Gobierno federal sigue negando garantías de seguridad a desplazados de Guerrero

Los pobladores que dejaron sus comunidades de manera forzada vuelven a trasladar su movimiento a la Ciudad de México para llamar la atención de las autoridades y exigir que cumplan con su responsabilidad de darles seguridad


 

Texto: Beatriz García

Fotografía: Arturo de Dios Palma / Archivo 

2 de abril del 2021

Chilpancingo

 

El desplazamiento forzado en Guerrero es un problema latente entre comunidades de la Sierra, como las de los municipios de Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, y en Zitlala, perteneciente a la región Montaña baja, a causa de la violencia provocada por grupos armados. Pero el problema para las familias en riesgo no acaba con su desplazamiento, comienza otro, el de exigir a las autoridades garantías para vivir.

 

Los desplazados de estas zonas, por segunda ocasión, montaron un plantón en la Ciudad de México, ésta vez fuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), en reclamo de esas medidas.

 

El 28 de marzo se cumplió un año de que, después de 38 días de permanecer en plantón fuera de Palacio Nacional, los desplazados regresaron a Guerrero. Para este 25 de marzo nuevamente se plantaron fuera de la Segob.

 

Han pasado casi tres años desde que más de 1,000 desplazados de Leonardo Bravo salieron de sus casas obligados por hombres armados. El 26 de marzo del 2020 ocurrió un segundo éxodo, tal como lo documentó ese día Amapola. Periodismo transgresor.

 

El año pasado los desplazados decidieron retirarse del plantón, porque en una minuta de acuerdos el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, David Encina López, prometió el retorno seguro a sus casas, así como la instalación de puestos de seguridad. Nada de eso se cumplió.

 

En consulta con la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, quien da acompañamiento a los desplazados, confirmó que el miércoles pasado reinstalaron el plantón.

 

Lamentó que de los más de 1,000 desplazados sólo 18 estén registrados como víctimas, ni siquiera les cumplieron con registrar a 80 más que les prometieron.

 

A este número de desplazados se suman los que recientemente salieron de sus casas en comunidades de Coyuca de Catalán. Aunque habitantes de las comunidades en declaraciones a medios refieren que son más de 700 los desplazados de esa zona por los enfrentamientos armados, al Centro Morelos sólo pidieron ayuda 20 de ellos, el resto buscó por sus medios refugiarse en otras partes del estado, del país o incluso de Estados Unidos.

 

De los desplazados de Leonardo Bravo, Rosales Sierra señaló: “Las autoridades no cumplieron con replegar el grupo armado que opera en el lugar, tampoco se cumplió poner perímetros de seguridad en esas comunidades en Carrizal de Bravo, Corralitos, Casa Verde; y la falta de atención médica”.

 

Este miércoles los desplazados en plantón regresaron a Guerrero por los días grandes de la Semana Santa, pero el lunes retornan para seguir su protesta.

 

Ese mismo día tuvieron una reunión con el director de Estrategias de Atención a Derechos Humanos de la Segob, Neftalí Granados, quien sólo prometió otra reunión con los titulares de la Segob, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

En un comunicado emitido por el Centro Morelos a nombre de los desplazados se lee: “Hasta este día no habido la capacidad o voluntad de construir una estrategia que nos garantice condiciones de seguridad duradera para nuestro retorno, mientras que el grupo armado que nos desplazó sigue en posesión de nuestro patrimonio”.

 

Cuando los desplazados salieron de sus casas, reiteradamente denunciaron el saqueo y apoderamiento de sus viviendas por parte de los hombres armados.

 

En este texto también denuncia la organización que autoridades del gobierno del estado y municipal han comprado a algunos de los representantes de los desplazados, para dividirlos.

 

Las consecuencias del desplazamiento son graves, de acuerdo con los apuntes del Centro Morelos, suman siete hombres y mujeres muertos a raíz de haberse contagiado de Covid-19 y otros por enfermedades que les provocó la depresión. Aparte dos mujeres padecieron un aborto espontáneo y 25 personas dieron positivo de coronavirus.

 

“Solicitamos la reubicación de todas las familias del municipio de Leonardo Bravo y de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en el lugar que cada familia elija otorgando vivienda digna, tierras para sembrar, fuentes de empleo, proyectos productivos de largo y corto plazo”, se lee en el comunicado como parte de las demandas de las víctimas.

 

Las víctimas de desplazamiento forzado de esas zonas exigen medidas de seguridad para ser reubicadas. También que se les otorgue el registro como víctimas de desplazamiento interno forzado y que las familias que tengan desaparecidos se les incluyan en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

 

Otras exigencias de las víctimas son: atención médica y becas para las niñas, niños y adolescentes, para poder recibir las clases virtuales a distancia.

 

 

En los anexos de Guajes de Ayala

En los anexos del ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, el miedo y la zozobra permea, por los ataques sufridos por hombres armados. El 3 de febrero Amapola. Periodismo transgresor informó sobre ello; muertos, desaparecidos y desplazados son el resultado.

 

El dirigente del ejido, Javier Hernández, recientemente en una transmisión en vivo vía Facebook, señaló que el 30 de marzo se cumplió un año de que los pobladores pararon la tala clandestina.

 

Con el saqueo de madera yace el problema de los ataques armados a esas localidades, lo que ha generado cientos de desplazados y los habitantes que se quedaron no cuenten con víveres para persistir.

 

El 31 de marzo del año pasado, los pobladores interpusieron una denuncia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que atendiera el problema. Ha pasado un año y en el lugar todavía hay madera tirada y ninguna autoridad ha ido a verificar los daños, lamentó el dirigente.