Un día antes de iniciar el proceso para llevarlo a juicio, EU anunció que retirará los cargos. Tocará a México indagarlo y de haber evidencia procesarlo. Los escenarios: libertad arraigo o prisión militar.
Texto: Arturo Ángel y Alberto Pradilla /Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz
18 de noviembre del 2020
El 20 de octubre fiscales estadounidenses acusaron ante una Corte al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos – detenido cinco días antes en Los Ángeles – de ser un peligroso delincuente al servicio del crimen organizado. Le pidieron a un juez que lo encarcelara y no lo liberara ni con una fianza, ante el riesgo de que escapara a México donde contaba con redes de protección que podrían dificultar su extradición. De hecho, durante más de un año, los fiscales le ocultaron a nuestro país la orden de aprehensión contra ‘El Padrino’.
Pero menos de un mes después todo cambió.
Ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció en un comunicado conjunto con la FGR que retiraría todos los cargos en contra de Cienfuegos y acordaría su liberación, a cambio de que su contraparte e México retome la indagatoria y, de haber evidencia, lo someta a un eventual proceso.
¿Cómo se pasó de la desconfianza a la confianza? ¿Cuál fue la razón de este cambio? Una estrictamente diplomática: la decisión de priorizar la política exterior con México y una buena cooperación bilateral en el tema de combate al crimen organizado, por encima del proceso judicial en contra de Cienfuegos.
Así lo confirman sendos oficios que los fiscales de Estados Unidos enviaron ayer a la jueza responsable del caso Carol B. Amon, donde explican la decisión tomada luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresara su descontento por no haber sido informados nunca de este caso.
“Los Estados Unidos han determinado que sensibles e importantes consideraciones de política exterior sobrepasan el interés del gobierno de perseguir un proceso judicial contra el acusado y, bajo esas circunstancias, se solicita desechar el caso” indica la moción enviada por el fiscal Seth DuCharme.
El radical cambio en la postura de la fiscalía causó extrañeza hasta en la jueza Carol Amon que ayer, contrario a lo solicitado por el Departamento de Justicia, ordenó que se hiciera público el documento donde se pide desechar el caso contra Cienfuegos, y convocó al fiscal DuCharme a que se presente personalmente a dar una explicación sobre lo ocurrido en una audiencia programada para las 9 de la mañana de hoy.
De finiquitarse la solicitud, Cienfuegos será traslado por agentes federales estadounidenses a México donde será liberado. Su eventual detención en territorio mexicano dependerá estrictamente de si la Fiscalía General de la República (FGR) logra obtener un recurso como una orden de presentación, arraigo o aprehensión que permita retener al general retirado, posiblemente en una prisión militar.
El peligroso “Padrino”
En agosto de 2019 una Corte de Nueva York ordenó la detención de Salvador Cienfuegos. Lo hizo a petición del Departamento de Justica el cual presentó una investigación a cargo de la Agencia Antidrogas (DEA) en la que se señalaba a Cienfuegos de cooperar por años con un grupo del crimen organizado vinculado al antiguo cartel de los Beltrán Leyva.
Bajo el alias de “El Padrino”, expusieron los fiscales, Cienfuegos colaboró con los criminales filtrándoles información, atacando solo a grupos rivales, y en general despejándoles el terreno para el transporte de miles de kilogramos de droga a los Estados Unidos.
Pero la orden de arresto nunca fue comunicada a México. La DEA y la Fiscalía estadounidense la mantuvieron en secreto. No se inició proceso de extradición tampoco. De dicho mandamiento judicial nada se supo hasta que el 15 de octubre el general retirado fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en medio de un viaje familiar.
Cinco días mas tarde, al ser presentado en una audiencia inicial ante el juez Alexander F. MacKinnon de la Corte Federal de California, el fiscal Ben Belding dejó en claro que no había confianza en que el caso fuera exitoso si se desclasificaba la información a la contraparte mexicana.
Belding hizo mención directamente a la posibilidad de que Cienfuegos tuviese un ambiente favorable en México para sustraerse a la acción de la justicia. Ante la petición de la defensa del general de imponerle una fianza de 750 mil dólares para seguir el caso en libertad, el fiscal recordó que “es ciudadano y residente en México y formó parte de su gobierno durante varios años”.
Una posición de poder que, a juicio del acusador, le permitiría haber realizado contactos que le facilitasen huir.
Además, recordó el fiscal que debido a la gravedad de los cargos que afronta y que ya tiene 72 años, para Cienfuegos una condena podría convertirse en cadena perpetua, lo que le motivaría aún más para escapar.
