Las recientes acciones avanzan en la delimitación de responsabilidades, pero no alcanzan las estructuras de alto nivel. La desaparición simultánea de 43 estudiantes y la ejecución de ataques letales, lo estableció antes la CNDH, requirieron un mando con alta capacidad operativa en la región donde ocurrieron los hechos, control sobre distintas corporaciones policiales, agudeza para emitir órdenes coordinadas, facultad para destruir o fabricar evidencias y redes de protección
Texto: Marlén Castro
Ilustración: Art. M.
Chilpancingo
Lunes 21 de septiembre del 2026
A las 09:46 horas del jueves 6 de agosto del 2026, en el municipio de Tepotzotlán, del Estado de México, se quebró el cerco de impunidad que protegía a la élite política en el caso Ayotzinapa, con la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, acusado de ocultar evidencias durante la desaparición de los 43 normalistas.
Es el primer exmandatario contra quien se inicia un juicio por violaciones a los derechos humanos, aunque en Guerrero y, en todo México, ha habido algunas masacres que conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, podrían ser catalogadas como crimenes de lesa humanidad.
Es lo que opinan tres juristas guerrerenses entrevistados sobre el caso del exgobernador, preso en una de las cárceles de máxima seguridad del país, aunque para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos y asesinados la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, la detención de Aguirre es insuficiente y exigen llegar hasta al expresidente Enrique Peña Nieto.
Masacres e impunidad
La impunidad es el signo de las masacres del México moderno cometidos por el Estado o grupos de intereses económicos afines.
Los responsables de la masacre de Tlatelolco, la tarde del 2 de octubre de 1968, en donde se estima el asesinato de más de 300 personas, nunca enfrentaron un juicio; al contrario, los encarcelados fueron los líderes estudiantiles del Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría y el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, abuelo del actual secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, nunca pisaron un tribunal, por la masacre de más de 300 personas, entre estudiantes, líderes sindicales y activistas de diferentes causas sociales.
Los guerrerenses, en particular, vivieron sus propias matanzas. El 20 de agosto de 1967, en Acapulco, una colusión de policías estatales, pistoleros y guardias blancas de los caciques acaparadores de la copra abrieron fuego contra unos 800 campesinos, que venían de Costa Grande y Costa Chica a protestar contra un impuesto al producto.
El resultado fue el asesinato de 35 campesinos y decenas de lesionados. Ni el gobernador Raymundo Abarca Alarcón ni ningún subordinado enfrentó un proceso por los asesinatos, muchos de los heridos de ese día, sin acceso a hospital ni medicamentos, murieron tiempo después en sus comunidades.
El asesinato de copreros fue el germen de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez Rojas, originario de la Costa Chica, y Lucio Cabañas, de la Costa Grande.
Esos movimientos para exigir cambios en las condiciones de vida de los campesinos guerrerenses generó el periodo conocido como guerra sucia –período de la historia que las víctimas y académicos nombran como extermino de Estado que refleja lo que en realidad ocurrió– en la que los gobiernos federal y estatal, para eliminar a la guerrilla, emplearon una política de terror contra la población con detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones físicas.
Entre la década de 1967 a 1977, que abarcó parte del periodo del gobernador Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por Lucio Cabañas, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales documentaron el asesinato y la desaparición de por lo menos unas 600 personas.
Figueroa Figueroa nunca fue procesado por las violaciones a la población, centradas principalmente en los habitantes de la Costa Grande, región en la que pueblos enteros fueron arrasados por los cuerpos policíacos y militares.
Tres décadas después, en 1995, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo del responsable principal del exterminio de Estado, ordenó detener a un grupo de campesinos que venían de varias comunidades de Atoyac –el pueblo de Lucio Cabañas– a protestar a la cabecera. La orden explícita de detenerlos ocasionó 17 homicidios de campesinos y decenas de heridos graves, quienes en el transcurso de los años, como ocurrió con los campesinos copreros, murieron años después a consecuencia de las heridas y la falta de atención médica adecuada.
En este caso, el máximo castigo consistió en orillar a Figueroa a renunciar al cargo y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el gobernador y varios funcionarios de ese periodo eran responsables de violaciones graves contra la población, el gobierno mexicano no abrió un proceso en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 1997, recalcó que el gobierno mexicano no había ejercido las acciones penales correspondientes contra los responsables intelectuales de esos asesinatos, que sólo había procesado a funcionarios menores.
Dos años después, en 1998, ocurrió la masacre de El Charco, un ataque del Ejército contra indígenas y campesinos en el municipio de Ayutla, región de la Costa Chica, en donde fueron asesinados 11 campesinos, 15 torturados y 30 detenidos. Otro crimen que continúa sin castigo. El gobernador de entonces era Ángel Aguirre Rivero, quien sustituyó a Figueroa Alcocer al renunciar por la masacre de Aguas Blancas.
En 2018, los sobrevivientes llevaron el caso a la CIDH, quien lo admitió al cierre del año para evaluar la responsabilidad del Estado mexicano.
La CIDH tiene pendiente emitir un informe de fondo que los sobrevivientes y las organizaciones acompañantes, de acuerdo con lo anunciado, llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que emita una sentencia condenatoria obligatoria contra México.
