alcocer.
A partir de entonces participó en movilizaciones en Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, Iguala y en la Ciudad de México, además consiguió para su comunidad el rastreo de su camino de entrada empinado y agreste, fertilizante y lámina para las viviendas de todas las familias.
“En ese tiempo yo nunca salía de mi casa, siempre estaba en mi casa pero ya que fueron a encerrar a mis hijos tuve que salir a muchas partes, ni una oficina de Chilapa conocía”, recuerda.
Dos años atrás sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna fueron detenidos junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla, acusados del asesinato de dos hombres originarios de Zacapexco, una comunidad vecina.
El 10 de mayo del 2006 por la noche, recuerda bien Escolástica, policías ministeriales llegaron hasta la comunidad para detener a David Sánchez; los demás pobladores fueron detenidos por la misma acusación cuando acudieron a visitarlo al reclusorio en Chilapa. Otros dos pobladores contaban con órdenes de aprehensión.
“Dicen que según ellos (sus hijos y vecinos) acá arriba, en el monte, mataron. Fue mentira porque no les pudieron comprobar, pero se tardaron dos años con 10 meses en la cárcel”, dice la mujer.
En ese tiempo, Escolástica ni siquiera había entrado a una oficina en Chilapa, desconocía los laberintos de la burocracia. No se imaginaba lo difícil que es pedir justicia en este país.
En esos días en la comunidad sólo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos. A Escolástica la nombraron comisaria municipal y, además de exigir la libertad de sus hijos, también demandó mejoras, servicios, obras para su pueblo.
El conflicto
En 2010, cuenta Escolástica Luna, los líderes de Zelocotitlán pidieron a los comisarios de Zacapexco y Rincón de Chautla firmar un acta para entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). El proyecto incluía hacer un campamento en un lugar conocido como Yerbabuena.
“No quisieron firmar los comisarios (de Zacapexco y Rincón), no sellaron, por eso empezó este problema. Pero nosotros ya sabíamos cómo trabajaban (los de Zelocotitlán), que a uno que no quiere ir lo secuestran y lo matan, por eso preferimos la Policía Comunitaria”. En septiembre de 2014, Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera conformaron su policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Como se negaron a trabajar con ellos, continua Escolástica, los pobladores de Zelocotitlán comenzaron con el acoso.
“Aquí ya venían unos de otros pueblos, echaban balazos. Los de Zelo nos empezaron a exigir que trabajáramos con ellos pero nosotros no quisimos, como el pueblo no quiso empezaron los problemas. Decían que si queríamos trabajar con ellos entonces iba haber paz pero no quisimos”.
En 2015, los pobladores de Zelocotitlán también se aglutinaron a un grupo armado autodenominado Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia, a quien las autoridades acusan de la desaparición de al menos 16 jóvenes en Chilapa cuando unos 300 hombres armados irrumpieron para detener a supuestos integrantes de una organización criminal.
El saldo desde diciembre de 2018 a la fecha han sido el asesinato de 20 personas y una docena de desaparecidos.
El 19 de diciembre, en la localidad Paraíso de Tepila, un matrimonio fue asesinado; el grupo Paz y Justicia acusó a los policías de la CRAC-PF del crimen. La comunidad ahora convertida en un pueblo fantasma estaba dividida entre los dos grupos y con este hecho no han cesado las hostilidades.
Ese mismo día, los policías comunitarios de Paz y Justicia incursionaron y expulsaron de Paraíso de Tepila a los integrantes de la CRAC-PF, además de instalar un reten en el crucero de Rincón de Chautla; fue en este momento, según las autoridades de la CRAC, que desaparecieron 12 personas, entre ellos 10 menores de edad y niños:
Rosaría Ignacio Melchor, de 60 años de edad; Alberto Espiridión Ignacio, de 40 años; Antonia Andraca Celedonio de 36; Ángel Espiridión Andraca, de 17; Rosaria Espiridión Andraca, de 15 años; Sergio Espiridión Ignacio, de 12; Jorge Espiridión Andraca, de 12; Emiliano Espiridión Andraca de 9; Juanita Espiridión Andraca de 7; Elena Espiridión Ignacio de 6; Zacarías Espiridión Andraca, de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
El 27 de enero por la mañana 10 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían al reten en el crucero de Rincón; más tarde se reforzaron e intentaron entrar a la comunidad donde fueron repelidos por la CRAC-PF; ahí fallecieron otros dos integrantes de Paz y Justicia.
El 4 de mayo, fueron asesinados en el bulevar de Chilapa un consejero regional de la CRAC-PF y su acompañante en el bulevar de Chilapa; y el 16 del mismo mes fue asesinada una pareja de San Jerónimo Palantla en las inmediaciones de ese pueblo.
El 11 y el 17 de mayo, Rincón de Chautla y Zacapexco saltaron a la escena nacional con la difusión de dos videos donde niños, niñas y mujeres aparecen recibiendo adiestramiento en el manejo de armas con rifles de madera y escopetas para integrarse a las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y defenderse.
