Plantas tratadoras: fraudes a las comunidades y más contaminación

Las obras que debían ser generosas con el ambiente terminaron
afectándolo más


 

Texto: Jesús Guerrero 

Fotos: Angie García y Salvador Cisneros

10 de septiembre del 2019

 

Atliaca

El campesino Ismael Rojas Mosqueda señala con la mano derecha hacia el fondo de una barranca en donde escurren aguas negras y dice: “eso es un mierderío”. Es un camino con maleza y al final un depósito de agua de un olor desagradable.

Lo que está aquí, explica, es lo que el gobierno presentó en el 2008 como una planta tratadora de aguas residuales.

Estamos a la salida de Atliaca, una comunidad nahua del municipio de Tixtla, a 40 minutos de Chilpancingo.

Los olores llegan hasta las escuelas secundaria y primaria, a unos 20 metros de “la planta tratadora”.

“Lo que hicieron aquí fue un fraude. Seguimos esperando que el gobierno, primero investigue a los responsables de esta obra mal hecha y después que esta planta sea rehabilitada”, denuncia el campesino.

En el 2009, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rindió su cuarto informe de gobierno y reportó concluida, en Atliaca, la red de drenaje y alcantarillado y una planta tratadora de aguas residuales con una inversión de 30 millones de pesos.

Pero en el 2011, la propia Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) dio a conocer las irregularidades en esta obra y prometió una investigación.

“Seguimos esperando el resultado de esas investigaciones, pero vemos que no va a pasar nada”, dice el campesino vestido con una camisa de mangas largas para protegerse de las picaduras de los moscos que aquí abundan, al parecer por el agua sucia que hay alrededor.

Junto a la planta, muy cerca de donde estamos, hay un tubo de drenaje roto de donde salen las aguas negras.

En el 2011, durante la administración del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, la Capaseg realizó una inspección en la obra y detectó que habían desaparecido 32 metros de tubería, 12 pozos-caja y el equipo de bombeo. “Ya no hay nada bueno aquí, hasta los cables de energía eléctrica se los robaron”, menciona.

 

Al igual que Atliaca, en otras 20 localidades, entre comunidades rurales y cabeceras de 15 municipios, existen plantas tratadoras de aguas residuales que se han convertido en elefantes blancos.

En Tierra Caliente, en donde se invirtieron 200 millones de pesos, se construyeron 10 plantas, pero siete, ubicadas en los municipios de Zirándaro, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato (dos), Arcelia (dos) y Coyuca de Catalán, están sin funcionar.

Las otras tres plantas están en la cabecera de Ajuchitlán del Progreso; Corral Falso, un pueblo del mismo municipio, y en San Miguel Totolapan. Su operación es de un 30 y 80 por ciento.

La versión de las autoridades municipales donde están las plantas es que dejaron de operar por la falta de recursos, porque no tuvieron para darles mantenimiento, menos para pagar el servicio de luz eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El alcalde de Cutzamala de Pinzón, Timoteo Arce Solís dice que la planta que se construyó en el 2007 debía tratar 10 litros de aguas negras por segundo, pero nunca operó con esa capacidad por el alto costo de su funcionamiento.

La Capaseg y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se deslindan de la falta de operatividad de las plantas y endosan esta responsabilidad a los gobiernos municipales.

La Capaseg señala que la tarea que tiene el organismo es construir y proveer de infraestructura para la disponibilidad del agua y el saneamiento, pero la prestación y mantenimiento de los servicios es responsabilidad de los ayuntamientos y juntas locales de administración.

 

Números oficiales de las plantas y su funcionamiento se contradicen

La Capaseg y la Conagua se contradicen con cuántas plantas tratadoras hay en Guerrero y cuántas funcionan.

El organismo estatal señala que hay 102 plantas, pero la Conagua dice que son 76, de las que, nueve no operan.

La Conagua registra que hasta el 20 de agosto pasado se han acumulado 16 millones 36 mil pesos de multas a los municipios (no precisa cuáles) por la falta de tratamiento a las aguas residuales que genera la población.

En la recta final de la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) se juntó una bolsa entre el gobierno estatal y los ayuntamientos de 134 millones, 534 mil 840 pesos para la operación y mantenimiento de 31 plantas de aguas residuales ubicadas en los municipios de Acapulco, Tixtla, Ajuchitlán del Progreso, Huamuxtitlán, Pungarabato, José Azueta, Tecpan de Galeana, Malinaltepec, Heliodoro Castillo, Quechultenango,Azoyú, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Juchitán, Ometepec, Arcelia, Zirándaro, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri y Quechultenango, de acuerdo con un documento oficial del gobierno estatal.

“Sí, se juntó esa bolsa de recursos en el 2011, pero obviamente todo eso desapareció o se acabó el recurso porque supongo que ya no se le dio seguimiento a ese programa”, comenta Eva Leonor Pérez Romero, encargada de la planta tratadora de Huamuxtitlán.

La paralización de estas plantas ha originado problemas de contaminación. Las obras que debían ser generosas con el ambiente terminaron afectándolo más.

La encargada de la planta tratadora de Huamuxtitlán cuenta que las aguas negras que llegan a la obra se van a un canal y después corren hacia el río Tlapaneco. Lo contaminan.

Cuando esta planta funcionaba, dice, las aguas tratadas se iban a los sembradíos de arroz y generaba buenas cosechas. Esta planta construida en 2010 con una inversión de 6 millones 891 mil pesos dejó de funcionar en agosto del 2018.

