Texto: Marlén Castro
Fotografía: Salvador Cisneros
26 de agosto del 2019
Aunque es fundamental para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014, la Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría, no ha investigado algunas de las probables rutas que pudieron emplear quienes se los llevaron.
Hasta ahora, las exploraciones y búsquedas que ha hecho la FGR son “limitadas”, con herramienta inadecuada, con negativas a usar tecnología de punta y con retrasos deliberados, así se desprende de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el informe final de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En el transcurso de la investigación, una persona que aportó testimonio de que había visto a unos jóvenes privados de su libertad en una comunidad de la sierra, que según su dicho pudieran ser normalistas (que aparece en la carpeta de investigación como J.C.H.G) fue desaparecida. Y fue asesinado quien recogió un testimonio de una segunda persona que dio información de que a los estudiantes los tenían en un templo abandonado en Huitzuco.
Los informes indican que las investigaciones para la localización de los 43 normalistas son deficientes, en consecuencia, a cuatro años y once meses de la desaparición, no se sabe nada de su paradero.
Las 10 rutas
Desde su primer reporte, en abril del 2016, la CNDH señaló que en los hechos de Iguala había una ruta de desaparición de los normalistas adicional a la que sostenía la PGR (ahora FGR), la que dio lugar a la llamada “versión histórica” y que establecía que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
Para la CNDH, de 15 a 20 estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 los llevaron a Huitzuco, no a Cocula, después de que los interceptaron en el puente El Chipote y los subieron a patrullas de esa demarcación territorial.
Otras rutas probables fueron aportadas por investigaciones periodísticas.
Una de ellas es la que planteó la posibilidad de que a los estudiantes los llevaron a Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
La agencia internacional de noticias EFE difundió esta versión basada en la declaración de Manuel Zepeda, habitante del poblado, quien aseguró que en Carrizalillo (donde existe una de las minas de oro más grandes del país y es bastión del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes controlaban Iguala) la noche del 27 de septiembre notaron movimientos de entre 40 y 50 hombres armados en el pueblo, hecho que relacionaron con lo que había ocurrido un día antes en Iguala, a unos 40 minutos del pueblo.
La autoridad federal recabó las declaraciones del comisario municipal Nelson Figueroa Peña, el 5 de noviembre del 2015, y de Álvaro López García, el 4 de noviembre del 2015.
El comisario indicó que los habitantes comentaron que la noche del 27 de septiembre llegaron a la población unas seis urvans del transporte público de la ruta Iguala-Mezcala, que entraron a la casa del señor Onofre, en donde vieron que sacaron de las combis varios cadáveres y las colocaron en camionetas, que tomaron picos y palas y cada unidad se fue por rutas distintas.
La entonces PGR señaló en su informe que el 21 de octubre del 2014 se llevaron a cabo acciones de búsqueda de los normalistas en Carrizalillo y que los padres de familia de los estudiantes realizaron, por su parte, acciones de búsqueda en San Miguel Vista Hermosa, una comunidad que también pertenece al ejido de Carrizalillo.
La CNDH apunta sobre esta ruta que la Procuraduría no profundizó en la investigación y que las acciones de búsqueda que se llevaron a cabo fueron “mínimas”, por lo que recomendó ahondar más en esta línea para obtener elementos que permitan agotar esta línea o descartarla.
Otra ruta sobre el destino de los estudiantes fue aportada por el periódico La Jornada –aunque en realidad lo mencionaron varios medios luego del ingreso de varios reporteros a la comunidad La Gavia– de que un grupo de estudiantes fue llevado a esta comunidad de San Miguel Totolapan, centro de operaciones del grupo conocido como Los Tequileros.
De acuerdo a la versión de este periódico, integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan detuvieron a un miembro de Los Tequileros a quien apodaban en esos rumbos el matanormalistas, quien reveló que llevaron a La Gavia a unos 20 estudiantes, a quienes asesinaron y enterraron en las faldas aledañas al poblado.
Los integrantes de esa autodefensa consideraron que lo dicho por Los Tequileros tenía sentido porque en varias mantas desplegadas en la ciudad de Iguala, con posterioridad al 26 y 27 de septiembre de 2014, se dice que los normalistas desaparecidos fueron entregados a Vicente Popoca. De acuerdo con lo que se señala en el artículo periodístico, Vicente Popoca, a quien llaman “Chente Popoca”, es integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y es la persona que reclutó a los integrantes de la banda de Raybel Jacobo, uno de los líderes de Los Tequileros.
La CNDH refiere que con anterioridad a esa información periodística planteó a la entonces PGR: “Desarrollar una investigación integral de las personas que se mencionan en las “narcomantas” colocadas en Iguala y Huitzuco, para confirmar o descartar su vinculación con los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Dice el organismo que la dependencia le hizo llegar información con respecto a esta propuesta pero nada sobre Vicente Popoca que permita confirmar o descartar su posible vinculación con la organización criminal y, consecuentemente, con la desaparición de los normalistas. En este lugar la FGR no ha realizado ninguna búsqueda de los estudiantes, aunque la CNDH lo recomendó.