La mañana del viernes 24 de mayo, en la carretera Chilapa-Tlapa fueron hallados en bolsas negras los restos de un comandante regional y de un policía comunitario de la CRAC-PF; un día antes habían salido de Xicotlán a comprar víveres a Chilapa.
Ante la presión social por la difusión de esos videos y los hechos de violencia, la autoridades por fin reaccionaron. En el entronque que conduce a Rincón de Chautla y Zacapexco, soldados del Ejército instalaron un puesto de vigilancia.
El gobierno de Chilapa y de Guerrero volteó a verlos unos días. Les mandaron un profesor de primaria, empezó la construcción de unas gradas de la cancha y les enviaron medicinas.
Para Escolástica es insuficiente. Dice que se necesitan escuelas desde preescolar hasta secundaria con desayunos escolares, una clínica de salud con por lo menos un personal de enfermería y la pavimentación de unos cinco kilómetros desde Zacapexco al crucero que va a la entrada de Rincón. También una tienda de abasto popular.
El adiestramiento
De la detención de sus hijos han pasado trece años. Ahora es una tarde de junio del 2019 y Escolástica está sentada en medio de la cancha multiusos de Rincón de Chautla. Ya tiene 70 años.
Junto con otras mujeres recibe el adiestramiento en el manejo de las armas, no para hacer daño, dice, sino para defender a su comunidad de asedio de una organización criminal que opera en esa región de Chilapa.
Como en aquella asamblea, Escolástica tiene un vestido verde con listones delgados color naranja bordados, un mandil amarillo con vivos azules que le cubre la parte frontal del cuerpo, un suéter rojo que tiene el logotipo de una escuela privada y unos huaraches de plástico.
Permanece sentada con la espalda recta y en su mano derecha sostiene una escopeta de uno o dos disparos expansivos; con la mano izquierda de piel áspera y de venas marcadas hace ademanes que acompañan sus dichos.
“Nosotros lo que buscamos es defender a nuestra familia. Yo le voy a entrar para defenderlos”, dice segura la mujer.
Agrega: “Quiero que las mujeres también aprendan pero no para hacer mal, para hacer el bien de su pueblo, de sus hermanos, de los niños, para que sepan defenderse.
“Nos organizamos para podernos defender, porque ya el gobierno creo que como dicen no se alcanza o no quiere apoyarnos, pero nosotros mismos nos podemos apoyar, tanto hombres y mujeres”.
Desde enero y de manera gradual, Rincón de Chautla se convirtió en una isla enclavada en medio de cerros: sus pobladores no pueden viajar a los dos centros de abasto de la región, Chilapa y Hueycantenango, porque hay presencia de personas armadas que ya han asesinados a varios de ellos. No pueden salir a comprar.
Tampoco pueden entrar comerciantes a abastecer alimentos, bebidas ni ropa. Ya nadie entra a vender, ni el camión de la Coca ni el de la Pepsi.
“Ni por la ropa, no podemos ir a Chilapa, ni a Hueyca. Ni modo, se va acabar la ropa y ya no podemos salir”, expresa Escolástica.
Por el conflicto armado que viven, a Rincón de Chautla se fueron los pocos profesores, los médicos no porque nunca han tenido ni una casa de salud.
“Si los niños tuvieran maestros pues que estudien pero ya que no tienen maestro que aprendan a defenderse”.
Este aislamiento lo están resistiendo al límite: el pueblo vive con una dieta básica de alimentación y se curan con remedios naturales.
“Lo bueno de nosotros es que sembramos, tenemos maíz, tenemos frijol, lo que nos falta es sal, jabón”.
Desde esos episodios de diciembre de 2018, los pobladores de Rincón de Chautla no han parado de pedir seguridad a las autoridades y hasta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, los representantes del gobierno les respondían que no había justificación ni evidencias para que acudieran a esa zona.
“¿Para cuándo ya me mataron van a venir?, ¿ya a qué viene el gobierno?”, reclama la mujer a la inacción gubernamental.
Escolástica es de las fundadoras de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, en los primeros años y en 2018 fue la coordinadora de este grupo.
Después de la charla, Escolástica regresa con las demás mujeres que viven en su pueblo y que también permanecen armadas. Ya han marchado por la cancha y ahora se preparan para hacer guardias de vigilancia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
El 10 de mayo del 2006 por la noche, policías ministeriales detuvieron a dos de sus hijos acusados de asesinato. Ecolástica comenzó a exigir su libertad, pero nunca había entrado a una oficina, desconocía los laberintos de la burocracia. No se imaginaba lo difícil que es pedir justicia en este país. En esos días, los hombres del pueblos huyeron por el temor de ser detenidos también, sólo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos. A Escolástica la nombraron comisaria municipal y, además de exigir la libertad de sus hijos, también demandó mejoras, servicios, obras para su pueblo.