Estos argumentos fueron aceptados por el juez MacKinnon. La defensa del militar había alegado que aún en el caso en que huyese a México, existe un tratado de extradición que le permitiría reclamarlo. El juez, sin embargo, consideró que ni siquiera este proceso era garantía de que pudiese ser capturado nuevamente y entregado, ya que podría tardar varios años.
Tras esa decisión, agentes federales retuvieron bajo custodia a Cienfuegos y lo trasladaron de California a Nueva York, para preparar el juicio ante la corte de Brooklyn.
La diplomática absolución
El proceso formal en contra de Cienfuegos por cinco cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar drogas, de los que el general retirado se había declarado inocente, iniciaba formalmente hoy con una audiencia programada a las 9 de la mañana ante la jueza responsable del caos, Carol B. Amon.
Ahora esa audiencia inicial será probablemente la última, luego de la decisión oficializada el día de ayer por los gobiernos de Estados Unidos y México, de desechar los cargos en EU y liberar a Cienfuegos para que, en su caso, sea indagado y de haber pruebas, procesado en México.
La decisión, como ya se dijo, es diplomática. Fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien lo confirmó primero el día de ayer en una conferencia de prensa donde, cronológicamente, narró los reclamos hechos por nuestro país al gobierno del presidente Donald Trump. “Es un acto de respeto, no de impunidad”, dijo el canciller mexicano.
Poco antes de las 6 de la tarde de ayer y por orden de la juez Amon, se desclasificaron los documentos enviados por los fiscales estadounidenses en donde se pide desechar el caso contra Cienfuegos.
El oficio firmado por el fiscal DuCharme sostiene que en contra de Cienfuegos hay “evidencia fuerte” y que la investigación ha sido exhaustiva, sin embargo, advierte que hubo reclamos de las autoridades mexicanas por no haber sido informadas por los canales propias, violentando el principio de cooperación entre ambos países sobre todo en temas de combate al crimen organizado.
“Como una cuestión de política exterior y en reconocimiento a la fuerte asociación entre ambos países, y al interés de mostrar un frente unido contra todas las formas de delincuencia, incluido el tráfico de narcóticos por parte de los cárteles mexicanos, el gobierno procede a desestimar los cargos pendientes contra el acusado sin ir a juicio”, señala el fiscal.
El funcionario del Departamento de Justicia añade a la jueza que tienen conocimiento de que la FGR en México ha iniciado con su propia investigación, por lo que decidieron que el caso continúe en nuestro país y, de ser posible, se inicie un proceso por los cargos que resulten. Previamente, el canciller Ebrard había mencionado que desde el 11 de noviembre el gobierno de Estados Unidos entregó oficialmente a la FGR las pruebas e información con la que cuenta para que se continúe la indagatoria.
Libertad, prisión o arraigo… lo que sigue para Cienfuegos
En la audiencia programada hoy ante la juez Amon, los fiscales oficializarán verbalmente la petición de que el caso sea desechado. Una vez que la jueza determine lo procedente, los fiscales solicitarán que Cienfuegos sea trasladado bajo custodia a México por agentes federales de aquel país, y una vez en territorio mexicano sea liberado.
En nuestro país, el estatus del exsecretario de la Defensa Nacional será el de una persona bajo investigación, pero inocente a menos que se le pruebe lo contrario.
Para que pueda ser detenido se necesitaría una orden de aprehensión emitida por un juez federal la cual, hasta el día de ayer, no existía según lo confirmado por autoridades de la FGR. Los fiscales trabajan en integrar un avance de la carpeta de la investigación para, en breve, presentarla ante un juez y determine lo procedente.
Otra alternativa con la que cuenta la fiscalía es emitir por su cuenta una orden de presentación para que comparezca ante el Ministerio Público. Se trata de una orden que no requiere el aval de un juez, pero que solo permite retener a una persona por un máximo de 72 horas.
Y está la vía del arraigo, que permite retener a una persona hasta por 30 días mientras se integra una indagatoria en su contra.
En caso de que el exsecretario de la Defensa sea detenido tendría que ser puesto a disposición del juez que haya librado la orden de aprehensión en su contra de manera inmediata. Dependerá de la gravedad de los ilícitos que s ele imputen la medida que se le aplicaría par que no se fugue. Cargos similares a los que enfrentaba en Estados unidos ameritan en México prisión preventiva automático.
Si la medida que conceda el juez es de prisión en teoría Cienfuegos podría ser traslado a un penal federal. No obstante, autoridades federales indicaron que por razones de vigilancia y seguridad, el cumplimiento de dicha medida cautelar podría decidirse que permanezca en una prisión militar.