Una cuarta ruta también fue aportada por una investigación periodística, ésta de una reportera del periódico El Universal, cuya información fue retomada por un columnista. Esta otra línea considera como posible destino de los normalistas las comunidades Apetlanca, Tianquizolco y Chilacachapa, del municipio de Cuetzala del Progreso, en la zona Norte del estado.
Lo anterior porque la noche del 26 de septiembre los varones de estas comunidades fueron convocados a bajar a Iguala a defender la ciudad de Los Rojos. Los comisarios de estas comunidades las que son señaladas de tener vínculos con Los Guerreros Unidos trasladaron a gente en varias camionetas y al otro día cuando retornaron también ingresó a Tianquizolco un volteo, resguardado por hombres armados. Se cree que en este volteo totalmente cubierto irían algunos jóvenes normalistas.
En este lugar, en enero y marzo del 2016, la FGR, la Marina y el GIEI buscaron indicios en el punto conocido como Resumidero, sin que encontraran evidencias.
Los datos que la CNDH aporta sobre esta ruta es que Tianquizolco tendría que ocupar un lugar prioritario en las investigaciones de la FGR, por la versión de que a este lugar trasladaron a un grupo de normalistas desaparecidos.
De este lugar sería un hombre apodado El Pelón, quien es mencionado por varios testigos. Uno de ellos declaró: “…Si se quiere saber algo respecto de los chavos de la Normal, que se le pregunte a ‘El Pelón’ de Tianquizolco, quien por cierto la PGR no lo ha detenido”.
La CNDH pidió establecer la identidad de esta persona y detenerla, pero la ahora Fiscalía no ha atendido este punto de la recomendación.
Los cadáveres de los normalistas podrían encontrarse en una barranca en Chichihualco señaló el portal digital Animal Político, a raíz de una investigación de particulares para dar con el paradero de José Luis Hernández Gaspar, originario de Xochipala, desaparecido el 14 de noviembre del 2014.
Juan Carlos Hernández Gaspar realizó sus propias investigaciones y encontró el cadáver de José Luis, su hermano, entre otros 30 cuerpos ya en descomposición, en la zona conocida como Curva de la Virgen, municipio de Chichihualco, en las cercanías de la capital de Guerrero.
Juan Carlos reportó este hallazgo Fiscalía General del Estado (FGE) para llevarse el cuerpo de su hermano. La FGE tomó entonces su declaración y se enteró de las pesquisas que Juan Carlos había hecho por su cuenta.
Juan Carlos contó que llegó a comunidades de la sierra como Filo de Caballos, Corralitos, La Cruz de Ocote y El Carrizal en las que tenían a personas encadenadas. Dijo que en El Carrizal vio a unos 17 jóvenes y que éstos pudieran ser algunos de los normalistas desaparecidos en Iguala. También mencionó sus sospechas de que algunos de los cadáveres en la barranca de la Curva de la Virgen podrían ser normalistas.
La FGE se presentó a la Curva de la Virgen el día del reporte que hizo Juan Carlos pero no resguardó el lugar. Al día siguiente, había un incendio, la mayoría de los cuerpos ya no estaban, incluido el del hermano de Juan Carlos.
Juan Carlos, quien es el testigo de las siglas J.C.H.G en la carpeta de investigación sobre los 43 normalistas, fue desaparecido. Dicen sus familiares que lo citaron en la FGR, en la Ciudad de México, a ampliar su declaración. De regresó se perdió.
La CNDH pidió a la PGR investigar en todas estas comunidades pero tampoco lo ha hecho.
Una sexta ruta, también surgida por una cobertura periodística, indica que los estudiantes estaban privados de su libertad en una iglesia abandonada en Huitzuco, versión que habría relatado una mujer a Miguel Angel Jiménez Blanco, uno de los líderes de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero (UPOEG), quienes participaron en la búsqueda de los estudiantes. 17 de los 43 desaparecidos eran hijos de integrantes de esta organización.
El 7 de noviembre del 2014, miembros de la UPOEG buscaron a los estudiantes en el interior de un templo abandonado, acompañados de elementos de la Gendarmería Nacional y de reporteros, sin encontrar indicios de los normalistas.
La CNDH destaca que en esta búsqueda no participó el Ministerio Público Federal ni personal que contara con material para la recolección de indicios físicos, químicos o biológicos de personas desaparecidas.
La CNDH pidió una nueva búsqueda en ese templo que permita descartar o confirmar el sitio como posible destino de los estudiantes desaparecidos.
Para la CNDH esta versión tiene sentido debido a que la misma instancia plantea que los estudiantes sustraídos del autobús 1531 fueron llevados a Huitzuco.
Jiménez Blanco fue asesinado el 8 de agosto del 2015 a bordo de su taxi en la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
El GIEI solicitó a la PGR considerar como línea de investigación del asesinato la participación de Jiménez Blanco en la búsqueda de los 43, pero la instancia no ha hecho diligencias sobre el caso.
