La CRAC-PF integró a otros 15 niños a sus filas, hay una niña entre ellos, para defender el territorio; ahora son 34 menores
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Marlén Castro y Margena de la O
11 de abril del 2021
Ayahualtempa/José Joaquín de Herrera
A Ismael, de 10 años, le gustan los dinosaurios, aunque nunca ha tenido uno. Lo que si tiene Ismael es una escopeta calibre 20, de un solo tiro, que carga terciada en su cuerpo diminuto.
Ismael y su hermanito Juan, de seis años, este sábado 10 de abril, en el aniversario 102 del asesinato del general Emiliano Zapata, se incorporó como policía comunitario a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), una organización creada hace seis años para la defensa de 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, en la zona centro del estado de Guerrero.
¿Ya has disparado?, –se le pregunta a Ismael, quien está recargado en la Comisaría, bajo un cachito de sombra que proporciona la pared del inmueble. Son cerca de las doce del día y el sol deja caer toda su potencia sobre este pueblo de calles sin pavimentar y sin agua potable.
–Hasta ahorita he disparado a conejos, cuando voy con mi papá a acompañarlo para cuidar el pueblo y veo uno, le disparo, –responde Ismael, mientras acomoda su escopeta que no se aviene al cuerpo infantil (en el que es evidente una desnutrición severa) que la porta.
Dice que ama los dinosaurios. Le gustaría tener unos para jugar, pero su papá y mamá, no le han comprado porque ahí no hay dinero para esas cosas.
Ismael resolvió la ausencia física de un ejemplar del periodo triásico con la impresión de uno en una hoja tamaño carta en la papelería del pueblo.
–Pegué esa hoja en la bocina y es el único dinosaurio que tengo, –dice orgulloso de su creatividad resuelta de forma precaria.
Más tarde, Ismael junto con su hermanito Juan, de seis años, marcharán por una calle de la comunidad de Ayahualtempa, que los 34 niños comunitarios enlistados en la CRAC-PF ayudaron a hacer.
Forman parte de un grupo de 15 menores incorporados este 10 de abril a la CRAC-PF, entre ellos una niña, con lo que suman 34 niños integrados a la Policía Comunitaria para defender el territorio y a los habitantes de estos pueblos. El 23 de enero del 2020 la CRAC-PF integró a los primeros 19 menores en tareas de defensa.
También dispararán a un bordo de tierra como símbolo de su iniciación oficial en las actividades de resguardo y defensa de las comunidades nahuas, que resisten desde hace 11 años a los ataques de un grupo criminal que en esta zona se conoce como Los Ardillos.
Este grupo local tiene mucho poder de fuego y también político. Uno de los hermanos de los criminales que lo encabezan, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, ha sido tres veces diputado local (una de ellas fue el coordinador del Congreso) y dos veces alcalde de Quechultenango.
Desde hace varios años, Bernardo Ortega se deslindó públicamente de sus hermanos Celso, Jorge Iván y Arturo Ortega Jiménez, a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) ubica como responsables de innumerables crímenes en la región, pero cada elección Los Ardillos ordenan a la población votar por su hermano. En los pueblos que dominan, las urnas vienen repletas de boletas a favor de Bernardo Ortega.
En la que ha sido calificada la elección más competida en la historia reciente de México, porque se elegirán más de 21,000 cargos en todo el país, este grupo criminal podría expandirse o contraerse.
En la región, son varios los candidatos y candidatas que la población identifica como aliados del grupo criminal.
Para empezar, el mismo Bernardo Ortega busca reelegirse como diputado local como parte del distrito 24 que abarca los municipios donde Los Ardillos quieren mantener y consolidar su control: Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Mártir de Cuilapan y Zitlala.
El candidato a gobernador de la inusual alianza entre el PRI y PRD, Mario Moreno Arcos, señalado de vínculos con el otro grupo criminal Los Rojos, quienes mantuvieron con Los Ardillos una disputa cruenta durante más de 10 años por el control territorial de estas comunidades, designó a Bernardo Ortega coordinador operativo de campaña en la zona Centro.
En este escenario político, las comunidades de la CRAC-PF decidirán en asambleas comunitarias si participan en la elección del 6 de junio, indicó Bernardino Sánchez Luna, fundador de la organización comunitaria.
Bernardino Sánchez adelantó que probablemente decidan no votar porque el gobierno ignora su llamado de auxilio para protegerlos del crimen organizado y tampoco ha dado los apoyos a las viudas y huérfanos que hay en los pueblos a raíz de la lucha de las comunidades de la CRAC-PF para defender su territorio.
Escopetas por dinosaurios
Ismael no quiere ser policía comunitario. Preferiría quedarse en su casa con su mamá y sus tres hermanos. Pero no tiene opción porque su papá es comunitario y cuando sale a atender su tierra necesita que alguien lo cuide.
Se hizo a la idea que mientras su papá abre los zurcos para sembrar el maíz; él, de 10 años y quien preferiría jugar con dinosuarios, debe cuidarlo.
No sabe qué pelean o qué buscan los que quieren controlar su territorio.
–Yo creo que quieren nuestras tierras porque están bonitas, –dice el niño comunitario.
El lomerío que rodea Ayahultempa son cerros pelones, con evidencias de que hubo un bosque espeso de oyameles y encinos. La extracción de madera continúa pero los carros troceros con los troncos de árboles de diferentes dimensiones ya no salen de estas comunidades deforestadas. Los cerros de aquí ya fueron devorados desde hace muchos años.
