Ninguno de los actores involucrados puede explicar el fondo de las diferencias recientes a balas entre Nuevo Amanecer y Xochitempa, con San Jerónimo Palantla, todas comunidades de Chilapa
Texto: Margena de la O
Foto: Redes
Chilpancingo
Domingo 26 de mayo del 2024
El conflicto de los pueblos nahuas de la Montaña baja de Guerrero, que parecía estar en tregua por el proceso electoral 2024, volvió a brotar, al grado de que San Jerónimo Palantla, Chilapa, de 567 habitantes, según el último censo poblacional oficial, fue reportado como un pueblo desplazado y el riesgo de que un conflicto armado escale es inminente.
Desde 2014, en estos pueblos nahuas de la región, las policías comunitarias son el principal esquema de seguridad ante la falta de seguridad oficial; sus habitantes comenzaron a sumarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF), de acuerdo con lo que está documentado en la prensa. La adhesión fue un referente de resistencia regional ante los grupos criminales.
Con el tiempo se involucraron más organizaciones en los esquemas de autoprotección, aun cuando sus funciones originales no son de seguridad comunitaria.
Es por esa razón que el problema en estos momentos más allá de las comunidades, se centra entre miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el Frente de Defensa Popular (FDP) en Guerrero y el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, estos dos últimos liderados por Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor. Los dos bloques de organizaciones tienen presencia en los pueblos ahora confrontados en Montaña baja.
Las dos primeras organizaciones tienen presencia en varios pueblos, como Nuevo Amanecer y Xochitempa, y los dos frentes en San Jerónimo Palantla. Los líderes de estas agrupaciones son quienes dan las versiones públicas del conflicto que pega directo en los pobladores y se culpan mutuamente de provocar los hechos violentos que les afectan.
La razón de la confrontación no queda clara.
Lo que se sabe de manera pública es que el miércoles ingresaron personas armadas a San Jerónimo Palantla, que después hubo enfrentamiento a balazos con un saldo de casas y vehículos quemados, una persona herida y después el pueblo quedó deshabitado.
La versión de un lado y del otro sobre el motivo que hay detrás de la confrontación entre los pueblos apunta al mismo lugar, que los grupos armados, que se presentan como sistemas de seguridad comunitaria, tienen una vinculación con grupos criminales. El mapa del gobierno estatal sobre los grupos criminales arroja que en toda la Montaña baja tienen presencia Los Ardillos, quienes hace algunos años habrían expulsado a Los Rojos.
El líder del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, aceptó que ingresaron a San Jerónimo Palantla, pero expone que hubo una serie de acciones de acoso contra las comunidades que ahora representa.
Al momento de que se le planteó cuál es el motivo detrás del conflicto, contestó: “Ellos hangenerado el conflicto, ya que detienen a Zenén Nava (quien fue líder de Los Rojos), ahora trabajan para Los Ardillos, comen con Los Ardillos, conviven con Los Ardillos. Cada vez queLos Ardillos nos atacan ellos salen defendiendo a Los Ardillos”.
Aspectos de lo que ocurrió en San Jerónimo Palantla. Imágenes proporcionadas por Cipog-EZ.En una conferencia de prensa este viernes pasado en Chilpancingo, el coordinador del FDP en zona Centro, Rodolfo Colorado Ahuixteco, al dar la versión de la organización de los hechos, expuso que la CRAC-PCPF y Cipog-EZ buscan con sus acciones “el control de la comunidad (San Jerónimo Palantla). Lo que pasa es que es el paso del trasiego de drogas, el cultivo de enervantes, porque la comunidad tiene agua, entonces, lo que pelean es el agua para sembrar enervantes”.
Dijo que San Jerónimo Palantla se ha negado porque existe una acta de acuerdo desde 1990 firmada por 24 comunidades de la región, incluidos ellos, de que ninguna comunidad podría sembrar enervantes. “Desgraciadamente estos grupos de la CRAC y la Cipog han agarrado personas que se dedican a la delincuencia: a robos en carreteras, a robos en casa-habitación, a robos de ganado. Son la gente que tienen para delinquir”.
