Madres exigen que se reanuden búsquedas de sus desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

5 de agosto del 2020

Chilpancingo

 

Mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos marcharon por las calles de esta ciudad para exigir al gobierno reanudar las búsquedas suspendidas por el pretexto de la emergencia sanitaria del Covid-19.

 

Con cubrebocas, las manifestantes, en su mayoría madres que buscan a sus hijos, exigieron a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas retomar las actividades suspendidas desde hace seis meses.

 

María Guadalupe Rodríguez quien busca a su hijo Josué Molina que fue privado de su libertad en junio del 2014 en las calles de Chilpancingo, señaló que también no hacen nada la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Guerrero.

 

«Aquí en Guerrero, el gobierno no hace nada, no hay avance en relación a la búsqueda de desaparecidos, identificación de cadáveres y apoyos a los familiares que tienen una persona desaparecida», contó María Guadalupe Rodríguez.

 

Recordó que en el 2018, la Federación aportó un recurso económico al gobierno de Guerrero para que se utilizara para el proceso de identificación de cadáveres almacenados en las unidades de el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

 

El gobierno estatal aportaría otra parte de dinero para que se hiciera una bolsa conjunta, sin embargo, la administración de Héctor Astudillo nunca hizo esa entrega para que se realizaran los estudios científicos para la identificación de fallecidos.

 

 

Durante la entrevista poco antes de la marcha hacia el monumento a Las Banderas, la activista y abogada, señaló que los gobiernos federal y estatal ponen la pandemia de pretexto para no hacer nada en atender las demandas de los familiares de los desaparecidos.

 

La protesta que realizaron aquí en Chilpancingo los familiares de desaparecidos fue en el contexto de una marcha que se realizó en el zócalo de la Ciudad de México por parte de colectivos de otros estados del país.

 

María Guadalupe Rodríguez señaló que ellos no están satisfechos con las acciones que realiza el gobierno estatal para atender a las víctimas de los desaparecidos.

 

«En primer lugar el gobernador Héctor Astudillo nunca ha querido saber nada de nosotros tan es así que tiene años que ni siquiera nos recibe en audiencia para que le digamos que autoridades están fallando», expresó.

 

Igual pasa con el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a quien le han pedido una reunión con los colectivos, pero nunca las atiende.

 

«La Fiscal de Desaparición Forzada en Guerrero es como si no existiera porque no está haciendo búsquedas, es solamente una empleada administrativa más», expresó.

 

Casi suelta en llanto cuando recuerda a su hijo Josué, quien ell pasado 4 de junio cumplió seis años desaparecido.

 

«He recorrido el país entero acompañando a otras madres en marchas, plantones, huelgas de hambre y búsquedas exigiendo la presentación con vida de mi hijo y los hijos de otras madres», manifestó la mujer.

 

La marcha convocada por el Frente Guerrero X por Nuestros Desaparecidos arribó al monumento de Las Banderas donde se realizó un mitin.

 

Ahí, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra de que habría justicia para los familiares de los desaparecidos.

 

Recordó que en la campaña, López Obrador prometió que en su gobierno no habría límites para la búsqueda de desaparecidos y cuando llegó a la presidencia lo reiteró.

 

Pero hasta el momento no ha sido así, a pesar, de los recursos económicos con los que cuentan las comisiones de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

Martha Obeso, esposa del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armado Chavarría Barrera denunció que el próximo 20 de este mes se cumplen once años del asesinato de su cónyuge y hasta el momento no ha recibido justicia.

 

Obeso al igual que Sofía Lorena Mendoza Martínez, esposa del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en mayo del 2013 y del cual penalmente está responsabilizado el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, exigieron justicia.