Candidatos en peligro en más de 30 municipios donde opera la delincuencia

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: José Luis de la Cruz / Portada / Archivo 

18 de mayo del 2021

Chilpancingo 

 

Candidatos a la gubernatura, alcaldes y diputados locales podrían correr riesgo en su integridad física cuando realicen actos de campaña en 31 municipios donde operan grupos de la delincuencia o las autollamadas policías comunitarias.

 

Lo anterior forma parte de la alerta que han establecido las autoridades de seguridad federal y estatal a través de un mapa de riesgo que se elaboró para estas elecciones en las que se renovarán a través de las urnas, la gubernatura, 80 alcaldías y 46 diputaciones (28 de mayoría y 18 de representación proporcional).

 

La misma alerta establece 15 municipios con riesgo medio y otros 35 de bajo riesgo.

 

Las autoridades les han dicho a los partidos políticos que cuando sus candidatos acudan a cualquiera de estos municipios (de alto, mediano y bajo riesgo) a realizar sus campañas políticas pueden avisar para que tengan acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

 

Cuando faltan tres semanas para que se lleven a cabo las elecciones, solo dos candidatos, el abanderado del Movimiento Ciudadano (MC), Erick Ulises Ramírez Crespo, a la alcaldía de Cocula y la candidata de Morena a la diputación local por el distrito 24 de Chilapa, Diana Itzel Hernández Hernández, tienen seguridad las 24 horas del día.

 

Aunque otros 24 abanderados solo tienen acompañamiento cuando acuden a realizar sus actividades de proselitismo a municipios donde opera la delincuencia o las llamadas policías comunitarias.

 

 

Después de pedir medidas cautelares al gobierno del estado, la candidata a diputada local por el distrito 25 con sede en Chilapa, Diana Hernández, realiza campaña acompañada de policías estatales. Fotografía José Miguel Sanchez 

 

El abanderado del MC, Erick Ulises Ramírez, fue sacado de Cocula luego de que durante un mitin que encabezaba en la comunidad de La Monera, un grupo de pistoleros realizaron disparos de arma de fuego.

 

Acompañado por cinco agentes estatales que le sirven como escoltas, Erick Ulises Ramírez reinició su campaña.

 

Según la alerta que establecieron las autoridades federal y estatal entre los 31 municipios de "alto riesgo", están Tlepehuala, Arcelia, Coyuca de Catalán y Zirándaro en donde opera la organización de la Familia Michoacana.

 

Aunque en Zirándaro, el territorio ya entró en disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

La disputa entre ambos grupos ha generado mil 700 personas desplazadas de sus comunidades durante el 2019 y el 2020.

 

En marzo, el alcalde morenista de este municipio, Gregorio Portillo Mendoza, renunció a la diputación local plurinominal luego de que integrantes de un grupo de la delincuencia lo tuvieron secuestrado varias horas al igual que dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que forman parte de sus escoltas para su seguridad personal.

 

El mapa también muestra a los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso en color rojo.

 

En los seis municipios de esta región Norte del estado, operan los grupos de Los Tlacos.

 

Aunque en Iguala y Huitzuco, Los Tlacos, disputan el territorio con La Bandera que es una escisión de Guerreros Unidos.

 

En Iguala donde en septiembre del 2014 fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa la violencia ha dejado un saldo de 95 personas asesinadas pese a que desde marzo de este año la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal asumieron las tareas de seguridad y la policía municipal fue desmantelada.

 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Marina (Semar) Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ubican entre estos 31 municipios de alto riesgo a Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuéllar Tetipac y Pilcaya.

 

Los tres municipios que colindan con el estado de Morelos y el Estado de México, opera la organización de la Familia Michoacana (FM).

 

En abril pasado, varios hombres armados retuvieron durante más de una hora a la candidata de la coalición PRI-PRD a diputada local por el distrito 21 con cabecera en Taxco, Flor Añorve Ocampo.

 

Otro priísta que fue secuestrado y golpeado por un grupo criminal en abril en Taxco es el ex diputado federal Salomón Majul González.

 

Majul González buscaba ser candidato a alcalde de Taxco por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 

El mapa de riesgos para los candidatos a un cargo de representación popular también ubica a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez que es donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

 

 

Chilpancingo, es otra demarcación de color rojo

En Chilpancingo, la disputa del territorio está entre tres grupos criminales: Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina, el Cártel del Sur, que liderea Isaac Navarrete y Los Ardillos, dirigidos por los hermanos Iván, Celso y Antonio Ortega Jiménez.

 

Tixtla, Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera, municipios que tienen bajo su control Los Ardillos también son señalados por las autoridades como de alto riesgo para los candidatos.

 

En las elecciones del 2018, en estas demarcaciones de la Montaña Baja y Centro, fueron asesinados siete políticos, entre precandidatos y candidatos a un cargo de representación popular.

 

En la zona de Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera opera la autollamada policía comunitaria Por la Paz y Justicia, vinculada presuntamente con Los Ardillos.

 

Tlapa, que está también en semáforo rojo, opera la organización de Los Rojos.

 

En Cochoapa el Grande, también de alto riesgo, no se tiene identificado que opere algún grupo de la delincuencia pero durante el 2020, se han registrado diversos hechos de violencia que se originaron por la disputa política que existe entre los grupos caciquiles del PRI y PRD.

 

Leonardo Bravo, otro municipio de alto riesgo, opera el Cártel de la Sierra aunque desde el 2019, se disputan este territorio con Los Tlacos.

 

Desde el 2018, más de dos mil supuestos policías comunitarios mantienen el control en Filo de Caballos y otras seis localidades vecinas que pertenecen a este municipio enclavado en la Sierra.

 

La irrupción de este grupo de autodefensas mantiene desplazadas a mil 700 personas desde hace más de dos años.

 

Otro municipio en color rojo es el de Eduardo Neri, ubicado a 10 kilómetros de Chilpancingo.

 

En los municipios de José Azueta (Zihuatanejo) y Petatlán que también forman parte del mapa de alto riesgo, operan las organizaciones Guardia Guerrerense y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Tecpan de Galeana, otro municipio de la Costa Grande, está bajo control de Los Granados.

 

Todas estas células surgieron tras la fragmentación que sufrió el Cartel de Los Beltrán Leyva.

 

 

En la imagen, policías comunitarios en el mitin de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado, en Cacahuatepec, zona rural de Acapulco. Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia

 

Municipios de mediano riesgo pero también operan grupos

En 15 municipios de mediano riesgo como Quechultenango, Atenango del Río, Juan R. Escudero, Olinalá, Ahuacuotzingo, Olinalá, Acatepec, aparecen en el mapa como de mediano riesgo aunque también en estas demarcaciones está la presencia de grupos de la delincuencia.

 

Por ejemplo, los casos de Quechultenango que está en mediano riesgo y Mochitlán, de bajo riesgo, opera la agrupación delictiva de Los Ardillos, pero son las demarcaciones donde el índice delictivo es el más bajo del resto de los 81 municipios de Guerrero.

 

Esto se debe a que en estos dos municipios, ubicados en la zona centro del estado, están bajo el control total de Los Ardillos.

 

El semáforo de riesgo para estas elecciones ubica a 35 municipios de bajo riesgo.

 

 

En estas elecciones aumentaron municipios de "alto riesgo"

En las elecciones del 2018, las autoridades elaboraron un mapa de riesgo pero esa vez solo establecían 18 municipios en semáforo "rojo", 17 en alerta media y 46 en alerta baja.

 

Del 2015 al 2018, se registraron 25 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas de dirigentes políticos y de organizaciones sociales.