Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero y especial
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una petición de acción urgente al gobierno mexicano para que sean localizados los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías del municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOEG-EZ), que aglutina a la Policía Comunitaria de comunidades del municipio de Chilapa, dio a conocer este comunicado en el que se establece una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada.
Durante una reunión que tuvieron los dirigentes de esta organización y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, pidieron a las autoridades federales y estatales que acaten esta recomendación que emitió este lunes 7 de febrero la ONU.
El pasado 26 de febrero, el comandante Pablo Hilario Morales y el policía comunitario Samuel Hernández Sánchez viajaban en una motocicleta en la carretera Chilapa-Tlapa cuando fueron interceptados por agentes municipales de Atlixtac.
Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía.
El primero de febrero circuló en redes sociales un video donde aparecen sometidos los dos policías comunitarios, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández, quienes acusan a los dirigentes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez Luna, de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos que dirige Zenén Nava.
Los dirigentes de la CRAC-PF y del CIPOE-EZ rechazaron tener vínculos con esa organización delictiva y pidieron a las autoridades que realicen una investigación para dar con el paradero de los integrantes de esa organización para que liberen a sus dos compañeros, quienes, aseguran, son obligados a realizar ese tipo de declaraciones.
«Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal», dice la CIPOG-EZ.
Durante diciembre del 2021, la CRAC-PF denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios. Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, municipio de José Joaquín Herrera, y el tercero de Alcozacán, Chilapa.
Los tres siguen desaparecidos aun cuando fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.
El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años, Delfina Ramírez Morales, fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.
Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de Hueycantenango.
En esta zona de la Montaña Baja, la violencia arreció desde el 2020 después del asesinato de 10 músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos, como consta en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Piden a fiscal que investigue a Los Ardillos
Por segunda vez en una semana, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos acudió a la comunidad de Alcozacán para pedirle a los habitantes de la zona que le otorguen un voto de confianza para seguir investigando las desapariciones y asesinatos que han ocurrido ahí.
Durante la Asamblea, en donde estuvieron viudas y huérfanos de personas asesinadas, Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ, le dijo a la fiscal que hay una complicidad entre las autoridades municipales de esa región con la organización delictiva de Los Ardillos. Expuso que desde 2019 han asesinado en 24 comunidades del municipio de Chilapa a 44 personas y a otras 15 las han desaparecido .
Un familiar de un desaparecido le reclamó a la fiscal que no han hecho nada para hacerles justicia aun cuando el gobierno tiene los instrumentos necesarios para detener a los integrantes de ese grupo delictivo (Los Ardillos).
En esta segunda visita que la fiscal hace a esta comunidad recibió varios reclamos de los familiares de los desaparecidos y asesinados.