La séptima ruta que marca la CNDH lleva a los municipios de la sierra de Guerrero, a Apango, en la zona Centro, y a una tercera versión de que están autosecuestrados.
La CNDH destaca que la PGR le informó de acciones en el municipio de Olinalá, cuando el organismo mencionó la zona de la Sierra y Olinalá está en la región Montaña.
El organismo pidió ahondar la búsqueda en municipios como Heliodoro Castillo, cuya cabecera se enclava en Tlacotepec. La FGR buscó indicios en una bodega en Apango, en la zona Centro, en donde no encontró nada. La CNDH dice que los elementos sólo entraron a una bodega en la que se reportó habían visto jóvenes esos días de los hechos de Iguala pero que no se tomó el tiempo para platicar con gente del lugar.
Sobre la posible ubicación de los estudiantes en fosas clandestinas de Cerro Pueblo Viejo y La Parota, municipio de Iguala, donde se llevaron a cabo búsquedas, se descarta porque aunque encontraron restos de personas éstos no correspondieron con los perfiles de los familiares de los normalistas.
También circuló la versión de que a los normalistas los trasladaron, asesinaron y enterraron en un rancho que tiene Guerreros Unidos, por la declaración de un detenido ligado a ese grupo criminal.
La CNDH pidió ubicar el rancho para utilizar ahí la tecnología LIDAR, misma que ya se utilizó en los sitios La Parota y Tijeristas, de los municipios de Iguala, y en La Carnicería, Centro Ecoturístico y la Cascada del Cuervo, del municipio de Cocula.
La CNDH menciona como décima posible ruta el rancho Los Naranjos de Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, integrante de Guerreros Unidos, que se ubica rumbo a Taxco. Este destino se desprende de la declaración del integrante de Guerreros Unidos conocido como El Gil, quien declaró que llevaron a un grupo de estudiantes a ese lugar.
La CNDH no da crédito a esta versión de El Gil, porque la célula de Guerreros Unidos encabezada por él es, a decir de la propia investigación de la FGR, la que lleva a cabo la acción en el basurero de Cocula.
Pero el mismo organismo da cuenta que se aplicó una diligencia de inspección y búsqueda en el rancho El Naranjo con un geo-radar, lo que a su juicio es una herramienta equivocada. La declaración del Gil expone que el dueño del lugar cocinaba a sus víctimas, entonces el geo-radar no funciona para esos casos, sólo es útil para restos inhumados. Entonces la PGR debe realizar una nueva diligencia con herramientas y técnicas adecuadas.
Exploraciones y búsquedas lentas y con retraso
En total, desde que el GIEI formó parte de la investigación para dar con los normalistas, acompañó 25 exploraciones y 9 búsquedas, de acuerdo con su segundo informe publicado en abril del 2016.
Las exploraciones corresponden a los lugares denominados La Carnicería en el municipio de Cocula, llevada a cabo en noviembre del 2015; la casa de Gildardo López Astudillo, ubicada en la localidad de Pueblo Viejo del municipio de Iguala, 17 de noviembre de 2015; lugares también aledaños a la casa de Gildardo López Astudillo, del 25 al 27 de diciembre de 2015; el sumidero de Huerta Vieja en la localidad de Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso, el 11 de enero de 2016 y 19 exploraciones en los municipios de Iguala y Cocula, el 9 y 10 de marzo del 2016.
El Grupo de Expertos al hacer un balance de las búsquedas acusó que no se hicieron en la cantidad y la celeridad que se necesitaba.
Dijo que las búsquedas eran deficientes porque la FGR no hacía uso de la tecnología disponible conocida como LIDAR (Light Detection and Ranging) un dispositivo laser que permite ubicar las perturbaciones en las superficies. Esta tecnología permitiría ubicar desde una exploración por aire si hubo remoción reciente de tierra para una inhumación masiva.
El GIEI se quejó de la negativa de la FGR para utilizar esta tecnología y ubicar cambios en el suelo en los municipios de Iguala y Cocula, la que finalmente utilizó, pero con mucho retraso, según el último informe de la CIDH, en noviembre del 2018.
Lamentó que la PGR no haya investigado el posible uso de hornos de cremación de compañías privadas en el municipio de Iguala, para determinar una eventual vinculación con los hechos y evaluar el posible destino de los normalistas desaparecidos.
Que a dos años no se contara con un mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños y que como resultado en ninguna de las exploraciones y búsquedas se ha encontrado a los 43 normalistas, ni vivos, ni muertos.
En noviembre del 2018, la CIDH rindió el informe final sobre la participación del GIEI, en el que destacó que luego de varios meses de trámites administrativos finalmente el Estado mexicano logró implementar el levantamiento topográfico y fotogramétrico con tecnología LIDAR en una superficie de 5,727.6 hectáreas (aproximadamente 60 km2), al noroeste del municipio de Iguala, esto en mayo del 2017, dos años y ocho meses después de la desaparición de los estudiantes.