También señaló que existe una relación de sus adversarios con grupos criminales.
Aspectos de lo que ocurrió en San Jerónimo Palantla. Imágenes proporcionadas por Cipog-EZ.Ahora, ambos bandos se acusan de pertenecer a las mismas agrupaciones y de buscar intereses para un mismo propósito, pero ninguno de ellos ha presentado pruebas más que sus dichos, pero los habitantes en los pueblos siguen peleándose y matandose entre ellos. Aquí hay más detalles del conflicto que tampoco es nuevo.
La inacción del gobierno estatal
Los pueblos nahuas de la Montaña baja están confrontados y los líderes de las organizaciones que los representan dirimen parte de sus diferencias de manera pública y mediática, pero hay una coincidencia entre ambos bloques: advirtieron al gobierno estatal que los problemas entre las comunidades escalarían por lo que pidieron que asignaran elementos oficiales de seguridad en los límites de Nuevo Amanecer y Xochitempa con San Jerónimo Palantla.
El lunes 20 pasado, durante un recorrido con fines reporteriles por la carretera que comunica a Chilapa con Hueycantenango se supo que los enfrentamientos a balazos entre los pueblos donde tiene presencia la Cipog-EZ y San Jerónimo Palantla llevaban días, pero que no eran públicos, particularmente, porque el gobierno del estado no lo difundía, pero sabían lo que pasaba porque una comitiva de servidores públicos ya los había visitado.
En la imagen, habitantes de San Jerónimo Palantla en una estancia de la cabecera de Chilapa, donde están alojadas después de su desplazamiento de la comunidad. Foto: Fue tomada de video que circula en redes.Desde hace varios años que los ataques y hechos violentos se incrementaron en Montaña baja, incluida Chilapa, la principal cabecera de la zona, de donde han salido desplazados la mayoría de los periodistas, es complicado saber qué ocurre en la región y mucho más visitar las comunidades.
“El gobierno del estado ha permitido que ese conflicto interno persista y no darle solución.
Para nosotros al no poner la Guardia Nacional, cuando se le planteó el último convenio que se realizó en Alcozacán (otra comunidad de Chilapa), nunca cumplieron, permitieron que nos siguieran atacando hasta que tomamos la decisión de tomar el control de San Jerónimo; hoy ponen la Guarda Nacional, pero acosta de que todavía sigue habiendo muertos”, dice en entrevista Plácido Galindo, el líder de la Cipog-EZ.
Del FDP el señalamiento es el mismo, porque Colorado Ahuixteco expuso algo parecido. “El día de ayer (jueves 23 de mayo) dejó sola a la comunidad, no envió la seguridad. La seguridad llegó a Alcozacán y con la justificación de que los habían detenido en la comunidad”, dijo al quejarse del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el encargado de la administración estatal de atender el conflicto, según se lee en las redes oficiales de la Secretaría General de Gobierno.
El líder de la Cipog-EZ tiene una lectura más amplia cuando expone que “el Estado ha permitido que comunidades se confronten para que sigan hostigando a las organizaciones sociales, al sistema comunitario, cuando nuestro propósito es seguir avanzando y seguir desplazando a
grupos paramilitares Los Ardillos y Los Rojos; que logramos ya desplazar Los Rojos y ahorita tenemos una resistencia contra Los Ardillos. El Estado ha permitido todo esto”.
En el país se vive un proceso electoral por el relevo presidencial y de senadores, y en el caso de Guerrero por la renovación de las alcaldías, el Congreso local y la elección de los diputados federales, y coincidentemente la región que lleva años catalogada como insegura, lleva meses en una aparente calma, lo que resulta extraño.
En los dos procesos electorales pasados, el del 2018 y 2021, la Montaña baja fue la región que más casos sumó a las listas de agresiones y asesinatos contra actores políticos en el estado.
Guerrero ocupó en ambos procesos los primeros sitios de violencia por el elevado número de incidencias.
