La presentación de niños armados busca la atención del Estado, ante abandono institucional: Redim

Las policías comunitarias en Guerrero se crearon en respuesta al abandono del gobierno mexicano, de zonas como la región nahua de Montaña baja, y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social, valora la organización


 

Texto: Beatriz García y Amapola Periodismo

Foto: Margena de la O

12 de abril del 2021

Chilpancingo

 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) convoca a evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de niños, niñas y adolescentes. Exige a las autoridades de México garantizar la vida y desarrollo social de estas comunidades, luego de que este sábado, autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Montaña baja, por segunda ocasión, presentaron a nuevos niños integrantes a la seguridad comunitaria.

 

Se sumaron 15 menores al grupo del año pasado, ahora en la CRAC-PF hay 34 niños que han recibido capacitación para defenderse.

 

El 23 de enero del año pasado las autoridades de la CRAC-PF hicieron el anuncio de la integración de niños a sus filas, después del asesinato de 10 trabajadores de un grupo musical, originarios de Alcozacán, pueblo de Chilapa, entre ellos padres de los menores.

 

Ante la integración del último grupo de menores, ocurrido el sábado pasado, en un acto que se llevó a cabo en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, la Redim se pronunció por segunda ocasión ante estos hechos.

 

“Volvemos a expresar nuestra preocupación por el uso instrumental de los niños”, es la cita con la que inicia el pronunciamiento.

 

Destaca también que la participación directa de niños, niñas y adolescentes en actos de vigilancia en las unidades de las CRAC-PF ya supera el acto simbólico del performance y podría configurar delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales.

 

Entonces, la organización llama a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad la protección de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos.

 

En el escrito se informó que la Redim llevó este caso a instancias internacionales a través de la audiencia temática que se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de marzo del 2020, donde se documentaron las “graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia armada en México: reclutamiento forzado y epidemia de niñez desaparecida”.

 

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”, expone en el pronunciamiento.

 

Pero también la organización plantea que este acto se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado, ante la impunidad que persiste en la zona.

 

"Tal como lo hemos venido alertando desde enero del 2020, en Redim consideramos que la presentación de niños y adolescente- como parte de la policía comunitaria-se trara de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macrocriminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona; asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales", se lee en el pronunciamiento.

 

 

Además resalta que las policías comunitarias en el estado se crearon en respuesta al abandono del gobierno mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social.

 

“En los últimos siete años, el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas”, se lee en el texto.

 

La organización en defensa de la infancia cita que el gobierno mexicano se comprometió el 6 de marzo del año pasado, en la audiencia pública con la CIDH a proteger a las comunidades indígenas y prevenir el reclutamiento de niños en los escenarios del crimen organizado.

 

Ante este panorama que resalta la Redim, ante la omisión del gobierno de garantizar seguridad y desarrollo, este lunes el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, manifestó que armar y grabar a niños en Ayahualtempa, es un acto “delicado e irresponsable”.

 

Aseguró que esta zona, se refiere a la nahua, ha sido atendida con programas sociales, construcción de viviendas y cinco puntos de seguridad, pero en la comunidad, al menos es lo que documentaron varios periodistas, esa ayuda no se ve por ningún lado.

 

De hecho, los habitantes de Ayuahualtempa exigieron a su gobierno que cumpla con las promesas que autoridades les prometieron el año pasado, después de la presentación del primer grupo de niños armados. Una de esas promesas fueron casas para las viudas de víctimas del pueblo, pero según el fundador de la organización comunitaria, Bernardino Sánchez Luna, sólo les hicieron aplanar el terreno y siguen en espera de la edificación. Del tema de la seguridad, pues, falta todo, y para muestra es que los habitantes de Ayahualtempa no pueden salir del pueblos ante el temor de ser cazados por el grupo criminal de Los Ardillos, relacionado a los grupos políticos y económicos de la región.

 

Sánchez Luna también declaró que probablemente decidan no votar, pues, aseguró que el gobierno ignora su llamado de auxilio para protegerlos de los grupos criminales, y que tampoco ha dado apoyo a las viudas y huérfanos de quien murieron defendiendo su territorio. Aunque tampoco es que los candidatos los visiten, de hecho hasta ese sábado ningún aspirante había acudido a la comunidad.

 

El gobernador dijo que después de que asesinaron a los trabajadores del grupo musical recorrió las comunidades de esa zona y se establecieron cinco puntos de seguridad en los que participan la Policía Estatal, la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal.

 

También dijo que diferentes secretarías del gobierno estatal apoyaron a las viudas de los músicos asesinados con los gastos médicos y la reposición de las camionetas incendiadas.

 

Aseguró que se hizo una inversión de 7.1 millones de pesos con los que se construyeron 32 viviendas en Chilapa y en José Joaquín de Herrera, para las familias afectadas qué perdieron a sus familiares, y que cinco viviendas están suspendidas por el tema de la pandemia.

 

Mencionó que se integraron brigadas de servicio social para 24 comunidades con atención social, psicológica, jornadas del conocimiento y deporte.

 

El sábado pasado, las autoridades comunitarias revelaron que en menos de un año les asesinaron a 26 personas de comunidades adheridas a la CRAC-PF, entre ellos los 10 músicos, pero de estas muertes y de las razones por las que no ha parado la violencia en la zona nahua que tiene acorralados a los habitantes de Ayahualtempa, el gobernador no explicó.

 

 

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