La zaga continúa con la desaparición y asesinatos de los normalistas, en septiembre del 2014, con un episodio previo contra los estudiantes de la misma institución, el 12 de diciembre del 2011, en un ataque en el que murieron Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En ambos ataques el gobernador era Aguirre.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante un acto público años después de haber dejado el cargo por la desaparición de los 43. Foto: Oscar Guerrero /Archivo Amapola.Poder Judicial sin autoridad moral mientras se desconozca el paradero de los 43
Tres abogados guerrerenses dieron su opinión sobre lo que simboliza en las leyes y en la política la detención de un exgobernador por violaciones a los derechos humanos.
El abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Pedro Rodríguez Villalobos, consideró que la detención de Aguirre es un signo positivo en el tema de justicia porque hay una lista de gobernantes impunes en la política mexicana.
Opinó que el Estado mexicano dejó impune el asesinato y desaparición de más de 600 personas durante la guerra sucia, también los asesinatos de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y de El Charco, en 1997.
Rodríguez Villalobos consideró que la detención de Aguirre es importante también procesalmente porque la acusación de obstrucción a la justicia, por la desaparición de pruebas, abre la posibilidad de que sean llamados nuevamente o, por primera vez, a rendir declaraciones todos los involucrados, entre ellos funcionarios de alto rango, y eso deja la siguiente lectura: las leyes también se aplican para quienes forman parte del círculo dorado.
El abogado Valentín Sandoval Montiel dijo que procesar a la mayor figura política en el momento de la desaparición de los normalistas es muy importante en el país, porque apunta a la garantía de la no repetición, para evitar la participación futura de gobernantes en la desaparición de sus propios ciudadanos, principalmente a los que representan el futuro del país: los estudiantes.
Sin embargo, anotó, que aunque la noticia de la detención impactó fuerte en los sectores del país, procesalmente el juicio puede ser improcedente porque se está juzgando a una persona que, en el periodo de referencia, gozaba de fuero constitucional. En su opinión, ese punto podría ser una buena defensa del acusado.
Finalmente, el jurista Rubén Cayetano García, impulsor de la reforma judicial mexicana, aseguró que mientras no se sepa dónde están los normalistas y los motivos de la desaparición, no habrá autoridad moral para procurar e impartir justicia en México, por eso consideró de una gran relevancia la detención de Aguirre bajo la figura de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas.
Cayetano García indicó que el juicio contra Aguirre es una garantía de que no habrá impunidad para quienes sean responsables.
Estudiantes de Ayotzinapa durante una de las protestas en estos 12 años de exigencia de justicia. Foto: Archivo Amapola.Del círculo dorado a la máxima seguridad
El 6 de agosto pasado, con su detención, Aguirre transitó del círculo dorado a una cárcel de máxima seguridad.
El círculo dorado, también conocido como criminalidad dorada, se refiere al conjunto de delitos y conductas antisociales cometidos por personas con un estatus socioeconómico o político muy alto que actúan con impunidad gracias a su poder. Así lo llama la sociología jurídica.
Aguirre forma parte de ese círculo dorado, aunque con raíces acotadas, sin demasiado arraigo y peso en las estructuras de poder estatal, como el que representa el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo de otro gobernante Rubén Figueroa Figueroa, heredero de una casta política como el general revolucionario Francisco Figueroa Mata, dos veces gobernador de la entidad.
La detención de Aguirre sí implica agrietar la impunidad de la élite política, pero por el eslabón más débil.
El Patrón de la noche de Iguala, estampa de la criminalidad dorada
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación que emitió en noviembre del 2018 como resultado de su investigación sobre la desaparición de los 43, pidió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) establecer quién era El Patrón, dado que era el responsable de la toma decisiones que se tradujeron en ataques, agresiones letales y en la desaparición de 43, tres asesinados y nueve estudiantes lesionados, además de otros ataques a la población que generaron la muerte de otras tres personas.
La criminalidad dorada se materializa en la figura de El Patrón de la noche de Iguala quien permanece difuso a pesar de la petición de la CNDH para ponerle nombre y apellido al individuo poderoso que operaba desde Huitzuco de los Figueroa, de acuerdo con el estudio de las llamadas a celulares que entraron y salieron de diferentes actores que operaron durante la desaparición de los normalistas.
El organismo estableció que el perfil de El Patrón correspondía a “un sujeto con alta capacidad de organización y de dirección para las actividades ilícitas, con control de la información, agudeza para emitir órdenes precisas y simultáneas, con un poder corruptor capaz de apoderarse del control y mando de diversas corporaciones, con poder para destruir y ocultar evidencias que lo incriminen y contactos que le garanticen impunidad y se oculte su identidad”, es decir, era el líder criminal en la entidad cuyo poder rebasaba las fronteras de Guerrero.
Advirtió que en aras de mantener oculta la identidad de El Patrón, la PGR desviaba el curso de sus investigaciones a objetivos de bajo perfil, intentando atribuir a jefes delincuenciales menores la responsabilidad de los hechos de Iguala.
A 12 años de la desaparición, El Patrón se mantiene invisible, aunque es público que la persona con esa capacidad intelectual y operativa originaria de Huitzuco es el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Allanar la impunidad de la élite política mexicana implica que los investigadores actuales establezcan esta relación tan evidente y a la vez tan difusa.
12 años después de la noche de Iguala en que desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la pregunta es la misma, ¿qué pasó con ellos? ilustración: Art.M.
