Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oficial
24 de junio del 2021
Chilpancingo
Han pasado 13 días desde que se suscitó un enfrentamiento armado entre integrantes de grupos criminales y pobladores del ejido Guajes de Ayala, perteneciente al municipio Coyuca de Catalán, y la presencia de efectivos del Ejército ha frenado la violencia en la zona, pero los habitantes temen que en cualquier momento se retiren los militares y los vuelvan a atacar.
Las amenazas de muerte contra los ejidatarios, según sus denuncias, continúan y eso los tiene siempre al filo del temor.
En este ejido, como lo denunciaron los ejidatarios, hay un problema en relación a la explotación de madera en la región, pactada entre autoridades gubernamentales y criminales, pero los habitantes se organizaron para impedir el saqueo de sus bosques.
El útimo enfrentamiento duró cinco días, del 7 al 11 de junio. Hombres armados, que los habitantes del ejido identifican como integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, los atacaron, pero los hombres del ejido ya estaban atrincheraron en los bosques para repeler la agresión.
Cuando eso ocurría, las mujeres, niñas y niños se resguardaron en el centro de salud de la localidad de El Pescado. Hasta el cuarto día de enfrentamientos llegaron a la zona elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para resguardar la zona. Al siguiente día, o sea en realidad el quinto día de balaceras, los integrantes del supuesto grupo criminal atacaron a los efectivos, y se presume que dos de efectivos quedaron heridos.
Ese quinto día acudió a la zona el secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, quien llevó 100 despensas para 450 habitantes, de acuerdo al secretario del comisario ejidal, Javier Hernández Peñaloza.
En consulta telefónica, Hernández Peñaloza insistió que la violencia está contendida por el resguardo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero teme que pase lo mismo que el 4 de junio, que al retirarse los enfrentamientos se activen.
Insistió que es necesario que establezcan una base militar en la región, porque sólo así disminuiría la violencia y podrían llegarles los programas federales como el de Sembrando Vida; los servidores públicos podrían subir a la zona sin el temor de un ataque.
Junto con los pobladores y autoridades del ejido, el secretario del Comisariado Ejidal está presionando a las autoridades para que sea una realidad la base militar en esa parte de la Sierra. Les preocupa, dijo, que a los pobladores siguen llegándoles amenazas por medio de radios.
El martes pasado, el comisario Jesús Domínguez Díaz recibió amenazas por medio de su radio portátil. Los criminales les advirtieron que llegarían otra vez al ejido, porque ya se habían enterado que se relajó la seguridad en la zona.
Sobre el programa Sembrando Vida, personal de la Secretaría del Bienestar insiste a los pobladores hacer llegar documentación, pero, dijo Hernández Peñaloza que están en espera de que todo este procedimiento sea acompañado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El 10 de junio estaba prevista la llegada de funcionarios del gobierno federal al ejido, para hacer el trámite de Sembrando Vida, pero no pudieron llegar por los enfrentamientos.
Javier Hernández confía que en la siguiente semana los visiten los servidores públicos, porque la alimentación también en cualquier momento se les puede escasear.
Hizo un llamado espcial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que no los deje solos: “nosotros ya tenemos documentación en mano, desde hace dos meses, donde la CNDH intervino, hizo un exhorto al gobierno mexicano para que tome cartas en el asunto, referente a nosotros y referente al ejido de San Miguel Totolapan, Ciénega de Puerto Alegre, que tienen el mismo problema que nosotros”.
Pero también denunció que los defensores de la CNDH están cayendo en una omisión, porque el 25 de febrero, cuando sucedieron los primeros enfrentamientos en la zona, no evitaron que el Ejército se retiara.