Estas comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera conforman la zona nahua más grande del estado. Es la zona circundante del proyecto minero El Violín, de la empresa australiana Pacífico Minerals Ltd, que ya arrancó en Mochitlán y que de acuerdo con la concesión de la Secretaría de Economía se extenderá a Tixtla, Quechultenango y José Joaquín de Herrera.
Ismael entrena posiciones y tiros todos los días de seis a siete de la tarde. Eso sí le gusta. A esa hora en el lomerío de su pueblo corre un aire fresco y va con la idea de que en algunos de los entrenamientos pueda cazar un conejo o venado para que haya carne en su vivienda.
Estudia cuarto año de primaria. Como siente responsabilidad por el resguardo de los habitantes, a Ismael no le gusta entretenerse en el celular. Quien sí lo hace es su hermanito, también policía comunitario.
Ambos niños esperan fuera de la Comisaría que los llamen a formarse en la cancha de usos múltiples, en donde empezará la marcha para dar a conocer a los nuevos integrantes.
Mientras eso ocurre, Juan, el policía comunitario más pequeño escucha música que tiene guardada en el celular.
Su mamá y su papá compraron el aparato para que sus hijos investiguen sobre las tareas que les dejan los maestros que van hasta la comunidad a dejarles las tareas.
Pero a Ismael no le gusta agarrar el celular.
–Siento que me distrae, –dice.
Sí distrae. Juan con el celular pegado al oído oyendo sus canciones favoritas no escucha cuando los llaman a formarse.
Ayahualtempa: la vecindad con el enemigo
Sobre la carretera que conduce a Hueycatenango, cabecera de José Joaquín de Herrera, saltan las evidencias de la confrontación en estos pueblos. A 15 minutos de la desviación de Chilapa, del lado derecho del camino, aparece la colonia Corral de Piedra. Un caserío de casas abandonadas y paredes perforadas por balas de calibres gruesos.
El nombre es importante. Se llama Corral de Piedra porque aquí se asentaron pobladores de una comunidad homónima de la Sierra, en el municipio de Heliodoro Castillo, donde las autoridades ministeriales ubican el origen del grupo criminal Los Rojos.
Más adelante aparecen las primeras viviendas de la comunidad de Atzacoaloya. Muchas de las personas asesinadas en estos 10 años de confrontación entre estas comunidades nahuas aparecieron en esta comunidad dedicada a la siembra de ajos y cebollas.
Varias de estas localidades enemigas coinciden con respecto a la militancia política, vínculos con alguno de los dos grupos criminales que se disputan la zona y pertenencia a las diferentes policías comunitarias creadas para el resguardo de los habitantes.
Varias de las comunidades de este corredor que son la base del voto duro priista están identificadas con el grupo criminal Los Rojos.
Otro tanto número de poblaciones de voto perredista se asocian al grupo criminal Los Ardillos y una policía comunitaria conocida como Paz y Justicia.
Hay poblaciones como Rincón de Chautla y Ayahualtempa que repelen a ambos grupos y para protegerse crearon la CRAC-PF.
En la desviación a Ayahueltampa hay cinco policías comunitarios en cada costado del camino. Para el aniversario 102 de Emiliano Zapata dejarán pasar a visitantes.
Piden los nombres de quienes van en los vehículos y anotan las placas del carro.
Más adelante, allá en el centro del pueblo, Sánchez Luna asegurará que en Ayahualtempa nadie pasa si no dice quién es y a qué va.
Sobre el lomerío para llegar a la comunidad hay más policías comunitarios. Todos vigilan con sus escopetas a un lado.
Ayahualtempa y Hueycatenango, esta última priista y con control de Los Rojos, son comunidades vecinas. Los habitantes de Ayahualtempa han pagado con sus vidas salirse de su zona segura.
Ir por gasolina y jitomates a Hueycatenango es una misión suicida.
La marcha
Juanito no oye que los llaman. El celular en su oído toca una de sus canciones preferidas. Ve que sus compañeros de juegos, ahora de escopetas, corren.
Apaga el celular y lo guarda en una de las bolsas de su pantalón. Cuando llega a la cancha, el resto ya está formado. Uno de sus compañeritos de armas dice al micrófono un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.
–Hace quince meses nos acusó de que somos delincuentes. No somos delincuentes. Somos niños comunitarios que apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad indígena nahua, –dice el niño orador. Tiene un pañuelo que le cubre parcialmente el rostro.
Un comandante regional de la CRAC-PF hace la relatoría de todos los asesinados en estos 10 años de guerra. En sólo un año, les asesinaron a 26 personas de las diferentes comunidades adheridas a la CRAC-PF, entre ellos, los 10 empleados del grupo Sensación Musical de la comunidad de Alcozacán, en enero del 2020.
Empieza la marcha por la calle que recientemente hizo la misma comunidad. Llevaban años acumulados de gestión con el ayuntamiento de José Joaquín de Herrera y del estado. La hicieron los policías comunitarios con ayuda de los niños policías.
–No estamos formando delincuentes, estamos formando ciudadanos, –insisten al micrófono para que la información llegue a López Obrador.
La marcha rodea la comunidad. Adelante las mujeres y menores de edad, en medio los niños comunitarios, atrás los policías, esposos y padres de quienes les preceden.
Llegan al punto en el que iniciaron, continúan más allá, se internan en uno de los cerros vigilados. Los menores se forman. Un menor da la orden que más bien es una queja y un lamento.
–¡Niños comunitarios firmes ya! ¡Embrazar armas ya! No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México, ni gobierno que nos brinde seguridad, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios. Todos: hijos de la chingada”.
Aunque los disparos de unos 10 niños se ahogan en la tierra (el resto de los menores traen armas de utilería) el zumbido retumba en esta parte de la Montaña baja de Guerrero.