Para rehabilitarla se requieren mínimo 5 millones de pesos y el ayuntamiento de este municipio ya solicitó el auxilio financiero del gobierno estatal, pero hasta el momento no han tenido respuesta. “Muchas de las piezas como el soplador que sirve para limpiar de bacterias las aguas crudas, ya están en deterioro”, menciona Pérez Romero.

La servidora pública también tiene presente los costos que desembolsaba la administración municipal para su operación: entre 60,000 y 80,000 pesos bimensuales sólo por el servicio de energía eléctrica.

Daniel Nestor Sánchez, alcalde del municipio de Xochistlahuaca, señala que la planta construida en el municipio no opera desde la anterior administración y que su permanencia provoca más daños que beneficios, sobre todo ambientales, porque las descargas se estancan y se convierten en un foco de contaminación.

De acuerdo a los números de las autoridades en esta obra sin funcionar se invirtieron 9 millones de pesos.

 

El 7 de diciembre del 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, visitó Tlacoachistlahuaca y anunció la construcción de una planta tratadora, en la que más tarde se invirtieron 25 millones de pesos.

Esta planta dejó de funcionar hace dos administraciones municipales, o sea hace más de seis años. Las instalaciones están dañadas; antes las saquearon.

En Chilpancingo se puso en marcha una planta tratadora en 2011, pero las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, ocurridas en septiembre del 2013, la arruinaron.

En 2014, la Conagua restauró la planta ubicada a 20 metros de los márgenes del río Huacapa, cerca de la comunidad de Petaquillas, para tratar 200 litros de aguas negras por segundo.

Pero estas aguas tratadas no tienen ninguna utilidad, porque van a parar al caudal del río Huacapa que desde hace años es el desfogue del drenaje en la ciudad.

Roberto Reyes González, encargado de esta planta en Chilpancingo, explica que los 200 litros de agua por segundo que ahí son tratadas no se van a los sembradíos de riego, como establece el proyecto original.

“Además los campesinos de esta zona prefieren estas aguas (sucias) porque tienen más nutrientes y les genera, según ellos, mejores cosechas”, comenta.

Reconoce que no se le da un tratamiento a toda el agua que arroja la población de Chilpancingo, porque hay descargas clandestinas que no llegan a los colectores marginales que conectan con la planta.

El ambientalista Ignacio Vázquez sabe que el proyecto original de esta planta incluía que las aguas tratadas serían descargadas a las tierras de labor de los campesinos de Petaquillas. “De nada sirve que esa agua ya sea tratada y vaya a dar a las aguas sucias del Huacapa”, reprocha.

A su juicio, este tipo de obras que deberían de servir para cuidar y preservar el medio ambiente, son sólo malos planes de gente de gobierno.

“Muchas de esas plantas que están en desuso, están contaminando más el medio ambiente en el entorno en donde están instaladas”, dice.

Octavio Klimeck Alcaraz, también ambientalista, evalúa que las autoridades de los municipios actúan en forma irresponsable al no darles mantenimiento a las plantas tratadoras de aguas residuales. “A ellos (a las autoridades) no les importa la cultura del medio ambiente. Ignoran que si hay agua, una vez que ésta ya se utilizó, debe ser tratada y después darle otro uso en bien de la comunidad”, opina.

Por esa razón cree que la Conagua debe de sancionarlos.

 

Planta tratadora, sinónimo de contaminación

En 2008 cuando el gobierno inició las excavaciones en las calles para colocar la tubería y las ollas de la red de drenaje en Atliaca, los habitantes de esta comunidad nahua se oponían a los trabajos con el argumento de que rompían su costumbre tradicional. Al final, aceptaron la obra.

“Todos teníamos fosas sépticas en los patios de nuestras casas, pero nos obligaron a conectarnos a la red de drenaje, pero salió peor porque esto no funciona y en muchas calles se ve cómo las aguas negras corren al aire libre”, dice Ismael Rojas.

La gente que no se conectó a la red de drenaje sigue con sus fosas sépticas.

Aclara que aun cuando la red de drenaje sólo funciona para conducir las aguas negras hacia una barranca y después a un manantial, las autoridades del ayuntamiento de Tixtla, actualmente gobernado por la perredista Erika Alcaraz Sosa, han pavimentado con cemento hidráulico las calles.

El campesino considera que las autoridades hacen este tipo de obras sin planeación, sólo para obtener una ganancia económica.

Según el INEGI, Atliaca, fundado hace más de 500 años, es una comunidad de alta marginación.

Un 60 por ciento de su población carece de servicios de salud, 54 por ciento no dispone del servicio de agua potable, y 65. 4 por ciento que tiene vivienda carece de drenaje.

Para el campesino, la instalación de la planta en nada ha cambiado la situación en que vive la gente de su pueblo.

“Cuando hay elecciones siempre nos vienen a decir que nos harán esto, que harán el otro, y siempre nos engañan”, expuso.

Recordó que en el 2018, dirigentes de Morena convocaron a una asamblea y lo primero que les preguntaron fue qué obra querían que se les hiciera.

“Nosotros planteamos lo de la planta tratadora y la red de drenaje, además de escuelas, centros de salud y apoyos al campo”, recuerda.

Según Ismael, los activistas de Morena, lo primero que les prometieron resolver fue lo de la planta tratadora.

“Ya pasó más de un año, ganó (Andrés) López Obrador, y todavía seguimos esperando”, expone.

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.